Cada año, por esta época, se vencen las declaraciones de renta de las personas jurídicas del país y explotan las quejas de contadores y contribuyentes por las intermitencias y contingencias de los sistemas de la Dian, que colapsan bajo la cantidad de s.
Estas contingencias no se solucionan simplemente ampliando la capacidad de los servidores de la entidad. Se trata de un problema más estructural. El corazón de los procesos de la Dian, el sistema Muisca, prácticamente no ha cambiado desde 2006, como le explicó al diario Portafolio un exsubdirector de la entidad. Diseñado para atender a 200.000 contribuyentes, hoy atiende a más de 700.000. Se trata de una tecnología que data de hace casi 20 años. Dos décadas de obsolescencia digital, en pleno siglo XXI, es un rezago tecnológico inaceptable.
Desde 2018 existe un plan financiado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para actualizar estos sistemas. Pero el proceso se suspendió en 2022, bajo la istración de Luis Carlos Reyes, tras un avance de tan solo el 17 %.
Tales retrasos son inisibles. No porque la istración tributaria en sí sea más importante que otras responsabilidades del Estado, como la salud, la educación o la seguridad, sino porque de ella depende que esas otras tareas se puedan ejecutar a cabalidad. A diferencia de otras inversiones públicas, cuyos retornos fiscales no siempre están garantizados, esta se paga sola, ya que cualquier peso invertido en la Dian se multiplica gracias al incremento en el recaudo. Sin necesidad, es importante subrayarlo, de nuevas y dolorosas reformas tributarias.
Modernizar los sistemas de la Dian quizá sea una política pública menos popular que la construcción de infraestructura o el otorgamiento de subsidios a la población vulnerable, pero su impacto, en el largo plazo, puede ser fundamental. Es perentorio, por tanto, acelerar la transformación de la entidad. De ella depende el resto del gasto público.