Exministro José Manuel Restrepo asegura que el decreto 0572 de 2025 es ‘una reforma tributaria encubierta’

El Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, ha sido calificado por el exministro José Manuel Restrepo y distintos sectores económicos como una reforma tributaria encubierta que adelanta ingresos fiscales del año 2026 al 2025.

La medida ha generado preocupación por su impacto sobre la liquidez de las empresas, el empleo y la sostenibilidad fiscal del país.

El 28 de mayo de 2025, el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 0572, mediante el cual se modifican los porcentajes de autorretención en la fuente y se ajustan las bases de retención para diversos sectores productivos. El objetivo del Gobierno es incrementar el recaudo del impuesto de renta de manera anticipada, trasladando parte del ingreso fiscal proyectado para 2026 al año actual, 2025.

El decreto argumenta que el incremento de las autorretenciones y retenciones en la fuente permitirá “facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta”. Sin embargo, no está asociado a una reforma tributaria aprobada por el Congreso, sino que se implementa por vía istrativa.

Las tarifas fijadas en el decreto varían según la actividad económica. Por ejemplo, para el sector de energía y minería, la autorretención se eleva al 4,5%; para la construcción, al 3,5%; y en otros sectores, como comercio y servicios, entre el 2,5% y 3,5%. También se reducen los topes de retención en la compra de productos agrícolas, pecuarios y metales como el oro.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo expresó su preocupación por el impacto económico y fiscal del Decreto 0572. En sus declaraciones, calificó la norma como una “reforma tributaria encubierta” que busca adelantar recursos del año fiscal 2026 al 2025 a costa del flujo de caja de las empresas.

“Es una reforma tributaria encubierta que adelanta ingresos del 2026 al 2025. Exprime la liquidez de las empresas, las obliga a endeudarse y pone en riesgo el empleo”, señaló Restrepo. “Jinetean el dinero del 2026 y endeudan al micro y pequeño empresario hoy”, añadió.

En el video, Restrepo argumenta que el Gobierno estaría gastando hoy recursos fiscales que corresponden al próximo periodo fiscal, lo cual representa una carga para la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo. Según su análisis, el país enfrentará en 2026 un hueco fiscal significativo producto de este anticipo de ingresos.

“El 2025 se convierte en el año del derroche de ingresos futuros y 2026 nacerá con un hueco gigante en las finanzas públicas”, afirmó. “Es una irresponsabilidad fiscal”, concluyó.

La emisión del decreto ha generado una oleada de críticas desde gremios, empresarios y expertos económicos. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) advirtió que la medida impone cargas adicionales a las compañías sin una reforma estructural que la respalde.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, sostuvo que el decreto anticipa el cobro de impuestos que aún no han sido causados y genera un efecto de presión sobre el capital de trabajo de las empresas. “Las empresas estarán pagando impuestos de 2026 en 2025. Eso afecta directamente su flujo de caja, su capacidad de operación y la contratación de empleo”, expresó.

Desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), su presidente José Ignacio López cuestionó la legalidad y pertinencia económica del decreto. Según él, las retenciones anticipadas deben estar acompañadas de un incremento real de impuestos vía reforma tributaria, y no por decreto istrativo.

Uno de los principales efectos que se proyecta por la aplicación del Decreto 0572 es la contracción de la capacidad de inversión de las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan una disminución en su liquidez al tener que adelantar mayores pagos al fisco.

Según analistas tributarios, el decreto puede inducir a que muchas compañías recurran a endeudamiento para cumplir con las nuevas obligaciones tributarias, lo cual implicaría un aumento del costo financiero en un entorno ya desafiante por altas tasas de interés. Este escenario podría derivar en congelamiento de contrataciones o despidos.

Para el sector de la microempresa, que opera con márgenes estrechos, la medida podría significar una reducción significativa de su capital de trabajo. El efecto acumulativo de los nuevos niveles de autorretención, sumado a otras cargas como aumentos salariales o mayores recargos por jornada nocturna (de acuerdo con la reforma laboral en curso), impactaría la viabilidad operativa de muchas de estas empresas.