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Opinión

Operación Casita

Cinco millones de dólares para evitar un desangre legal y financiero de Ecopetrol en Estados Unidos.

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Derroche, despilfarro y locura: cinco millones de dólares para evaluar los riesgos colaterales para Ecopetrol de la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de la empresa más importante de Colombia. Veinte mil millones de pesos para que una firma de abogados en Manhattan indague los efectos sobre la Comisión de Valores de Estados Unidos y la Bolsa de Nueva York. Cinco veces más que lo presupuestado inicialmente para medir el impacto de los líos jurídicos de Roa sobre la reputación de Ecopetrol en Estados Unidos.
Hazaña que le tomará varios meses al bufete de abogados Covington and Burling LLP, especializado en halconería financiera, abuso de confianza, casos de cuello blanco, delitos de corrupción económica y demandas corporativas de gran calado. Litigantes expertos en el país vecino, donde se hicieron billonarios llevando casos como el de Exxon Mobil y Gruma contra el Gobierno venezolano por expropiación de activos. En Estados Unidos han triunfado ante la Corte Suprema defendiendo a multinacionales como Procter and Gamble y farmacéuticas como La Roche. Y al otro lado del Atlántico también hicieron fama representando a la compañía nacional de gas de Ucrania en una demanda contra Rusia.
Hoy se ‘platanizan’ nuevamente con Ecopetrol, divido por el cambio del dólar y por los líos domésticos de Ricardo Roa. Cuestionado y salpicado en líos jurídicos como la investigación del CNE por la financiación de la campaña electoral de hace cuatro años, los enredos contractuales de su pareja sentimental, las investigaciones de la Fiscalía por un gangazo en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, el pago de ese negocio a una firma afincada en paraíso fiscal y propietaria de un petrolero venezolano interesado en campos criollos donde ya operan Ecopetrol con sus filiales.
Uno tras otro, negocio tras negocio, cuentas tras cuentas y contabilidad tras contabilidad. Rastros de dinero que siguen como perros sabuesos los abogados de la firma Convington and Burling, con gafas de águila para detectar los movimientos que puedan estarse dando internamente en el seno de la temible SEC (Securities and Exchange Commision), el Departamento de Justicia, la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro) y cuya misión principal es velar por el cumplimento de leyes de los Estados Unidos, en particular la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Supermanes de la justicia económica y financiera que han investigado y sancionado en el pasado a una docena de empresas latinoamericanas listadas en la Bolsa de Nueva York: Petrobras, Braskem, Odebrecht, Embraer, Cemex, Lan Chile y otras varias que tuvieron que pagar millonadas para conciliar y cerrar sus casos ante la justicia norteamericana por violaciones del Foreign Corrupt Practices Act (FPCA).
Precio que tendría que pagar Ecopetrol —infinitamente superior a los 5 millones de dólares del contrato con los abogados de Covington and Burling LLP— si las indagaciones en contra de su presidente Ricardo Roa llegan a escalar hasta ese nivel y generarle posibles sanciones por violar la FA. Golpe que generaría un escándalo de gran magnitud y derrumbaría, todavía más, el precio de sus títulos en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde ya han perdido la mitad de su valor desde que Gustavo Petro llegó al poder.
PAOLA OCHOA
En X: @PaolaOchoaAmay 

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