Cámara aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones: se viene la conciliación

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en octavo y último debate la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que buscar aumentar los recursos que la Nación les transfiere a los departamentos.

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Si bien se viene la conciliación, tanto el texto aprobado en el Senado como en la Cámara establece que esa cifra pasará, de manera gradual, 23,8 a 39,5 por ciento. Además, se condiciona la entrada en funcionamiento de la reforma constitucional más importante de la última década a expedición de una ley de competencias, que debe dejar claros cuáles son las funciones del nivel central que pasan a las regiones. 

“Tenemos una deuda histórica con departamentos y municipios. En la Constitución del 91 fuimos generosos en materia de descentralización. Partimos del principio de que ese modelo centralista era un verdadero fracaso. Siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para de esa manera corregir una desigualdad que existe en los territorios”, aseveró el representante liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto. 

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La iniciativa, además, tuvo el respaldo de los gobernadores. Varios de ellos asistieron al debate en la Cámara este lunes y pidieron a esa corporación aprobarlo.

"Esto marcará un antes y un después en nuestra Nación. Durante décadas, los municipios y los departamentos han sido relegados a un segundo plano porque no tienen los recursos. La centralización de los recursos y del poder ha generado profundas desigualdades en las regiones (...) Es necesario destacar que este proyecto no va a quebrar a Colombia. Hay que darle a paso a las entidades territoriales y para ello es necesario disminuir el tamaño del gobierno central", señaló Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. 

"Aquí quienes dicen que qué se hará con la plata que les pasen a las regiones deberían preguntarse primero de donde salen los recursos para pagar el PAE qué era una competencia del Instituto Colombianos de Bienestar Familiar (...). Ojalá hubiese sido o sea más el porcentaje, pero este proyecto sin duda va a ayudarnos a cumplir una promesa", dijo, por su parte, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos. 

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Pero también hay voces en contra, como la de la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien presentó una ponencia negativa que fue derrotada: "El presupuesto para el próximo año será de 523 billones de pesos y ¿saben en cuánto va a ser inflexible? En un 91 por ciento. Y nos echan el cuento de que van a generar una ley de competencias. ¿Saben cuales son las competencias que le van a terminar transfiriendo a los territorios? Que terminen pagando la deuda externa, pensiones, defensa y seguridad, eso es lo que van a transferir, porque sino se necesitarían 9 reformas tributarias".

En la misma línea de Miranda han opinado respetadas voces de la academia, gremios y exministros. 

"No conviene darles más recursos de los que necesitan y pueden manejar, podríamos estar fomentando la corrupción y podríamos estar fomentando el mal uso de recursos con excesos de generosidad", afirmó, por ejemplo, el exministro Rudolf Hommes en la convención liberal a comienzos de noviembre e insistió en que "van a poner al Estado en peligro".

REDACCIÓN POLÍTICA