Los 20 días cruciales para el futuro de la reforma laboral y de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro

El martes, mientras el ministro Armando Benedetti lanzaba lo que muchos expertos calificaron como un ‘globo jurídico’ –dijo que el presidente Gustavo Petro podría convocar la consulta popular por decreto porque supuestamente el ‘no’ del Senado a esa iniciativa tenía un error de trámite– la Comisión IV de esa corporación estaba aprobando por abrumadora mayoría la reforma laboral, que ahora entra a instancias definitivas en el Congreso de la República.

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El avance de la iniciativa, a la que ahora paradójicamente se opone el Pacto Histórico, es uno de los hechos políticos de la semana. El otro fue la escasa participación ciudadana en la ‘huelga general’ convocada por los sindicatos y apoyada por el presidente Petro para el miércoles 28 y el jueves 29 y con la que se pretendía presionar al Senado para que se aprobara la consulta. Ninguno de los dos es definitivo: a la reforma le queda aún un duro trecho en menos de tres semanas –incluida una eventual conciliación entre Senado y Cámara– antes de que se convierta finalmente en una ley. Y el mal resultado de la estrategia de la calle de esta semana no marca, ni mucho menos, que el Ejecutivo haya perdido su margen de utilizar esa vía para meterles presión a las otras ramas del poder y para tratar de imponer la consulta popular.

Pero los dos hechos, sin duda, forzaron al Ejecutivo a rehacer sus cálculos y a tratar de actualizar una estrategia política que incluye insistir en su consulta popular a través de todas las formas de lucha, incluidos el llamado a la calle y el rebusque de teorías jurídicas, pero que ahora pasa por tratar de montarse en el bus de la reforma por si esta termina con éxito su tránsito en el Congreso.

Hoy, el Gobierno y sus fuerzas se enfrentan a la paradoja de que la oposición y los independientes terminen capitalizando políticamente la virtual aprobación de la reforma. Atravesarse abiertamente en su camino les significaría al Ejecutivo y a sus fuerzas en el Congreso reforzar la tesis de que buscan la consulta solo por fines electorales de cara al 2026. Lo cual, en todo caso, no significa que hayan resignado sus intenciones de adelantar la campaña utilizando el llamado al pueblo.

“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1.º de junio, el gobierno de Gustavo Petro convocará la consulta popular. La Ley 5.ª de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego, entonces, el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, aseveró el ministro Benedetti, quien esta vez no mencionó la palabra “fraude”, primer argumento que usó el oficialismo desde ese 14 de mayo cuando se negó la consulta. La tesis es, cuando menos, debatible porque no solo desconoce la decisión del Senado, sino porque niega que, en todo caso, antes de cualquier decreto debe mediar una demanda ante el Poder Judicial, concretamente, ante el Consejo de Estado.

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El presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda, anunció demandas si el Gobierno se atreve a emitir dicho decreto y envió una alerta porque significaría un golpe a la democracia y a la separación de poderes. “Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes al ignorar una determinación del Poder Legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la Rama Judicial. No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales”, dijo.

El expresidente César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, también envió un contundente mensaje y dijo que se estaría gestando una violación a la Constitución Política de 1991.

“El funcionario del Ejecutivo que pretenda suplantar de hecho a los jueces constitucionales declarando viciado el concepto emitido por el Senado estará cometiendo el delito de usurpación de funciones públicas, entre otros. Convocar la consulta por decreto sería incurrir en el delito de prevaricato, además del desconocimiento del principio de separación de poderes”, aseveró el exmandatario.

Y es que la posición de Benedetti, que tuvo el guiño del presidente Petro en X, fue rechazada por varios expertos, quienes coinciden en que el Ejecutivo no es quien determina si en el Legislativo se cometió un vicio de procedimiento. Es la justicia la que determina si eso efectivamente sucedió, tal y como lo establece la Constitución. “No le corresponde decidir sobre los trámites que se surtieron en el Senado para justificar sus decisiones. Esa es una tarea de otras autoridades, no del Presidente ni de sus ministros”, señaló el exconsejero de Estado Carlos Zambrano, quien insistió en que la convocatoria vía decreto sería totalmente inválida en este caso. “Una leguleyada desesperada. Un prevaricato claro si desconocen la decisión del Congreso”, opinó el analista Gabriel Cifuentes.

Paralelo a esto, el Gobierno volvió a presentar la nueva consulta popular. Se subsanó el error de haber presentado en un primer momento el nuevo mecanismo –que mantiene las 12 preguntas iniciales relacionadas con temas laborales, más cuatro de salud– con la firma de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, como el presidente encargado. El nuevo documento sí lleva la firma del jefe de Estado. Se está a la espera de que se programe su discusión y posterior votación.

De la mano de la senadora Angélica Lozano, clave en la resurrección de la reforma laboral el mismo día que se negó la consulta, la Comisión IV del Senado aprobó la reforma laboral en su tercer debate. Hubo un amplio consenso, aunque el Pacto Histórico se apartó.

Ahora, se espera que el jueves comience el trámite de la ponencia para el cuarto debate. La clave será lograr un consenso en el grueso del articulado y dejar los puntos más sensibles para que a voto limpio sea la plenaria la que decida. El tema más sensible será el recargo nocturno desde las 7 p. m. para todos los sectores, o excluyendo a las pequeñas empresas. Conservadores, Centro Democrático, Cambio Radical y otras fuerzas insisten en que este no aplique para las pequeñas empresas y que estas mantengan la norma actual, que lo establece desde las 9 p. m. Ese resultado será por una diferencia de pocos votos.

Pero el resto del proyecto tiene el respaldo de las mayorías, por lo que es muy probable que en un par de días de debate se pueda aprobar. El Senado, al hundir la consulta popular, quedó empeñado en sacar adelante una reforma laboral. La discusión podría ser entre el lunes 9 de junio y el miércoles 11. Bajo ese panorama, la reforma queda con el tiempo preciso para su conciliación con el texto de Cámara, aunque todo indica que si se mantiene la esencia de lo aprobado en la Comisión IV, el Gobierno le daría la bendición a la conciliación.

“Por ahora hemos neutralizado la ‘peluqueada’ total a la reforma laboral en la Comisión IV del Senado. Ganamos asuntos sustanciales como la jornada laboral hasta las 7 p. m., los recargos nocturnos, dominicales y festivos sin restricciones; pero quedan batallas importantes en la plenaria del Senado y la conciliación, como el contrato laboral de los aprendices del Sena y similares, o la prohibición de la intermediación y precarización laboral a través del perverso contrato sindical. A no bajar la guardia. El seguro de vida de las reformas sigue siendo la consulta popular”, dijo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Y Benedetti, quien cada día en su cuenta de X publica el avance de la reforma, destacó que se aprobó una buena cantidad de artículos de la esencia de la propuesta oficial. Además, abrió la puerta a no hacer la consulta si la reforma es aprobada: “Corren los días. Empieza a agotarse el tiempo camino al 20 de junio, día en que termina esta legislatura. Nuestra reforma laboral vive días importantes. Estamos a la espera de que el proyecto sea remitido a la plenaria del Senado para su discusión”.

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El calendario está en contra de la reforma, ya que si no está aprobada y conciliada el 20 de junio, se hundirá por falta de trámite. Pero el Senado está jugado por el proyecto, aunque hay serias alertas de lo que pueda suceder en la Cámara con la conciliación.

Pero, al contrario del discurso de Sanguino y Benedetti, el petrismo más radical no quedó satisfecho con lo que se aprobó, en consenso, en la Comisión IV. “Ministros Benedetti y Sanguino, no se equivoquen: para negar el carácter laboral del contrato de aprendizaje, la Comisión IV terminó quitándoles la ARL a los aprendices en etapa lectiva. Que se equivoquen en materia tan grave ellos, no nosotros”, dijo el senador Wilson Arias, quien cuestionó al ministro del Interior por haber abierto la puerta a no hacer la consulta.

“No se dejen engañar. ¿Quién dijo que lo que importaba era pasar una reforma a las patadas y sin ponerle atención al contenido?”, dijo la representante María Fernanda Carrascal. Su posición da cuenta de los riesgos que se abren en la etapa de conciliación con la Cámara.

Eso lo tiene claro la senadora Lozano, quien advierte que se llegó al momento en el que se verá si realmente el Gobierno y sus congresistas querían una reforma que mejore la situación de los trabajadores o solamente usar la plata de la reforma para hacer campaña política. “El Senado es bastante autónomo, como lo ha mostrado con mayorías o con diferencias apretadas, muy estrechas, en algunos puntos polémicos. Pero en la plenaria del Senado habrá aportes de todos los senadores y ahí la interferencia del Gobierno puede ser menor o relativa. Es en la Cámara, en la conciliación, donde se va a ver si sí quiere una reforma real o prefiere hundirla. Han dicho muchas mentiras”, dijo Lozano, hoy blanco del Pacto Histórico

Si la reforma pasa, se anticipa un escenario en el que el Gobierno podría perder incluso muchos de los 47 votos que obtuvo cuando se votó la consulta popular en Senado, especialmente en ‘la U’ y en el liberalismo. “Muchos compañeros nuestros que la apoyaron votarían de forma negativa porque no tiene sentido convocarla cuando el Congreso le ha cumplido al país y saca adelante una iniciativa que reivindica los derechos laborales”, advirtió el senador Juan Felipe Lemos, de ‘la U’, quien es el coordinador ponente del proyecto, e insistió en que a todos les toca ceder en el trámite de la reforma laboral y evitar ir a una consulta que le costaría al país $ 700.000 millones.

Fue el propio presidente Petro quien hizo el llamado a una huelga general, que prendió las alarmas de diversos sectores y que este miércoles y jueves tuvo su primera convocatoria de la mano de las centrales obreras e impulsada por el propio mandatario.

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Sin embargo, el llamado paro nacional de esta semana no tuvo mayor acogida, si bien miles de personas terminaron afectadas por los bloqueos a los sistemas de transporte, especialmente en Bogotá. Pero esa estrategia ya acusa desgaste, tanto así que la propia ciudadanía evitó bloqueos en varios puntos de la capital y se enfrentó a los encapuchados.

“Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no se opondrá y los apoya. Y si me tumban por ello, estalla la revolución en Colombia”, dijo el presidente Petro hace dos semanas. Este miércoles, sin embargo, sugirió que el Gobierno no había convocado a las calles.

Con el desgaste de tres años de un gobierno con pocos logros que mostrar, la estrategia del petrismo vuelve a concentrarse en agitar las calles señalando a “la oligarquía” y a los otros poderes de la responsabilidad en los grandes problemas del país.

Pero no necesariamente la fórmula que funcionó en 2022 sigue vigente, sobre todo porque Petro ha tenido tres años para mostrar resultados desde su condición de Presidente de la República. “La lógica de la movilización social y de los estallidos sociales es, y ha sido, espontánea. La baja convocatoria del paro es porque las condiciones para una movilización de tal magnitud no están dadas”, dijo el analista político Alejandro Chala.

En la misma línea opinó Fernando Posada, analista y columnista de EL TIEMPO: “Con las protestas de hoy ocurre lo mismo que con los llamados cabildos y asambleas por la consulta popular: el Gobierno los convoca –claramente conformados por afines al petrismo– y luego argumenta que ‘el pueblo’ ha hablado. No hay nada de espontáneo ahí”.

En su columna en EL TIEMPO, Pedro Medellín señaló otro ‘pecado’ de las movilizaciones: el uso de plata oficial para moverlas. “No importa que la reforma laboral no resuelva los problemas de informalidad del 53 % de los trabajadores. Lo que importa es que la movilización beneficia al contratante y los contratistas. El 1.º de mayo no es en homenaje a los trabajadores ni a la defensa de sus derechos. Es la fiesta de las clientelas y la vitrina que le permite a cada uno mostrar cuánto puede cobrar por el ‘pie de fuerza’ que puede movilizar en las calles. Es lo que el jefe necesita. Así desenvaine la espada de Bolívar”.

Por todo esto, el llamado que se hace desde diversos sectores es a rodear las instituciones colombianas y a que, más allá de las presiones, actúen con independencia. “Nuestro país tiene tres cortes que están en el deber de actuar para evitar que ello suceda. Hago un llamamiento para que actúen para defender la Constitución”, aseguró Gaviria.

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Si el Gobierno sigue con sus planes de sacar la reforma vía decreto, podría emitir ese documento en los próximos días, lo que implicaría una batalla jurídica, y según ex altos consejeros de Estado, este estaría condenado a ser anulado por esa alta corte. Los próximos 20 días serán cruciales. Se espera, entonces, que el 20 de junio ya haya una definición del futuro de la reforma laboral, e incluso se podría votar la segunda consulta popular, que hoy no tendría todos los apoyos.

Lo que suceda con esos dos resultados marcará el ritmo de la agenda política durante los próximos meses, en medio de una intensa campaña electoral que cada vez se siente más, y poco a poco el país político, empezando por el propio Gobierno Nacional, se meterá de lleno a una de las contiendas más intensas, y a la vez polarizada, de la historia reciente de Colombia.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política