Un delito sofisticado

En Colombia, los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra han sido foco de múltiples disputas, que no pocas veces derivan en violencia. Las invasiones, el desplazamiento forzado, los 'corrimientos de cerca' son prácticas criminales frecuentes en el mundo rural, amparadas por la ausencia del Estado en los territorios. En épocas recientes, sin embargo, este fenómeno comienza a aparecer también en zonas urbanas, donde no cabe la excusa de la falta de presencia estatal.

Una región donde se ha presentado un incremento en este tipo de delitos es el Atlántico, en particular el área metropolitana de Barranquilla. Allí se reportan numerosos casos de predios de alta valorización que atraen a bandas delincuenciales especializadas en un arsenal de artimañas para robarlos a sus legítimos dueños.

El modus operandi es sofisticado. En primer lugar, realizan una invasión física, seguida, en cuestión de horas, de la construcción de obras o edificaciones improvisadas, con el fin de aparentar la posesión sobre el bien inmueble o terreno. Simultáneamente, hacen registros notariales con testigos falsos que afirman que el invasor es el verdadero propietario o poseedor del bien.

Un tercer componente de la estrategia, como lo advierte el abogado barranquillero Alfonso Camerano, puede llegar a ser la complicidad de peritos, notarios, jueces, de la Rama Judicial, agentes e inspectores de policía y, en algunos casos, empleados de las oficinas de registro de instrumentos públicos o del Igac. Claro, no se puede generalizar. Pero hay funcionarios venales que, por una tajada del negocio, se prestan para alterar fallos y documentos. El eslabón final son cuadrillas de abogados corruptos que se prestan para estructurar el expolio.

Cuando el dueño del predio invadido se da cuenta de la trampa criminal puede ser demasiado tarde. El delito está tan adelantado que expulsar a los usurpadores por la vía policial –la más expedita– resulta complejo o, peor, contrario a la ley, ya que los delincuentes conocen las normas al dedillo y se apoyan en ellas para lograr su cometido. En esos casos, el conflicto deriva en un proceso en la justicia ordinaria que puede tardar años en resolverse, no necesariamente a favor del titular.

Es tan jugoso el negocio que incluso cuenta con financiadores: terceros que, cual inversionistas, sufragan los 'costos de operación' del delito. Y el flagelo no se limita al departamento del Atlántico. Ya se han reportado casos en Bolívar y otras partes del país.

Esta modalidad delictiva, además de un atropello a las víctimas, es un freno al desarrollo: un país que no defiende la propiedad legalmente obtenida no ofrece garantías para invertir en su economía. Para colmo, las invasiones suelen ir acompañadas de altas dosis de violencia, que van desde la amenaza hasta el asesinato.

Se necesita una decidida actuación de la Justicia y en general del Estado. En especial cuando se detecten maniobras de funcionarios regionales que deben ser intervenidas y asumidas desde el nivel central para garantizar la transparencia. Las autoridades, tanto locales como nacionales, deben asumir con la mayor seriedad la lucha contra esta hábil y grave forma de crimen que no tardará en generalizarse si no se le pone freno.