Ayer, el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) llegaron a un acuerdo que llevaría al levantamiento del paro de cultivadores de este cereal. Los productores de este alimento básico de la dieta nacional protagonizaron por más de una semana protestas y bloqueos en departamentos como Huila, Tolima, Sucre, Arauca, Casanare, Meta, los Santanderes, Cesar, La Guajira y Córdoba. El descontento de los manifestantes giró en torno a los bajos precios de venta por tonelada del arroz, ante unos elevados costos de producción.
De acuerdo con los arroceros, las pérdidas ante esta caída de los precios de venta están entre 1,5 y 2 millones de pesos por hectárea. Por esa razón pedían la intervención del Gobierno Nacional para subir el precio mínimo de la carga a 220.000 pesos, alivios a las deudas, subsidios al almacenamiento, protección frente a los tratados de libre comercio (TLC) por importaciones desleales, investigación a la industria molinera y ajustes a la tasa de uso de agua y al precio de la semilla certificada, entre otras peticiones. A los reclamos de este sector agrícola se sumó el llamado de 22 gobernadores de los departamentos productores que enviaron una carta a la Presidencia de la República.
La istración Petro y Fedearroz acordaron la conformación de una bolsa de unos 22.000 millones de pesos para atender a los pequeños y medianos productores. De ahí se destinarían unos 8,7 mil millones de pesos para apoyos a la comercialización por hasta 72,9 mil toneladas. Estas son medidas directas que ayudan a mitigar esa situación económica apremiante de los cultivadores.
El levantamiento de bloqueos es una buena noticia. Ahora se debe trabajar en conjunto por unas medidas hacia futuro.
Lo primero que se debe condenar es el empleo de mecanismos de protesta violenta como los bloqueos de carreteras que interrumpen el flujo de mercancías a las regiones, generan multimillonarias pérdidas económicas y de transporte, impactan y alteran el funcionamiento de otros sectores productivos. Sin desconocer la importancia del arroz en la seguridad alimentaria de los colombianos y su peso en la actividad agropecuaria, el cierre de vías no es el camino.
Segundo, el Gobierno ha destinado esos recursos en materia de alivios, ayudas e incentivos, aceptados por los arroceros, y que atienden la urgencia financiera del momento. Queda espacio para que la discusión con el sector continúe en términos de otras peticiones como las tarifas del uso de agua, precios de las semillas certificadas, entre otras.
En tercer lugar, no sobra recordar que no es por vía de subsidios que el sector arrocero resolverá sus desafíos económicos y productivos de forma sostenible y permanente. El levantamiento de los bloqueos es una noticia bienvenida, pero el momento debe aprovecharse para trabajar en conjunto por unas medidas hacia el futuro. Esta situación crítica constituye una oportunidad para construir con todos los actores de la cadena del arroz un plan a fondo, liderado por el Gobierno, que atienda de forma estructural el ordenamiento de la producción, el mejoramiento de las condiciones financieras de los productores medianos y pequeños y la búsqueda de salidas vía exportación.