Ni los muertos ni los deudos consiguen descansar en paz en los cementerios a cargo de la Unidad istrativa de Servicios Públicos (Uaesp) de Bogotá. La empresa que desde 2021 quedó a cargo de ellos (Centro, Norte, Sur y Serafín) afronta todo tipo de problemas y ha sido objeto de millonarias multas por incumplimientos. La última de ellas asciende a 1.600 millones de pesos y una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años.
Sin embargo, la opción del operador –Jardines de Luz y Paz– fue más bien olímpica: suspender todo tipo de servicios, incluyendo los más esenciales: las inhumaciones y exhumaciones. El hecho tomó por sorpresa a la Uaesp, pese a que hacía algunos meses se había presentado un caso similar: el abandono de las actividades por parte del operador, inconforme porque también había sido multado.
Los líos con Jardines de Luz y Paz comenzaron pocas semanas después de haber sido adjudicado el contrato. La falta de transparencia con la fiducia, el manejo irregular de recursos, las disputas entre socios de la empresa y el incumplimiento de las obligaciones pactadas, además de recusaciones contra la directora de la Uaesp, generaron una tormenta que hoy mantiene en vilo la operación de los cuatro cementerios a cargo de la ciudad.
El asunto es delicado por donde se mire. A los cementerios públicos acuden las personas que no logran pagar un servicio privado, muchas de ellas reciben subsidios para tal fin. Y, aunque la Uaesp asegura que no hay crisis, los operadores afirman que solo el pasado fin de semana se dejaron de atender 100 solicitudes.
La solución, sin duda, pasa por la cesión del contrato para que la ciudad inicie un nuevo proceso de adjudicación. Pero eso tardará meses. Lo que corresponde, entonces, es que los actuales operadores tengan un gesto de responsabilidad con los s y garanticen el servicio hasta que se decida otra cosa. Y que la Uaesp reasuma el control de estos espacios y no se deje sorprender nuevamente.