La autonomía de la JEP

Extrañeza, por decir lo menos, ha causado la reciente carta del presidente Gustavo Petro al secretario general de las Naciones Unidas en la que, al tiempo que reitera el compromiso del Estado colombiano con el cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc, hace afirmaciones que han sido interpretadas como un cuestionamiento a las decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Dice el Presidente en su misiva que su gobierno se encargará de hacer cumplir, “sin dubitación alguna, las normas que la crearon para garantizar la justicia en los términos consignados en el Documento Oficial del Consejo de Seguridad” de la ONU. “Propiciaré sin escatimar esfuerzo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla su gran cometido: la paz como derecho síntesis”, agrega.

El alcance real de esas afirmaciones no ha sido suficientemente aclarado. Pero lo que sugieren, como lo alertó el presidente de la JEP, Roberto Vidal, es que el Ejecutivo pretende arrogarse el derecho de validar las decisiones de una corte que, en un Estado de derecho como el colombiano, es totalmente autónoma e independiente.

“La JEP reclama y garantiza el ejercicio autónomo de su labor, y en ese sentido no nos resulta en manera alguna isible recibir órdenes, sugerencias, o indicaciones respecto del rumbo que deban tener las decisiones de la Jurisdicción”, dijo el magistrado Vidal en entrevista con este diario.

La carta del Presidente debe leerse, además, en el contexto de destempladas descalificaciones públicas realizadas por el ministro Álvaro Leyva sobre la JEP, tribunal que según él “se estaría descarrilando”.

No es, para nada, un escenario conveniente para el país el de un Poder Ejecutivo que pretenda imponerse sobre cualquier autoridad judicial. Las decisiones judiciales pueden no compartirse, pero se deben respetar. Lo demás le hace daño a la institucionalidad colombiana. Sin dubitación alguna, en esta materia lo único que puede y deben hacer esta y cualquier istración es brindar plenas garantías para el libre ejercicio de la labor de los operadores judiciales.

Deseable también sería que el canciller Leyva se abstuviera de señalamientos que no le sirven a la institucionalidad.

Empeñado en lograr que la JEP valide a exjefes paramilitares que no cumplieron sus compromisos en Justicia y Paz y que de su mano han reaparecido en la escena nacional con polémicas versiones en contra de varios exfuncionarios y exservidores públicos, el ministro ha venido elevando su tono frente a la Jurisdicción de Paz, que avanza con cautela y con rigor procesal en la evaluación de esas solicitudes de beneficios.

Se trata de una situación que no solo excede las funciones del jefe del Ministerio de Exteriores, sino que podría enviar el mensaje, seguro equívoco, de que altos funcionarios del Gobierno buscarían usar la justicia transicional para saldar contradicciones políticas de antaño.

Como ocurrió en el caso del fiscal Barbosa, es importante que las cabezas de la justicia colombiana le recuerden una vez más al Ejecutivo la importancia de mantener, incluso en el terreno de las declaraciones públicas, el respeto a la independencia de poderes.

EDITORIAL