Insistencia electoral

El ambiente político se sigue deteriorando. La reciente cadena de acontecimientos políticos, marcada por el discurso del presidente Gustavo Petro en el cabildo abierto de Barranquilla y la presentación de una nueva consulta popular, plantea serias inquietudes sobre el uso de mecanismos constitucionales con fines proselitistas. Aunque se trata de herramientas legítimas previstas en la carta política, su utilización exige transparencia, motivaciones claras y respeto por los principios democráticos. Hoy, nada de eso parece garantizado.

El país ha visto cómo, tras el rechazo del Senado a su consulta popular sobre temas laborales, el Ejecutivo intensificó su estrategia de movilización. Eso pese a que los senadores también revivieron el trámite de la reforma que busca solucionar los mismos temas que se tocarían en la consulta. Dicho camino es el más adecuado de acuerdo con la institucionalidad y se sustenta sobre la oportunidad legítima de buscar el consenso. Pero el Presidente persiste en tomar otra ruta. Convocó a cabildos abiertos en distintas regiones del país y encabezó uno en Barranquilla esta semana. Desde esa tarima, el mandatario volvió a usar un tono de confrontación directa contra el Legislativo. No ahorró expresiones tajantes y salidas de tono.

La nueva propuesta de consulta presentada por el Gobierno incluye 16 preguntas, pues agregó cuatro nuevas, enfocadas en el sistema de salud. Estas buscan que el Estado pueda producir medicamentos, eliminar la intermediación financiera de las EPS, fortalecer la atención primaria y establecer un régimen laboral para el personal del sector. Muchos de los temas ya están incluidos en normas o decretos que están por desarrollar. Pero hoy la discusión no pasa tanto por el contenido del proyecto y su viabilidad jurídica, sino por las preguntas sobre lo que pretende el Ejecutivo con su insistencia en las consultas.

Da pistas, y son inquietantes, el que el Presidente haya afirmado que quienes se oponen a su propuesta “no quieren que los colombianos sean personas con libertad de decisión”. Se infiere de estas intervenciones que, para el mandatario, no comulgar con su proyecto es motivo suficiente para una peligrosa ciudadanía de segunda categoría. Así comienzan los momentos más riesgosos para un país con antecedentes de intolerancia: dividiendo, polarizando y deslegitimando al otro.

Pero hay más. En su discurso, el mandatario también dijo: “Nos quieren callar, pero el pueblo no se calla”, y agregó que “esta lucha no es solo contra el Congreso, es contra quienes han dominado este país durante siglos”. Este tipo de retórica construye una narrativa de persecución que victimiza al Gobierno, aunque este ostenta un poder político muy considerable. Esa contradicción, que presenta al Ejecutivo como una fuerza marginada, cuando en realidad maneja presupuesto, designa altos cargos, controla entidades y convoca multitudes, es peligrosa para el equilibrio institucional. 

Y esta estrategia discursiva –la del líder perseguido que convoca al pueblo a las calles porque las instituciones lo bloquean– puede ser eficaz para cautivar masas, pero erosiona profundamente los contrapesos democráticos y mina la concordia ciudadana. Con todo, lo más preocupante es que este relato se despliega mientras, de forma paralela, se suceden, uno tras otro, escándalos de gestión que dan señales angustiantes de cómo del Gobierno han cruzado innumerables líneas rojas que pretenden debilitar el Estado de derecho.

Casos de malos manejos presupuestales, desfalcos en contratos públicos, presunta injerencia indebida en organismos como la Superintendencia de Salud o el Minjusticia y crecientes dudas sobre la transparencia en la ejecución de los recursos públicos se acumulan semana tras semana. Esta coexistencia de una narrativa de “persecución” con una realidad de graves alertas éticas y istrativas debería prender todas las alarmas.

Cabe cuestionarse entonces si está acaso el Gobierno utilizando estos mecanismos de participación para empoderar a la ciudadanía o para consolidar una plataforma política con miras al próximo ciclo electoral. O, para ser claros, si se trata de consultas populares o de precampañas revestidas de legitimidad constitucional. ¿Busca el Ejecutivo el bienestar de los trabajadores y los s del sistema de salud o posicionar consignas y consolidar hegemonía política en un país cada vez más dividido?

Es imperativo que el Presidente de la República y su equipo aclaren sus verdaderas intenciones y se comprometan de forma inequívoca con las reglas del juego democrático. Lo contrario significaría que los instrumentos de la democracia creados para empoderar a la gente están siendo usados para minar la pluralidad y erosionar el sistema de frenos y contrapesos. Que se gobierne con la Constitución en la mano, sí; pero no para convertirla en herramienta de agitación electoral en beneficio de un proyecto partidista. Porque lo que está en juego no es un articulado, sino la salud de la democracia.