En mal momento

Hace pocos días este diario reveló que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha enviado tres requerimientos especiales aduaneros (REA) al grupo Ecopetrol para conminar el pago del IVA del 19 por ciento a la gasolina importada entre 2022 y 2024. El monto que tendría que desembolsar el principal conglomerado del país sería de 9,4 billones de pesos: 6,1 billones a Ecopetrol, un billón para la refinería de Cartagena y 2,3 billones en intereses.

No es menor el impacto que esta deuda de impuestos generaría no solo en la situación financiera de la petrolera estatal, sino también en su capacidad de sostener operaciones. Para la USO, sindicato de la compañía, “estos cobros representan para Ecopetrol asumir una reforma tributaria individual, comprometen su estabilidad financiera y ponen en riesgo de quiebra a la empresa más importante de los colombianos”. De ampliarse este criterio de la autoridad impositiva al AM, el pago ascendería a 22 billones de pesos.

Lo cierto es que la magnitud de este cobro billonario golpearía su normal operación, empujaría a un endeudamiento a costos elevados y llega en un pésimo momento. Cuando, por diversos motivos, la primera empresa del país no es la que fue, ni mucho menos. Esta semana Ecopetrol publicó sus resultados para el primer trimestre de este 2025: las utilidades cayeron un 22,1 por ciento, no obstante leves recuperaciones en los ingresos (0,2 por ciento) y la producción de crudo (0,6 por ciento). El grupo empresarial completa así nueve trimestres consecutivos de caída en sus ganancias.

Que estos requerimientos de la Dian estén detrás de esos recursos de Ecopetrol en momentos de una grave crisis fiscal del Gobierno Nacional también han despertado preocupantes suspicacias. Las dificultades de caja de la istración Petro no son un secreto –el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) habla de “niveles críticos”–, y la emisión de TES de corto plazo por 7,7 billones de pesos para el pago a Ecopetrol del saldo del Fondo de Estabilización de los Precios a Combustibles llaman la atención de los analistas.

Un informe del Banco de Bogotá lo califica así: “Prácticamente la Nación trasladó sus problemas de caja a Ecopetrol”. Todo lo anterior refuerza esa idea de que el Gobierno Nacional estaría usando los recursos de la petrolera estatal para estabilizar sus propias cuentas fiscales con miras al gasto creciente por la campaña electoral adelantada. Por más que se piense que esto es “pasar dinero del Estado de un bolsillo a otro”, impactar la sostenibilidad financiera de Ecopetrol se traslada a las operaciones y es un camino irresponsable a seguir.

La empresa anunció en una información relevante de la Superintendencia Financiera que difiere de la interpretación de la Dian y que el pago del IVA no afecta el derecho de Ecopetrol de “controvertir jurídicamente en la oportunidad adecuada” estos requerimientos. Lo más conveniente para el futuro de la principal empresa del país es que se produzca una solución sensata, en el marco de los mecanismos legales existentes, para evitar que su sostenibilidad financiera quede comprometida de forma grave y profunda, en medio de una coyuntura que deja más preguntas que certezas.

EDITORIAL