De polo a tierra ha servido la noticia sobre el peligroso avance que registra la carretera ilegal que se construye entre La Macarena (Meta) y Cachicamo (Guaviare). Polo a tierra pues en los últimos meses las noticias relacionadas con la deforestación venían siendo alentadoras. Comenzando por la merma del 29,1 por ciento entre 2021 y 2022.
Esta carretera que atraviesa una zona de un valor ambiental incalculable, y que bordea el parque de Chiribiquete, patrimonio cultural y natural de la humanidad, debe inhabilitarse cuanto antes; existe ya un llamado de la Procuraduría en ese sentido. Son más de 170 las hectáreas que han sido deforestadas por acción de las motosierras que han podido llegar a zonas otrora inaccesibles a lo largo de su trazado. La alerta que lanzó hace un año la Sociedad Zoológica de Frankfurt fue recogida por el Ministerio de Ambiente, pero todavía no se ven acciones: apenas están en fase de planeación. Es claro que este gobierno tiene un acento en la protección de las reservas forestales y que la puesta en marcha de las nuevas políticas, que incluyen un fondo con recursos por más de un billón de pesos, tarda, pero aquí lo importante no puede desplazar a lo urgente. Hay que actuar ya, pues el daño que se causa a diario con incendios a un territorio con presencia de incontables especies endémicas –muchas todavía desconocidas– es incalculable.
En la zona hay una fuerte presencia del ‘Estado Mayor Central’, las disidencias de las Farc. En particular, el frente Jorge Briceño. Si bien son bienvenidos acuerdos parciales que permitan que la tendencia de las cifras de la deforestación continúe a la baja, de aquí no pueden surgir chantajes. Dicho de otro modo, el Gobierno está obligado, como ya dijimos, a actuar en el terreno con sentido de urgencia e independientemente de lo que pueda ocurrir en los acercamientos que tienen lugar con este grupo armado.
EDITORIAL