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Ocho partidos políticos rechazan intención de Gustavo Petro de decretar consulta popular y saltarse al Congreso

Los movimientos políticos le piden al registrador que evalúe la "legalidad y legitimidad" de dicho acto.

El presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

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Fernando Umaña Mejía

PERIODISTA04.06.2025 02:00 Actualizado: 04.06.2025 08:21

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El presidente Gustavo Petro anunció este martes, 3 de junio, durante una alocución presidencial, que convocará por decreto la consulta popular que el Congreso archivó el pasado 14 de mayo. La intención del mandatario se da a pesar de que la reforma laboral está a un debate de ser aprobada, y de que el Gobierno ya radicó una segunda consulta con preguntas adicionales sobre el sistema de salud.

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“Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, afirmó el mandatario.

La decisión del Jefe de Estado ha generado una cascada de reacciones desde diferentes sectores. Ocho partidos políticos emitieron un comunicado en el cual rechazaron la intención del Presidente.

El presidente Petro anuncio que convocará la consulta por decreto. Foto:Presidencia

Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI afirman que se trata de un “golpe de estado” y le piden al registrador nacional "verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión respecto de la consulta popular".

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Este es el comunicado de los ocho partidos

Los ocho partidos mencionados titularon el comunicado así: "La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado", y el siguiente es el texto del mismo:

Los partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI rechazamos esta acción unilateral e inconstitucional por parte del Gobierno Petro.

Instamos a las instituciones competentes. la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución.

En caso de que se expida un decreto convocando una consulta popular, confiamos en que el señor Registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral. El Registrador Nacional debe verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión respecto de la consulta popular.

El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho. El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada.

Adicionalmente, la decisión del Gobierno constituye una violación a lo ya dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó una demanda contra el archivo de la Consulta en el Senado, al considerar que dicha determinación se configuró como un 'acto definitivo' del Congreso. Con ello la Rama Judicial demuestra que en efecto el Senado decidió de manera legitima y en el marco de su autonomía.

Hoy los partidos políticos que acompañamos el presente comunicado reiteramos nuestro respaldo y respeto incondicional a las Cortes y demás ramas del poder público para que actúen con independencia y determinación frente a esta imposición unilateral que excede las funciones y competencias constitucionales del Gobierno. Igualmente, hacemos un llamado a la ciudadanía para rodear a las instituciones y proteger nuestra Constitución.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave daño institucional que este gobierno está causando. No podemos quedarnos callados, ni mucho que se instrumentalice las legítimas causas sociales para fines contrarios al orden constitucional. El Congreso ha demostrado que hay voluntad de debatir, a pesar de las presiones y ataques mediáticos, mediante las herramientas legitimas de la deliberación pública y de cara al país, dando las garantías a todas las voces y colores políticos para proponer y someter sus propuestas a la votación representativa que es el fundamento de nuestra democracia.

Es hora de actuar con firmeza. Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una persona que pretende desconocer el Estado de Derecho y que busca imponer su agenda politica sin atender ni respetar la autonomía del Congreso.