'La paz total, ¿promesa incumplida?': las duras críticas del presidente de la Corte Constitucional a la conmoción

En un duro salvamento de voto a la exequibilidad parcial de la conmoción interior, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, criticó la política de 'paz total' del Presidente y aseguró que esta ha "contribuido de manera directa y verificable al deterioro progresivo del orden público", detonante de la emergencia en el Catatumbo que motivó la declaratoria del estado de excepción.

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"Lejos de representar un avance hacia la superación del conflicto armado, su implementación ha generado el efecto contrario: debilitó la presencia institucional, facilitó el reposicionamiento estratégico de los grupos armados ilegales y agravó la situación de inseguridad, afectando gravemente los derechos fundamentales de la población civil", argumentó el magistrado para rechazar la constitucionalidad del decreto.

Ibáñez profundizó en la “falta de estructuración” de esta política, que ha sellado ceses al fuego bilaterales con actores armados como el Eln, el Estado Mayor Central y otras estructuras. “Este repliegue institucional generó un vacío operativo en regiones vulnerables como el Catatumbo, que ha sido aprovechado por estos grupos para rearticular su poder territorial”, agregó.

Sustentó su tesis en que, durante la vigencia de los ceses, el Eln, el Epl y las disidencias no solo mantuvieron intacta su estructura, sino que aumentaron su capacidad criminal, ampliaron su presencia en el sur del Cesar y Norte de Santander, y continuaron reclutando y ejerciendo su poderío ilegal.

“Todo ello ocurrió bajo la apariencia de un proceso de paz, sin verificación independiente ni consecuencias jurídicas frente a los reiterados incumplimientos. (...) La ‘paz total’ ha dejado en absoluta desprotección a los habitantes del Catatumbo y de otras regiones del país”, sentenció Ibáñez, responsabilizando al presidente Gustavo Petro por la crisis humanitaria que intentó conjurar con medidas de excepción.

Este punto fue la segunda crítica a la directriz presidencial.

El voto negativo del presidente de la Constitucional al decreto presidencial también se fundamenta en el uso de la conmoción interior como una forma de "normalizar la inacción". 

"Si la violencia se ha agravado, no es por su inevitabilidad, sino porque el Estado renunció a cumplir sus deberes. En lugar de agotar los mecanismos ordinarios y probar su insuficiencia, se optó cómodamente por el atajo del poder excepcional", se lee en su salvamento. 

Aseguró que la exequibilidad del recurso de excepción sienta un precedente riesgoso para que este recurso "se convierta en un premio a la negligencia". 

"Basta con no actuar para autoatribuirse facultades excepcionales de carácter legislativo. Se invierte así el principio constitucional y se consagra, bajo una falsa apariencia de constitucionalidad, un régimen de excepción", agregó. 

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Insiste en las razones a las que también se acogió la mayoría de la Sala Plena para tumbar los decretos que no responden a la emergencia humanitaria o a los hechos sobrevinientes, sino que intentaban subsanar una crisis estructural. La Corte terminó rechazando la conmoción para atender problemas como la propagación de los cultivos ilícitos o la falta de infraestructura.

"La declaratoria del estado de conmoción interior parece desconocer que el conflicto en el Catatumbo no obedece a hechos sobrevivientes o aislados, sino a la acumulación de omisiones históricas por parte del aparato estatal, cuyas consecuencias han sido el empoderamiento de actores armados ilegales, el debilitamiento del tejido social y la profundización de la pobreza y la exclusión. Y, ante ello, la premisa de que la crisis se ha morigerado y al mismo tiempo ha escalado no resiste el más mínimo análisis, porque, además de contradictoria, es contra evidente", cuestionó. 

También puso en tela de juicio la eficacia del mecanismo excepcional para enfrentar el conflicto que "no obedece a hechos sobrevinientes, sino a la acumulación de omisiones históricas por parte del aparato estatal". 

Esta crítica también resonó en voces de otros sectores que cuestionaron la necesidad del estado de excepción, especialmente después de que el Presidente decidiera no prorrogarlo al cumplirse el primer plazo constitucional, pese a la falta de resultados concretos en materia humanitaria.

"Uno de los ejemplos más claros es el fracaso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), cuyo avance ha sido mínimo en esta región a pesar a haber sido priorizado en el Acuerdo Final de Paz. El deterioro de la infraestructura, las graves deficiencias en el sistema de salud y educación, la limitada cobertura institucional y la debilidad en el efectivo a la justicia ponen en evidencia que los compromisos del Estado no se han materializado", concluyó Ibáñez.

Redacción Justicia