'La independencia de los jueces no es un privilegio, es una garantía de la democracia’: Pdte. de la Corte Suprema

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia envió al Senado una terna de mujeres seleccionadas por sus méritos para elegir a la próxima magistrada de la Corte Constitucional. Además, logró la aprobación en el Congreso de la reforma del sistema penal acusatorio, que implementa incentivos punitivos para descongestionar los despachos judiciales. Sobre estos temas habló con EL TIEMPO el presidente de la Corte Suprema, magistrado Octavio Tejeiro, quien también envió un mensaje sobre el respeto a la separación de poderes y la independencia de los jueces como garantía democrática, y de la necesidad de enfriar el debate público para lograr avanzar como sociedad.

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El proyecto de ley que se aprobó en último debate tiene un objetivo fundamental que es la efectividad de la justicia penal a través de varios mecanismos que permiten que el avance de los procesos sea más rápido, por un lado, y, por el otro, tenga consecuencias reales en la vida práctica. Uno de estos mecanismos, por ejemplo, es la reparación integral de la víctima, lo cual determina la posibilidad de las reducciones de las sanciones punitivas en algunos eventos. Durante los últimos años, siempre habíamos puesto en el centro al infractor, no a la víctima. Ahora estamos girando hacia ellas, y, mediante esa vía, descongestionar el sistema. También se habla allí de la prueba anticipada y del principio de oportunidad, de manera que la colaboración efectiva que presten algunos ciudadanos que están inmiscuidos en procesos penales les puede servir para una reducción de la pena.

Yo creo que bien manejada, como debe ser, ciñéndose a como quedó estipulada en la ley, no va a conducir a excesos ni a dificultades. Es la esperanza que tenemos.

Es claro que hay que ir más allá y que hay que avanzar en otros cambios, pero este era un cambio importante, necesario, útil y oportuno, y por tanto había que hacerlo. Pero indiscutiblemente hay otros cambios y otras opciones que en el futuro tendrán que verse y sobre las cuales habrá que avanzar.

Esto no es un invento colombiano. Es una forma de justicia que ya funciona en otros países, y no desde hace ocho o quince días. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un modelo muy similar desde hace 200 o 300 años, y le ha resultado efectivo. Ahora bien, la efectividad no depende solo del diseño institucional o de cómo quedó la ley, sino también del manejo que le den los jueces, la Fiscalía y los ciudadanos, que en cada caso pueden ser beneficiarios eventuales.

Hay muchos cambios. La descongestión judicial abre todo un abanico de opciones y posibilidades. Empecemos por decir que los problemas de congestión no se limitan a la justicia penal: también existen en la justicia civil, en la laboral y en la contencioso-istrativa. Lo que cambia en cada caso es el mecanismo para enfrentarlos. Un profesor italiano de hace más de 100 años, Piero Calamandrei, decía que el nivel de cultura de un pueblo se conoce por su nivel de litigiosidad. Uno de los temas que Colombia debería abordar —más temprano que tarde— es cómo lograr que la ciudadanía acuda menos a las instituciones de justicia para resolver sus conflictos y recurra más a otros mecanismos. El ciudadano debe entender y aprender que cada vez que va a la justicia desgasta el sistema. Entonces debe medir si realmente vale la pena ese desgaste que le genera a la istración de justicia –entendida no solo como los jueces, sino también como todo lo que hay detrás–. Si se hiciera un estudio profundo, quedaría claro que la congestión judicial es multicausal. Y, por lo tanto, su solución también debe ser multicausal.

Hasta el 5 de junio.

Muy positivo. Se lograron los fines que se habían perseguido. En estos ocho años, las salas recibieron 27.116 expedientes. Solo durante la pandemia (2020-2021) se emitieron 7.818 sentencias.

Ahí hay un mensaje importantísimo sobre la equidad de género, la confianza en las mujeres y su capacidad para resolver los conflictos de un país como el nuestro.

Yo creo que ese fantasma tiene que ver con los rumores, y no necesariamente esos rumores tienen fundamento. Hay que abrir espacios para que la democracia sea completa, para que todos los actores que quieran ingresar, participar y llegar a ciertas instituciones puedan intentarlo y tengan un camino abierto para hacerlo.

Claro, el tema de la independencia es crucial cuando hablamos de jueces. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza la efectividad de la actividad judicial. Y hay que hacer una aclaración importante: cuando se habla de independencia judicial, muchas veces la gente la asume como un privilegio, y no lo es. La independencia es una garantía de la democracia. Es una garantía de los derechos de los ciudadanos. Detrás de la democracia están fines como la justicia, la igualdad y todos los demás derechos: el de expresión, el de información, el de opinión, las libertades. Todo ese conjunto depende de la existencia de un sistema democrático, y ese sistema solo puede sostenerse si hay jueces realmente independientes.

Regularmente no se les ha protegido, no se les ha respaldado ni apoyado. El gran defensor de las libertades y los derechos de los ciudadanos es el juez, pero es el único que no tiene quien lo proteja, defienda, acompañe, apoye o al menos le dé un respaldo moral. Por eso creo que hay que hacerle un llamado a la sociedad para que rodee a sus jueces, que los proteja y los abrigue, porque son ellos quienes están abrigando y protegiendo los derechos de los ciudadanos y de la sociedad.

Las relaciones entre los tres poderes fundamentales del Estado deben ser unas relaciones institucionales, respetuosas, de colaboración armónica, porque ese es un mandato constitucional. Pero también deben ser unas relaciones garantes de la independencia y de la autonomía de cada uno. Y eso es lo que se está trabajando y se está haciendo, cumpliendo el mandato constitucional.

Sí, nos reunimos una vez.

En un sistema democrático, cada poder cumple una función, y esa función no solo debe ser ejercida por el órgano correspondiente, sino también respetada y acatada por los demás poderes, en cumplimiento de las disposiciones que se establezcan. Si estamos en un sistema democrático, y queremos que funcione el sistema de pesos y contrapesos y los equilibrios institucionales, es fundamental que las decisiones que tome cada órgano de poder sean cumplidas y satisfechas adecuadamente. Así debe funcionar. Ahora bien, si alguien está en desacuerdo con alguna decisión, existen los canales constitucionales y legales dispuestos en el ordenamiento jurídico, precisamente para discutir y debatir aquellos aspectos que a un ciudadano o a cualquier persona no le parezcan adecuados, sin importar de qué órgano del Estado provengan.

Precisamente porque soy juez, no puedo emitir opiniones anticipadas. Los jueces tomamos decisiones basadas en hechos comprobados, en expedientes debidamente procesados, y lo hacemos a través de sentencias judiciales. Mientras tanto, no es prudente emitir opiniones previas.

Yo creo que las cortes, por ahora, no pueden tomar ningún tipo de decisión ni hacer pronunciamientos mientras no haya decisiones en los expedientes judiciales correspondientes. Si los jueces se expresan o manifiestan antes del momento legalmente señalado en el ordenamiento jurídico, estarían cometiendo un error. Hay que esperar que se den los hechos, que se desarrollen los procesos judiciales, y entonces las cortes, cada una en su momento y dentro de su ámbito de competencia, tomarán la decisión que les corresponde.

La polarización y la confrontación que se están viendo en el país son también un reflejo de la polarización que ocurre en el mundo occidental. El llamado es claro: a la concordia, al diálogo, al debate público, a la deliberación respetuosa, serena, mesurada y tranquila. Es un llamado a una argumentación de fondo, sincera, pero, como digo, respetuosa y tranquila. Si este país logra entrar en un esquema de deliberación respetuosa, amable, argumentada, franca, sincera, no violenta y pacífica, seguramente podremos cambiar su historia. Pero eso requiere la intervención de todas y todos.

Por el momento, se están siguiendo las investigaciones y eso apenas fue un paso. Debemos esperar a que el proceso concluya y, si es el caso, que se inicie la siguiente etapa: la del juzgamiento, que finalmente desembocará en una sentencia. Esa sentencia será la que determine lo que se debe decir al respecto. Por ahora, cualquier comentario es limitado, porque estamos aún en una fase de investigación.

Redacción Justicia