James alucinó con actuación de Gio Moreno en Kings League
Noticia
Exclusivo suscriptores
‘La justicia no actúa motivada por intereses políticos ni para causar daño’: presidente de Corte Suprema
El magistrado Gerson Chaverra, habló de la autonomía en la justicia y de las críticas que ha recibido por ser un hombre afrodescendiente.
Magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO
PERIODISTA JUDICIALActualizado:
EDITORAActualizado:
El magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal que esta semana declinó a una condecoración que le entregaría el presidente de la República Gustavo Petro por su rol en la investigación de la ‘parapolítica’, habló con EL TIEMPO de la recta final de su gestión en el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
También se refirió a la importancia de la independencia judicial y a la discriminación que ha vivido como un hombre afrodescendiente.
Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:Jesús Blanquicet
¿Cuáles son los principales factores que amenazan hoy la independencia y la autonomía de los jueces del país?
A lo largo de la historia, los jueces y magistrados han enfrentado innumerables dificultades, desde la falta de recursos para el adecuado funcionamiento de los despachos hasta las presiones de grupos armados ilegales que operan en diversas regiones del país. Al igual, que otros sectores, la justicia ha sido duramente golpeada por la violencia y la amenaza de los actores ilegales. En tiempos más recientes, ha aumentado, en algunos sectores, un clima de rechazo y cuestionamiento hacia las decisiones judiciales y, en general, hacia la istración de justicia en el país. Sin embargo, este fenómeno no surge de manera espontánea ni refleja la realidad del trabajo judicial. Los jueces deben contar con la tranquilidad y la libertad necesarias para tomar sus decisiones sin presiones externas, sin temor por su integridad, sin prejuicios sobre los supuestos fines de sus fallos, ni ser vistos como enemigos de nadie o sospechosos de actuar por intereses ajenos al cumplimiento de su deber como es de justicia. El país y la sociedad, conscientes de que la justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia, deben garantizar que los jueces puedan fallar con tranquilidad y exigir que sus decisiones sean respetadas y acatadas.
Presidente Gustavo Petro. Foto Vanexa Romero/El Tiempo. Foto:Vanexa Romero/ET
¿Considera que las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que cuestiona algunas decisiones de las altas Cortes afectan la independencia del poder judicial?
Los desacuerdos y disensos son inherentes a la democracia, y es comprensible que las decisiones tomadas por uno de los poderes del Estado generen divergencias. Sin embargo, tanto si se está de acuerdo con ellas como si no, las decisiones judiciales deben ser respetadas y confrontadas a través de los recursos de ley. Es fundamental entender que dichas decisiones se toman dentro del marco de la Constitución y la ley, luego de un riguroso proceso de análisis y debate en las respectivas corporaciones judiciales. La justicia no actúa motivada por intereses políticos ni con la intención de causar daño, sino en estricto apego al derecho y con el respaldo de sólidos argumentos jurídicos. Así deben ser interpretadas por las demás ramas del poder y por la ciudadanía. Cuando se siembran dudas sobre la legitimidad de estas decisiones, atribuyéndoles intereses distintos a la recta y cumplida justicia, se socava la propia democracia, se fomenta la polarización y, en última instancia, se incita a la violencia, lo que es sumamente peligroso. Es importante que el país tenga claro que la justicia continuará actuando y tomando decisiones, como lo ha hecho hasta ahora, sin dejarse influenciar por presiones externas ni por los señalamientos infundados que se han hecho.
El jefe de Estado recientemente señaló que la relación entre él y la justicia pasa por un momento “traumático” ¿Coincide en que atraviesan una crisis?
He insistido en diversos escenarios que la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, reconoce plenamente la importancia del principio de colaboración armónica entre los poderes públicos, tal como lo establece el artículo 113 de la Constitución. En concordancia con nuestra Carta Magna, hemos actuado y seguiremos actuando dentro de ese marco. Esperamos que las demás ramas del poder público adopten la misma actitud, con el mismo respeto y disposición para trabajar de manera armónica. A lo largo de la historia, el país ha vivido momentos de profundas diferencias entre las ramas del poder. No obstante, considero que si cada poder se apega al estricto cumplimiento de sus funciones y limitaciones, no hay espacio para crisis ni para graves trastornos institucionales. A pesar de las voces que alertan sobre posibles crisis que podrían desencadenar efectos negativos en la sociedad, incluidos actos de violencia, la Corte mantendrá su firmeza en el cumplimiento de sus funciones y seguirá abierta a la colaboración armónica, que es uno de sus principios fundamentales.
Magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema. Foto:Cortesía
¿En qué tono han sido sus encuentros con el presidente de la República?
En los pocos encuentros que hemos tenido con el Presidente Gustavo Petro, los magistrados que hemos sido invitados a tratar diversos temas, hemos expresado siempre con total sinceridad nuestras posiciones. Hemos insistido en la necesidad de trabajar de manera armónica, de respetar a las demás ramas del poder y de preservar, en todo momento, la independencia judicial. Con la mayor cordialidad, pero también con firmeza, hemos expuesto los argumentos de las Cortes respecto a los asuntos para los que hemos sido convocados.
¿Qué pensó cuando el presidente Gustavo Petro lo llamó “negro conservador”?
El presidente Petro me hace un señalamiento atribuyéndome una supuesta afiliación ideológica, expresando que, una persona negra como yo no podría tener esa ideología. Al respecto, expreso que mi vida personal y profesional ha estado dedicada a la justicia sin sesgo de ninguna naturaleza. Mi herencia negra me llena de orgullo y en mi vida nunca he pertenecido a ningún partido político, llevo más de tres décadas de carrera judicial, he escalado en distintas dignidades siempre por concurso, y mis decisiones como juez se han ajustado a la Constitución y la ley que rige para todos los colombianos.
Corte Suprema de Justicia Foto:César Melgarejo
¿Usted ha sufrido discriminación a lo largo de su carrera por el hecho de ser un hombre afrodescendiente?
Claro que sí. Desde niño conocí de cerca la marginalidad, la exclusión y la discriminación, pero eso nunca fue un obstáculo para seguir adelante. Al contrario, me impulsó a ser más disciplinado en la consecución de mis sueños y objetivos. Hoy, no veo esos años ni esas experiencias de exclusión y discriminación con dolor. Aunque me sigue sorprendiendo que la condición de ser negro se utilice para descalificar o criticar a un ciudadano, esas vivencias me motivan aún más a trabajar desde la istración de justicia para que los negros, como yo, del Pacífico y de todo el país sean tratados con dignidad. Quiero que se sientan orgullosos de su cultura, que puedan acceder a las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano, que logren cumplir sus sueños y, sobre todo, que puedan servir a sus comunidades aportando su grandeza y conocimiento.
¿La Corte ha sido invitada a participar del Acuerdo Nacional que plantea el gobierno? ¿Qué piensan de ese acuerdo?
La Corte Suprema de Justicia no ha sido invitada formalmente a participar en el acuerdo del que usted me menciona. Le reitero que, en todo caso, cualquier tipo de acercamiento o conversación debe enmarcarse dentro de las competencias de cada una de las ramas del poder, respetando siempre la independencia judicial.
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Foto:Corte Suprema de Justicia
¿Cómo recibe el planteamiento de una elección popular de magistrados y jueces, como se está tramitando en México?
La justicia enfrenta numerosos retos y responsabilidades en su compromiso de responder a las necesidades de los ciudadanos que acuden a ella, esperando una reacción más rápida y efectiva. Sin embargo, este tipo de propuestas no contribuye a ese propósito. Es necesario que los jueces y funcionarios cuenten con las condiciones adecuadas para que los ciudadanos puedan acceder más fácilmente a la istración de justicia, y para que la estructura del aparato judicial funcione de manera más eficiente. La Constitución nos impone claros deberes, y debemos estar atentos a las propuestas que busquen alterar la carrera judicial o modificar la forma de elección de los jueces y magistrados, especialmente aquellas que pretendan cambiar un modelo que prioriza los estudios y conocimientos técnicos del aspirante en la especialidad en la que desea desempeñarse. Modificar este modelo pondría a los jueces en un escenario político que afectaría su independencia y autonomía, pues la decisión judicial encuentra legitimidad cuando se ajusta a la Constitución y la Ley.
¿Qué opina de las voces que primero plantearon una asamblea constituyente y posteriormente un proceso constituyente?
La Constitución establece mecanismos claros y reglados para avanzar en reformas a la Carta Magna, los cuales incluyen procedimientos y tiempos específicos que ya han sido desarrollados en el pasado. Cualquier posibilidad de avanzar hacia una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución debe ajustarse a esos procedimientos constitucionales, que son los que protegen la democracia y la institucionalidad del país. La Corte Suprema de Justicia no puede emitir opiniones de fondo sobre ese tipo de ideas o propuestas, pues es respetuosa de las competencias que sobre esas temáticas tienen otros órganos del poder público. Es fundamental que el respeto a los procesos establecidos por la Constitución sea siempre una prioridad para salvaguardar el orden democrático y la estabilidad institucional.
Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:EL TIEMPO
¿La Constitución de 1991 necesita más reformas?
La Constitución de 1991 sigue siendo un marco fundamental que requiere ser desarrollado y cumplido. Con su aprobación, se lograron grandes avances en la protección de los derechos fundamentales, y en ese camino debemos seguir avanzando. A pesar de los progresos, aún persisten muchas deudas en temas como la protección y garantía de derechos esenciales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación y a una vida digna. Y por tanto, más que reformas, se requiere desarrollar la carta política, para que la garantía de derechos sea real y efectiva y llegue a las zonas y sectores más desprotegidos del país que enfrentan situaciones inaceptables de marginalidad.
¿La justicia está en crisis? ¿Cuáles son los principales indicadores de esta crisis?
Existe una Rama Judicial comprometida con la istración de justicia. Sin embargo, históricamente hemos enfrentado dificultades para el adecuado a la justicia y problemas de congestión judicial. Esta problemática obedece a múltiples causas; para citar algunas, tenemos déficit en el número de jueces, pues el alto número de procesos requiere de la creación de un mayor número de funcionarios judiciales. Adicionalmente, se requieren procedimientos que faciliten la terminación anticipada de los procesos y fortalezcan los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación y la mediación. De otra parte, advertimos que se le ha trasladado a la Rama Judicial la solución de los problemas estructurales del Estado, por cuanto ante el déficit en su funcionamiento y la prestación de servicios se acude a los jueces para que den solución. Todo ello incide en la congestión judicial que impide que los procesos sean resueltos en un plazo razonable.
Avanza en el Congreso el Proyecto de Ley para una Justicia más ágil y eficaz, que forma parte de la reforma a la justicia, ¿cómo ha visto esos debates?
Es menester aclarar que la iniciativa presentada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia no representa una reforma integral a la justicia. Se trata de una reforma a la Ley 906 de 2004 con el objetivo de rescatar las figuras de los preacuerdos y los allanamientos, establecer el mecanismo de la indemnización integral para algunos delitos como causal de extinción de la acción penal y darle agilidad y operatividad al principio de oportunidad. Con ella, se pretende que los procesos penales sean resueltos en un plazo razonable. Dicha reforma ya fue aprobada en segundo debate en el Senado y reconozco que el trámite ante el Congreso de la República fue muy enriquecedor y deliberante, ya que la iniciativa fue ampliamente socializada y, a través de audiencias públicas, se escucharon las voces de diferentes sectores de la justicia, de la academia, el litigio, defensores y procuradores que enriquecieron el proyecto con sus puntos de vista. En paralelo, los Senadores de la República con mucho rigor y compromiso enfrentaron el debate del proyecto. Con diligencia y una adecuada coordinación, el liderazgo de los congresistas de la Comisión Primera y la plenaria del Senado fue extraordinario y aportaron mucho conocimiento e ideas que enriquecieron y mejoraron el proyecto. Ello muestra una perfecta materialización del principio de colaboración armónica, realidad que, a la Fiscal General de la Nación, a la Ministra de Justicia y a la Corte Suprema de Justicia, nos deja muy satisfechos.
Luz Adriana Camargo, fiscal General y Gerson Chaverra, presidente Corte Suprema de Justicia. Foto:Vanexa Romero/ET
Ha realizado usted a lo largo de su gestión varias visitas a juzgados en diferentes municipios de Colombia, ¿Qué ha encontrado? ¿Qué falta por hacer?
Mientras he cumplido con mis responsabilidades como integrante de la Sala Penal, dedicándome al estudio y discusión de los procesos que llegan a esta instancia, también he tenido la oportunidad de desplazarme a municipios, veredas y corregimientos de más de 18 departamentos. En esas visitas, me he reunido con jueces y funcionarios de las regiones más apartadas del país, quienes deben hacer grandes sacrificios para cumplir con sus deberes y obligaciones. Les he llevado un mensaje de profundo sentido ético dignificante, de reconocimiento por su labor, su sacrificio y su esfuerzo incansable para istrar justicia y representar al Estado en esas zonas. Ha sido un honor estrechar las manos de estos jueces y escuchar sus necesidades. Paralelamente a estas visitas, he propuesto encuentros de articulación institucional con el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y la Defensoria, con el objetivo de avanzar en soluciones que faciliten la labor de la justicia en esas regiones, con la esperanza de que estos esfuerzos se traduzcan en una respuesta más efectiva para los ciudadanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tomó la decisión de ordenarle al Estado colombiano revisar la condena proferida contra el exministro Saulo Arboleda Gómez ¿cuál será el paso que dará la corte en este caso?
La Corte Suprema de Justicia no ha sido notificada oficialmente de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Una vez recibida la notificación, la Sala Penal de la corporación tomará las decisiones pertinentes en el marco de la Constitución y la ley y la misma le será comunicada al exministro Saulo Arboleda.
Más noticias de Justicia:
Sigue toda la información de Justicia en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
Conforme a los criterios de
Temas relacionados
Sugerencias
EL TIEMPO GOOGLE NEWS
Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.
EL TIEMPO WHATSAPP
Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.
EL TIEMPO APP
Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.
SUSCRÍBETE AL DIGITAL
Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.
Ponte al día
Mis portales