‘Es urgente una intervención institucional’: las alarmas en la Corte Constitucional por crímenes de ex-Farc

Este enero ha sido el más violento para los firmantes desde 2017, cuando comenzó su proceso de reincorporación y desarme. Fueron asesinados nueve de ellos, lo que representa el 30 % del total registrado en todo 2024, año que había mostrado la cifra más baja. Esta tendencia se rompió con la crisis humanitaria del Catatumbo, donde, en menos de una semana, fueron ultimados siete excombatientes y 12 más permanecen desaparecidos en una ola de violencia que expuso las fallas estructurales que aún no han sido plenamente conjuradas para garantizar su seguridad.

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Así lo ratificó la Corte Constitucional en la sesión técnica de seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los firmantes, sus familias e integrantes del partido político Comunes. 

La audiencia contó con la presencia de las cabezas de las entidades claves para su protección, como la defensora del Pueblo, el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, comandantes de las Fuerzas Militares, entre otras y coincidió con la coyuntura del pico de homicidios registrado en la más reciente crisis de orden público en el Catatumbo, una escalada criminal que la magistrada Cristina Pardo, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento, calificó de inaceptable.

El punto transversal sobre el que se evaluaron los avances y retos fue la implementación de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría para la protección de esta población, así como la interlocución con otras entidades como el ministerio de Defensa, el ministerio del Interior y la ARN. De igual forma, se plantearon soluciones a las barreras y fisuras que siguen oxidando el engranaje que establece la ley para garantizar la seguridad e integridad de quienes dejaron las armas en su proceso de reincorporación a la vida civil.

Al inicio de la diligencia, la magistrada Cristina Pardo, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento, se refirió sobre la actual situación en la región del Catatumbo, epicentro de una ola de violencia por la escalada del conflicto entre el Eln y las disidencias de las Farc, que se ensañó contra los firmantes. Siete de ellos fueron asesinados y 12 más permanecen desaparecidos.

De acuerdo con la magistrada, diferentes sentencias de la Corte han señalado a los firmantes de paz como uno de los “grupos sociales más vulnerables”, y resaltó que la Sala de Seguimiento les ordenó a distintas entidades del orden nacional, algunas de ellas hijas de los acuerdos de paz, “atender las situaciones de riesgo identificadas por el sistema de alertas tempranas para la región del Catatumbo en el auto 1273 de 2024.

A pesar de esta directriz, “hoy registramos los homicidios de al menos siete excombatientes de las extintas Farc-EP que estaban en proceso de reincorporación y que en su momento habían hecho parte del ETCR Caño Indio, en el municipio de Tibú norte de Santander (...) Estos crímenes son inaceptables y nos recuerdan dolorosamente la necesidad de una intervención institucional enfocada en el subcomponente de prevención y reacción de las garantías de seguridad para esta población”, señaló la magistrada Pardo.

Y agregó que la Sala busca nombrar los daños causados y darles un lugar en la memoria histórica institucional a cada una de las personas, familiares, seres queridos y comunidades que conforman esta población. “Hoy la Sala quiere acompañar desde su labor a quienes quedan y persisten en el compromiso de lo pactado en el Acuerdo de Paz con valentía, tras saber de puestos sus armas”.

Una de las primeras entidades en tomar la palabra fue la Defensoría del Pueblo, a través de su cabeza, Iris Marín, quien ejemplificó con el estallido de violencia en el Catatumbo la falta de articulación que persiste y expone a los firmantes a riesgos para su seguridad. En menos de una semana, siete firmantes fueron perfilados, sacados de sus casas con lista en mano, secuestrados y asesinados, lo que dejó al descubierto la lentitud del Estado para atender las alertas tempranas emitidas por esta entidad, la cual había sido emitida el 15 de diciembre y se consumó durante la segunda semana de enero.

"La Defensoría del Pueblo realiza actualmente seguimiento a 77 alertas tempranas que están relacionadas con riesgos para los y las firmantes de paz. La mayor amenaza se encuentra en los departamentos de Cauca, Antioquia, Caquetá, Chocó, Norte de Santander, Huila, Valle, Putumayo, Meta, Bogotá y Nariño", dijo la Defensora.

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También expuso las tres situaciones de riesgo que enfrentan en los territorios, principalmente debido a los conflictos armados y la criminalidad en los municipios donde se adelantan los procesos de reincorporación. "Esto está acompañado de la fragmentación de los grupos ilegales, lo que genera un dinamismo que dificulta seguir los riesgos y la capacidad del Estado para responder a ellos".

La Defensoría indicó que, aunque en 2024 se redujo este crimen en un 28,2 %, las tentativas aumentaron en un 60 %. Además, existen vulnerabilidades diferenciales basadas en género, etnia, discapacidad y liderazgo, entre otras, que agravan los riesgos contra esta población. Sobre la situación en el Catatumbo, recalcó que los firmantes fueron perfilados y estigmatizados como colaboradores del Estado o de las disidencias, y con base en esto, el Eln emprendió una persecución contra ellos.

A su turno, Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, habló sobre las barreras en la atención de las alertas de riesgo, como lo ocurrido en el Catatumbo, donde, a pesar de que la Defensoría había advertido sobre el escalamiento del conflicto en noviembre pasado, el Gobierno no adoptó medidas extraordinarias para prevenir la crisis.

"Recibimos una alerta temprana el 15 de noviembre sobre el Catatumbo, pero para llevar a cabo múltiples acciones el Estado colombiano se queda corto porque la planeación institucional y la disposición de recursos están atadas a metas, presupuestos y, en general, hay una serie de disposiciones que impiden que se pueda dar respuesta", señaló el funcionario.

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Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, otra de las entidades involucradas en la protección de quienes están acogidos al tribunal, presentó una caracterización de los firmantes en riesgo y aseguró que el 94 % de ellos era compareciente ante la JEP, es decir, que estaba comprometido en su tránsito hacia la paz. También destacó que, para frenar el baño de sangre que podría ahuyentar la desmovilización y truncar futuros procesos de paz, "es necesario robustecer con carácter vinculante las alertas tempranas", enfatizó.

Las fuerzas militares y entidades como la Agencia de Reincorporación también pasaron al tablero para exponer los baches que propician los homicidios selectivos contra los firmantes de paz.

El balance general, dos años después de dictada la sentencia sobre el Estado de Cosas Inconstitucional en relación con la situación de los firmantes de paz, es que la medida sí impulsó un mayor diálogo entre las entidades para garantizar sus derechos fundamentales, lo cual se reflejó en las cifras de 2024. Sin embargo, el camino por recorrer para lograr una acción efectiva sigue siendo largo, principalmente por la inflexibilidad de las disposiciones burocráticas relacionadas con órdenes y presupuestos.

Redacción Justicia