¿Gobierno logró meter ficha en terna de Consejo de Estado para Corte Constitucional?

Fuentes advierten que el gobierno habría logrado meter a una de sus fichas en la terna del Consejo de Estado, para reemplazar a uno de los magistrados de la Corte Constitucional, lo que supone un golazo en la carrera que iniciará por un cupo en la alta corte que deberá definir el Senado de la República en las próximas semanas. 

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De los candidatos saldrá el nombre que reemplazará al magistrado Antonio José Lizarazo, quien deja el cargo en 2025. Así las cosas, en la terna figuran los nombres de los juristas Claudia Dangond Gibsone, Jaime Humberto Tobar y Miguel Efraín Polo Rosero.

Precisamente este último, es actual magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro, y quien llegó a la Corte Constitucional a inicios de este año. 

En la lista Dangond Gibsone es la única mujer, ella es profesora asociada al departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana y tiene experiencia en derecho constitucional.  Es hija de Alberto Dangond Uribe; fue decana de ciencia política y dirige los posgrados en derecho público en la mencionada universidad. 

Durante la audiencia pública en en el Consejo de Estado, Dangond Gibsone habló sobre el papel de la Corte y sus límites en el ejercicio del control constitucional. “Es necesario tener presente los principios fundamentales consagrados en la carta política, entre los que se encuentra los fines esenciales del Estado que buscan garantizar la efectividad de los derechos de los principios de los deberes consagrados en la ley fundamental y también en los tratados internacionales ratificados por Colombia”.

Expuso que se requiere tener presente el principio de supremacía constitucional que debe ser atendido por todas las autoridades de la República teniendo presente que “no sólo se debe cumplir con sus funciones constitucionales legales, sino de defender la Constitución y el poder del Estado, ejercido por todos los órganos que hacen parte de la rama del Poder Público”.

Además, resaltó que la Corte “no está facultada para legislar”, pero sí de “controlar el ejercicio de la función legislativa”. “Tampoco tiene la facultad de reformar y expedir una nueva Constitución ni la competencia para dictar política pública. La Corte no puede entrometerse en las tareas que constitucionalmente están asignadas a otros órganos de la Rama Judicial, ni en las que compete al máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y tampoco a las que tiene el Consejo de Estado, como máxima competencia de la contencioso istrativo”, dijo la ternada. 

Mientras que Tobar es abogado de la Universidad del Rosario, es especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales en Madrid, fue miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y fue presidente del Colegio de Abogados Comercialistas. Además, fue árbitro de varias cámaras de comercio y es actual conjuez de la Corte.

“Con iración y respeto me presento ante ustedes, en momentos de especial trascendencia en la defensa de las instituciones y del Estado de derecho, para ponerles a disposición mi trayectoria profesional y las convicciones personales que me llevan a considerar que puedo ser -como ustedes- un guardián más de nuestra Constitución. Tengo la profunda convicción de qué la Corte Constitucional es el pilar fundamental de nuestro Estado de derecho, como garante de los derechos y libertad de todos los colombianos”, dijo Tobar al iniciar su presentación ante el Consejo de Estado. 

En su intervención, además resaltó que desde la terminación de sus estudios de derecho, en 1985, ha dedicado sus esfuerzos a profundizar en el análisis y en la práctica del derecho. “Ahora, con más de 38 años de experiencia, considero que puedo contribuir de manera práctica y efectiva a la difícil tarea que ejercen las altas magistraturas y entre ellas la Corte Constitucional. He procurado cultivar mi conocimiento académico a la par de mi formación práctica en el ejercicio del derecho y de las ciencias humanas que lo informan en esta formación he buscado un desarrollo integral como jurista alejado siempre de las decisiones partidistas”.

Por su parte, Polo Rosero es profesor del departamento de Derecho Público en la Pontificia Universidad Javeriana y fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y es considerado por varios juristas como uno de los candidadatos del gobierno, debido a su cercanía con el actual magistrado Vladimir Fernández. 

Ante el Consejo de Estado Polo Rosero expuso que lleva más de 23 años de ejercicio profesional en los que al mismo tiempo se ha formado como abogado y como docente “con la claridad de ser un profesional autónomo y con suficiente criterio para tomar decisiones siempre impulsado con la idea de tener una visión amplia y sistemática del derecho”.

“He dictado clase de forma permanente desde el año 2013 en diversas universidades y dictado asignaturas tanto en pregrado como postgrado. Tengo estudios de profundización a través de especializaciones y maestrías en derecho istrativo, constitucional, derecho comercial, gobernanza, derechos humanos y políticas públicas con enfoque de género” explicó Polo Rosero.

De lo anterior, dijo el candidato, da fe su paso por el Congreso de la República, su labor como defensor delegado de la Defensoría del Pueblo y los más de 18 años dedicados a la Rama Judicial, tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Constitucional.

“He tenido el honor de ser magistrado auxiliar de cuatro magistrados titulares distintos quienes siempre han reconocido mi carácter, mi autonomía y mi criterio jurídico como razones para permanecer y seguir aportando día a día en la defensa de la carta. De llegar a ser magistrado titular, tengo claro que deberé cumplir en papel con total autonomía, independencia objetividad y suficiencia jurídica, de ahí que, aunque siempre agradeceré el momento vividos en el pasado, sólo podrán esperar de mí una total fidelidad con la Constitución política y con mi concepción sobre el juez Constitucional guiado por el autocontrol de sus funciones”.

Luego, la escogencia de la terna, esta será enviada al senado, donde se hará una audiencia pública y la posterior escogencia del magistrado. 

Redacción Justicia