Las barreras legales y logísticas en el camino de la polémica propuesta del presidente Petro de comprar la coca de El Plateado

Toda una discusión político-jurídica causó el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien propuso la compra estatal de las cosechas de coca. Una idea en la que no ahondó en los detalles de ejecución y que lanzó el mismo día en el que se publicó el informe Simci, de Naciones Unidas, que reveló que la producción potencial de cocaína durante el 2023 había crecido en el país un 53 %, llegando a 2.664 toneladas. Pese a que no es una iniciativa novedosa, expertos aseguran que la normativa vigente no daría para echar a andar un proyecto así.

(También le puede interesar: Matas más fuertes y mayor industrialización, los factores detrás del incremento en la producción de coca)

“Lo más preocupante de estos anuncios es la improvisación. No se tiene ningún tipo de plan al respecto, no se sabe ni a quienes, ni cómo vender la coca y eso es preocupante porque en un mercado como el nuestro los anuncios pueden tener efectos no deseados. Lo más probable es que aumenten las hectáreas sembradas porque la gente va a querer sembrar para que el gobierno les compre”, dijo María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed).

Actualmente, no hay un marco regulatorio que permita el procesamiento de la hoja de coca fuera de los resguardos indígenas, ni tampoco un fuerte mercado alterno al narcotráfico, como sí sucede en Bolivia y Perú, en donde los usos de la planta están diversificados.

(Lea además: ‘En los municipios donde hay más coca hay más asesinatos de líderes sociales’)

No es la primera vez que el mandatario sugiere una utilización legal de la hoja de coca. En julio de 2023 dijo que el Gobierno se había propuesto “poner fábricas para comprar” la planta y ofrecerles caminos diferentes a los campesinos que la siembran. Quince meses han pasado desde entonces y aún no se cuentan con los mecanismos legales para materializarlo.

Colombia está acogida al régimen internacional de prohibición de las drogas de Naciones Unidas, que en 1961 clasificó a la hoja de coca como un estupefaciente. Internacionalmente, el país tiene el compromiso de penalizar la fabricación, el cultivo y producción de la planta para usos diferentes al medicinal o científico, excepción que se hizo en salvedad de los derechos de las comunidades indígenas en las que tiene un arraigo cultural.

“No son suficientes las normativas que tenemos en este momento. La coca es una sustancia fiscalizada por Naciones Unidas y sancionada por el código penal”, aseguró Lucas Marín, experto en cultivos ilícitos de la Universidad de los Andes.

En los últimos años se han dado pasos para definir esta situación jurídica, como con el decreto anunciado por este Gobierno en noviembre de 2023, a través del Ministerio de Justicia, que ofrece un marco regulatorio para la autorización de la posesión, licencia de cultivo y autorización de uso de semillas de amapola, coca y cannabis por parte de entidades públicas para fines médicos, científicos e industriales. Sin embargo, hasta el momento no se ha firmado.

Aún así, según Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia, “incluso si la fuente para los consumos derivados de la coca estuviera regulada, faltarían permisos del ICA, el Invima y del Fondo Nacional de Estupefacientes que podrían constituir barreras de ”. Adicionalmente, todavía no se pueden comercializar estos productos en las grandes superficies.

Además de las ambigüedades normativas, la propuesta del Presidente de “comprar los cultivos de coca de Argelia, El Plateado y Cauca” sigue estando en el aire por las implicaciones logísticas y técnicas. Este departamento es uno de los enclaves cocaleros y, según Naciones Unidas, tiene 26.223 hectáreas sembradas, por lo que, para los expertos, no habría ni capacidad de procesamiento ni comprador legal con el músculo financiero para negociarlas con el Estado.

(Complemente su lectura: Las claves del alarmante retrato de la ONU sobre narcocultivos en el país)

“Colombia no tiene desarrollados mercados de usos alternativos como Perú y Bolivia. Un camino podría ser comercializar la coca con países, como Suiza y Portugal, donde está descriminalizado el consumo. Pero estamos lejísimos de lograrlo, tanto en términos de derecho internacional como local, porque se estarían violando convenciones internacionales”, indicó Marín.

Otro punto tiene que ver con el para qué. El Gobierno ha insistido en su uso para fertilizantes o en la industria farmacéutica y hasta alimentaria. Sin embargo, para la directora del Cesed, “la coca sembrada en Colombia está llena de agroquímicos y no podría ser plenamente aprovechada. Es una planta que, principalmente, se cultiva para la producción de cocaína”.

Sumado a lo anterior, surge el interrogante de los recursos. “¿De dónde saldrían? ¿Qué entidad sería la encargada de tramitar la compra?”, se pregunta el investigador Marín.

Un proyecto de Ley del senador Iván Marulanda, en 2020, y que se hundió en el Congreso, ha hecho el acercamiento más técnico a esta propuesta de la compra estatal de los cultivos de coca. En este se planteaba que “El Ministerio de Ciencia y Tecnología dispondrá de un fondo para impulsar proyectos de investigación que desarrollen el conocimiento sobre la hoja de coca y sus derivados”, mas no da cuenta de la inversión inicial que se requiere para la compra de cultivos.

Lo que sí establece es la destinación de los recursos recaudados por la comercialización de productos y sustancias derivadas de la coca, los cuales “serían asignados a los programas y acciones de extensión agropecuaria, control de calidad, certificaciones y prevención del consumo”.

Una problemática que también subrayan los investigadores son las condiciones de seguridad. “Los campesinos que le vendan al Estado y no a los grupos armados o a los narcos correrían grave peligro”, planteó Vélez.

(Artículos relacionados: Gobierno contempla regresar a la aspersión: será terrestre y sin glifosato, dijo Minjusticia)

Y recalcaron que el anuncio desvía la conversación de lo realmente importante, que es cómo llevar desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulnerables, que son las que terminan cultivando coca.

“Solo ofreciendo oportunidades económicas y sociales en los territorios se puede atacar el problema de raíz”, concluyó Marín.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia