La gerente y el contratista que aparecen en el proceso contra el ministro Sanguino ante la Corte Suprema

La agenda semanal del ministro Antonio Sanguino empezará agitada no solo en lo político sino en lo judicial. A la discusión de la reforma laboral en el Congreso se suma la cita que le puso la Corte Suprema para la audiencia de acusación por su presunta participación en el escándalo del 'carrusel de la contratación' de Bogotá, al que está ligado hace 15 años. 

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La diligencia con la que se llama a juicio al funcionario está programada para las 2:15 de la tarde de este lunes, ante el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien viene de oponerse la semana pasada al aplazamiento que pidió la Fiscalía, argumentando que el fiscal titular del caso estaba cumpliendo su periodo de vacaciones. 

El ambiente para la acusación por el delito de tráfico de influencias de servidor público continuado está caldeado para el jefe de la cartera de Trabajo, debido a las diferencias que hay entre el Gobierno, los gremios y el Congreso por el articulado de la resucitada reforma laboral. 

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Para este lunes, justamente, se estima radiquen la ponencia para su tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado, donde hay mayorías por parte de sus integrantes, pero un Ejecutivo que está en contra. Y es que el presidente Petro, como jefe de Sanguino, ha calificado de "contrarreforma" la iniciativa legislativa que tampoco cuenta con el visto bueno de varias centrales obreras del país. 

Con toda esta discusión encima, el Ministro deberá presentarse ante la Corte Suprema en un caso en el que se ha declarado inocente, y para el cual contrató como defensor al penalista Jaime Lombana.

Como el fiscal titular del despacho está por fuera, la tarea de acusar al alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro está en manos del fiscal séptimo delegado (e) ante el alto tribunal Jorge Velásquez Niño, precisamente declarado insubsistente hace pocos días por parte de la entidad.

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El expediente contra Sanguino tuvo un importante antecedente en un despacho anticorrupción de la Fiscalía, que el pasado 30 de octubre lo imputó ante un juez en una audiencia que no trascendió públicamente sino hasta este año, cuando por su fuero como ministro, el proceso pasó a la Corte. 

Durante la imputación, el fiscal contextualizó que todo se habría gestado desde las elecciones de 2007 en las que Sanguino se lanzó al Concejo de Bogotá, y Samuel Moreno a la alcaldía de la ciudad. Para esa época, el investigador indicó que entre políticos y contratistas llegaron a un 'acuerdo de gobernabilidad', en el que hubo una sospechosa repartición de entidades a cambio de votos. "Se encuentran el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial, la Uaesp, el Acueducto de Bogotá, los hospitales públicos con los resultados de corrupción conocidos por toda la ciudadanía, menciono simplemente el contrato de Transmilenio en la 26 y el de ambulancias", manifestó el delegado.

Ya elegido como concejal, al parecer en los primeros tres meses de 2008 al actual Ministro "le interesaba tener un posicionamiento político sobre el Hospital de Usme. Cuando se estaba llevando a cabo el proceso para nombrar los gerentes de los hospitales, manifestó su interés al alcalde mayor y al entonces secretario de Salud, para que en ese Hospital de Usme se nombrara como gerente una persona de su confianza".

Para el ente acusador, esa intención del cabildante fue un interés indebido el haber utilizado su influencia política para tal fin. El nombre que él quería que llegara al centro de salud era el de Liliana Patricia Paternina, quien efectivamente fue nombrada por Samuel Moreno en junio de 2008.

Al parecer, los intereses de Sanguino no llegaron solo hasta el nombramiento de su recomendada. "Un claro ejemplo del manejo que quería el señor Sanguino, de acuerdo a información recolectada hasta ahora, es que una vez posesionada la gerente Paternina, especialmente entre junio de 2008 a noviembre de 2009, continuó utilizando influencias derivadas de su cargo como concejal. Esta vez ante la gerente que él hizo nombrar".

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Allí aparece otro nombre, el de un contratista llamado Héctor Julio Gómez al que Sanguino habría intentado sugerir para que le dieran la construcción de la nueva sede del hospital. La intención la habría dejado expresa el político en reuniones con la gerente y el contratista, en las que supuestamente se acordó que Gómez haría los términos de referencia, "lo que al principio se advierte irregular, porque esta es una labor que únicamente debe adelantar la entidad contratante".

La entrega del contrato a Héctor Julio Gómez no le saldría gratis. Aparentemente este hombre tuvo que darle a Sanguino a cambio el 10 por ciento del valor del negocio, el cual tenía un doble interés: económico y político.

Según las pruebas recolectadas en el proceso, el hospital y la localidad de Usme eran clave para el concejal porque fue donde obtuvo más votos. Mantener el poder en la zona, al parecer, le iba a asegurar más poder electoral.

En general, "esto lo hizo (Sanguino) en provecho propio, pero a su vez de Héctor Julio Gómez y demás contratistas que resultaran favorecidos debido a su intervención", le dijo el fiscal en la audiencia de imputación.

Otro de los que están mencionados en el expediente es el entonces secretario distrital de Salud, Héctor Zambrano Rodríguez, quien era el encargado de entrevistar a los ternados en cada hospital de la capital. Su voz, entonces, era la autorizada por el alcalde Moreno, que recibía al oído las apreciaciones de su funcionario.

Zambrano también sería clave para Antonio Sanguino porque además del poder elector de gerentes que tenía, estaba a cargo del Fondo Financiero Distrital de Salud, la dependencia que había girado los recursos para la nueva obra del Hospital de Usme, que quería monopolizar con su presunto contratista aliado.

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Además de la postura que ha tenido el Ministro del Trabajo tanto ante la justicia como públicamente de no aceptar los hechos que le narró la Fiscalía, el abogado Jaime Lombana ya también expresó su inconformismo con la imputación.

"Quiero oponerme de manera respetuosa pero vehemente a la manera ilegal como se ha materializado esta imputación por parte del fiscal. La Corte Suprema ha dicho reiterativamente que esta audiencia ya no es una mera comunicación, un acto automático", dijo el abogado en la audiencia de octubre.

Además, le resaltó a la jueza que él denunció junto a Sanguino y otras personas el 'carrusel de la contratación' de Bogotá. "Él (el fiscal) habla de contratación, pero no se nos está imputando ningún delito en materia de contratación. Vea usted cómo habla de corrupción y de interés y beneficios, pero no se ha imputado jamás y no escuchamos la palabra cohecho propio o impropio", resaltó Lombana frente al fondo del delito, el cual cree que ya está prescrito.

El penalista cerró su intervención diciendo que su cliente ha sido un "líder de la izquierda colombiana honesta", y manifestando que la Fiscalía se equivocó al decir que el tráfico de influencias es continuado. A su criterio, se trata de un caso "ilegal".

Como la imputación fue avalada por el despacho, ahora la Fiscalía tendrá que sustentar su escrito de acusación en la Corte Suprema.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]