Red de tráfico de armas en la Policía infiltró en Bogotá esquema de seguridad de Marta Lucía Ramírez

Un nuevo escándalo sacude una de las direcciones más sensibles de la Policía Nacional: la de Protección (Dipro), encargada de resguardar la vida y la integridad de los más altos funcionarios y exfuncionarios públicos del país. Y las esquirlas del caso llegan hasta las Fuerzas Militares.

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Hace una semana, en una discreta operación, la Fiscalía capturó en Bogotá al subintendente Fabián Andrés Cuestas, quien fue jefe de turno del esquema de seguridad de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en medio de una investigación contra el tráfico de armas para organizaciones delincuenciales en la ciudad. Hay otras cuatro capturas y la Policía ya empezó a retirar a varios de sus implicados en el caso.

El expediente al que tuvo EL TIEMPO en primicia y que involucra al uniformado y sus presuntos socios fue llamado ‘Operación Ares’, investigación que arrancó en junio de 2023 con un par de informantes que son testigos protegidos por la Fiscalía.

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Cuestas es, según las pruebas presentadas ante un juez, apenas una ficha en un esquema de corrupción que llegaría mucho más alto en la institución. Lo que dice la Fiscalía es que la red desviaba armas de distinto tipo -pistolas, revólveres, mini-uzis, rifles- y munición de la Policía, y que utilizaba carros asignados a la protección de altos dignatarios para mover el material de guerra por la ciudad. Otro de los policías capturados, el subcomisario (r) Jehicinio Ciro, estuvo asignado al esquema de seguridad del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, según los investigadores del caso.

En palabras del fiscal a cargo de la investigación, todavía "hay personas por identificar dentro de esta organización, que toca esferas no solamente de suboficiales, sino de oficiales con altos rangos". La Fiscalía destaca que la red aprovechaba la movilidad amplia que tienen los vehículos de protección de personajes públicos y que no hay ninguna relación entre las actividades de los policías señalados de cometer delitos y los dignatarios protegidos, que de hecho serían más.

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez le confirmó a EL TIEMPO que Cuestas hizo parte de su esquema durante varios años y que, a raíz del curso para general de su jefe de seguridad, el año pasado, él estuvo como jefe de turno. “Salió del esquema por decisión de la Dirección General, que me fue comunicada el mismo día de su retiro”, afirmó la también exmindefensa y excanciller.

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Ramírez no estaba enterada de la investigación: "Nunca tuve conocimiento de esas actividades, que me parecen absolutamente inaceptables y condenables en caso de que se comprueben. El suboficial fue una persona en quien deposité plenamente mi confianza y seguridad personal”.

Este diario conoció chats, grabaciones y la narración que hizo el fiscal ante un juez en contra del subintendente Cuestas, el subcomisario Ciro, el sargento (r) del Ejército Carlos Felipe Rincón, el también exintegrante de dicha fuerza Jorge Armando Torres y Jorge Alexánder Pineda, el presunto cabecilla de la organización.

Un retén de la Policía del pasado 18 de enero en la vereda Salitre, de Guasca, fue clave en el desmantelamiento de la red, en la que Fabián Andrés Cuestas era conocido como alias Calvo.

Ese día, lo que estaba planeado como una salida a practicar polígono entre Cuestas y un reconocido cirujano llamado Andrés Serrano terminó en un operativo de la Policía de ese municipio de Cundinamarca. Al momento de la requisa, los patrulleros encontraron en el carro unas cajas de munición que no tenía por qué estar en manos de un civil. Al ser interrogados, el médico contestó que las balas eran suyas, mientras Cuestas mostraba la documentación de las dos armas que portaba.

Otra grabación refleja la conversación telefónica que posteriormente tuvo el subintendente con Alexander Pineda. En ella, le contó que ‘JL’ (alguien no identificado) iba a llegar al retén y que estaba buscando hablar con generales ante la prisa del momento, pues los patrulleros insistían en la incautación. Pineda contestó que arreglara ese problema lo antes posible.

Después, Cuestas llamó a un hombre identificado como intendente jefe Jhon Rivera, al que también le contó del retén: “Estoy en un chicharrón con el doctor Andrés porque le cogieron una munición que traía en el morral y lo judicializaron. Es mejor prevenir, lléveme esa carabinita que está debajo de la cama de Nicol y entre al closet del lado izquierdo de la habitación, ahí hay unas cajitas y guárdelas en el apartamento", dijo Cuestas. Se refería a material de porte restringido que estaba en una casa particular.

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La conversación sigue con los siguientes mensajes:

Jhon: "¿Pero ya charlaron con los manes?".

Cuestas: "No, ni mierda, ya lo judicializaron, ya está capturado".

Jhon: "¿Y no se dejaron hablar los tombos?".

Cuestas: "No, ni mierda, es un hp mejor dicho. El doctor me dijo: 'hay seis millones, cuadre eso'. Y el hp no. Ya le marco que voy a hablar con un man de la Sijín".

Otra de las interceptaciones de ese 18 de enero hechas por la Fiscalía, dejan ver que al parecer Cuestas hizo varias llamadas supuestamente hasta a un general para que mediara, algo que no sirvió porque el caso al parecer ya había sido reportado a una fiscal. 

De hecho, en una conversación con la patrullera Jenny Castro, le contó que "eso llamó el general no sé qué, llamó Delgado, todo el mundo ha llamado y hay un hp intendente jefe y el man no quiso. A lo que ella le respondió: "Uy, mucho desgraciado, Adrián. ¿Y no sirvió ni el general ni el coronel ni nada?" Ahora solo falta que salgan en noticias".

Un día después, Cuestas habló con un hombre de lo que había pasado y mencionaron que, en efecto, hubo llamadas con “Delgado, el general Gualdrón y la capitán de la secretaría del ministro de Defensa (para la época, Iván Velásquez), por eso le indico que la investigación sigue. Estamos hablando de altos dignatarios del Estado", recordó el fiscal.

Este diario se ó con el general José Daniel Gualdrón, quien para la época era comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. El oficial aseguró que a él lo llamó el cirujano Serrano porque se conocían, y que le contó que lo tenían en Guasca por una munición incautada. “El doctor me llama y me dice: ‘tengo esta situación’, iba a ser polígono’. Llamé al comandante y me explicó que llevaban armas allí y le dije que hiciera el procedimiento que corresponda porque ahí no me meto”.

Al ser interrogado de si él trató de frenar la judicialización del cirujano, lo negó rotundamente. “¿Cómo iba a intervenir si la Fiscalía hizo el procedimiento? Cuando llamé ya estaba en el calabozo, no fue en el momento de la incautación”, cerró el general, quien afirmó que no conoce a Fabián Andrés Cuestas.

Los señalamientos contra Cuestas tienen dos grandes capítulos. El primero el de Guasca y el segundo revelaría la forma en que sacarían, en carros oficiales, cajas de armamento desde la Dirección de Protección (Dipro) de la Policía. Para revelar este capítulo, la Fiscalía hizo interceptaciones telefónicas y contó con los informantes protegidos por la entidad.

Uno de ellos narró ante los investigadores que empezó a sospechar del subintendente Cuestas desde junio de 2023, cuando era el jefe de turno de Marta Lucía Ramírez. "Me doy cuenta de que empieza a ir a la Dirección de Protección conmigo y me dice que ingresemos al sótano", dijo el hombre. 

Esa vez, según el expediente, se vieron con el mayor Sierra y con Calero, estacionando el carro pegado al armerillo. "Ellos echan unas cajas, yo me bajo del vehículo, y se escucha que son un poco pesadas; suben a la camioneta y me dicen que salgamos", contó un informante. A la salida de la Dipro, según él curiosamente no les revisaron la bodega del carro, partiendo así hasta un lugar cerca del barrio Bochica.

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Ese tipo de viajes en carros oficiales con cajas verdes –que por sus colores identificaron como parte de la Policía- se mencionan en un par de ocasiones, hasta que una vez desde el edificio de la exvicepresidenta, al parecer Cuestas le pidió al testigo que llevara una maleta a la panadería que quedaba cerca de la casa del sargento Jehicinio Ciro. Ya en el negocio, una mujer le dijo al testigo que no conocía al tal Ciro, aunque después contestó “yo no les puede recibir más eso”, explicando que la escena ya estaba pasando mucho en la Policía.

Frente a este escándalo, la exvicepresidenta señaló: “Está visto por varios antecedentes que ha vivido la institución, que la contrainteligencia y los controles internos de la Policía Nacional sobre sus que tienen responsabilidades de tan alto nivel para la seguridad nacional, amerita ajustes urgentes”.

Su exescolta permanecerá privado de la libertad, así como sus otros cuatro socios, quienes no aceptaron los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y utilización ilegal de uniformes e insignias que les imputó la Fiscalía, que en el operativo para dar con ellos en Bogotá y Zipaquirá les incautó 20 revólveres y pistolas, un rifle, una escopeta, dos mini-uzi, un fusil, munición y dinero en efectivo. Mientras responden por las acusaciones, estarán privados de su libertad.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]