Decreto 0572: Anticipo de renta impactará a MiPymes y pone en riesgo su liquidez, advierte Acopi

El Observatorio Nacional de la MiPyme advierte que el Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, impone una carga fiscal anticipada que podría afectar la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia.

La medida, según gremios empresariales, agrava la crisis de liquidez y amenaza el empleo formal.

El 28 de mayo de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 0572, que entrará en vigencia el 1.º de junio del mismo año. El documento establece el incremento de autorretenciones especiales como mecanismo para mejorar el flujo de caja del Estado. Esta disposición permite al Gobierno recaudar de manera anticipada el impuesto de renta correspondiente a períodos futuros, particularmente del año 2026, durante el 2025.

En su contenido, el decreto invoca el artículo 365 del Estatuto Tributario como fundamento jurídico para intensificar las retenciones en la fuente, lo cual, dicen las empresas que  implicará que miles de empresas deban trasladar recursos al Estado antes de haber generado utilidades definitivas.

Desde el Observatorio Nacional de la MiPyme, su presidenta, Rosmery Quintero Castro, alertó que esta medida representa una presión desproporcionada sobre el flujo de caja del tejido empresarial colombiano. En un comunicado oficial, advirtió que las MiPymes, al tener que anticipar el pago de impuestos sobre ingresos aún no causados, enfrentarán una pérdida inmediata de capital de trabajo.

“La presión fiscal limita seriamente su capacidad para cumplir con compromisos fundamentales como el pago de nómina, la atención a proveedores y las obligaciones crediticias”, señala el documento del Observatorio.

La situación es particularmente preocupante en un entorno económico marcado por tasas de interés elevadas, bajo crecimiento y dificultad de al crédito formal. El documento expone que, ante la necesidad de cumplir con estas obligaciones fiscales, muchas empresas podrían verse forzadas a endeudarse en condiciones desfavorables, incluso recurriendo a prácticas de agiotismo.

Durante el año 2024, las devoluciones de saldos a favor por parte de la DIAN se redujeron en un 23,41% en comparación con 2023. Este hecho, sumado a la caída de rentabilidad reportada por el 42,9% de las MiPymes según la Encuesta de Desempeño Empresarial del cuarto trimestre de 2024, refleja un panorama difícil para este segmento empresarial.

El Observatorio advierte que en 2024 se registró la desaparición de 279.740 empresas en Colombia, de las cuales el 99,2% eran microempresas (277.597). Esta cifra refleja una fuerte destrucción del aparato productivo más vulnerable del país, tendencia que podría agravarse si se suman nuevas cargas tributarias y laborales.

Uno de los efectos secundarios que podría generar el Decreto 0572 es un alza en los niveles de inflación. El Observatorio señala que muchas de las actividades económicas que enfrentarán aumentos en las autorretenciones corresponden a sectores clave como el agropecuario y el comercio. El incremento en los costos operativos podría trasladarse a los precios finales al consumidor, afectando la canasta familiar.

La decisión del Gobierno de anticipar ingresos futuros también genera preocupación por el impacto en las finanzas públicas a mediano plazo. Desde el Observatorio se cuestiona si los 7,38 billones de pesos que se pretende recaudar mediante esta medida tendrán un destino estratégico que contribuya efectivamente a resolver problemáticas estructurales como salud, infraestructura o servicios públicos.

La directora ejecutiva de Acopi advierte sobre el riesgo de que dichos recursos sean utilizados con fines proselitistas, especialmente en un contexto preelectoral, dejando una “bomba fiscal” al próximo gobierno. El anticipo del recaudo del 2026 genera un vacío presupuestal futuro, lo que implicaría un reto mayor para las finanzas del país en el mediano plazo.

Ante este escenario, el Observatorio Nacional de la MiPyme solicitó a los entes de control que vigilen el uso de los recursos recaudados y garanticen que estos se destinen exclusivamente a fines sociales y económicos que beneficien a la mayoría de los colombianos.

Además, insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional reflexione sobre las implicaciones económicas y sociales de este tipo de medidas. En particular, pidió que se garanticen mecanismos eficientes y oportunos para la devolución de saldos a favor, y que se reconozca la dificultad de adaptación de las empresas ante cambios abruptos que no han sido planeados presupuestalmente