Este es el audio que estudian como prueba contra red que le compraba armamento a policías activos de Bogotá

Tras la captura de cinco hombres y la incautación de un poderoso arsenal de armas y municiones en Bogotá y Cundinamarca, se conoció la forma en la que esta organización compraba el arsenal para, posteriormente, comercializarlo en la clandestinidad a ciudadanos del común y otras organizaciones.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados son Jorge Alexander Pineda Ramírez, supuesto cabecilla de la red de traficantes de armas; el subcomisario Jehicinio Ciro Cardona y el intendente jefe Fabián Adrián Cuestas Beltrán, integrantes de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional de Colombia (DIPRO); el sargento en retiro del Ejército Nacional, Carlos Felipe Rincón Veleta, quien fue armero en batallones y guarniciones militares; y Jorge Armando Torres Reyes, propietario de un almacén de artículos militares.

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La investigación pudo determinar que estas personas se encargaban de extraer de manera ilegal armas y cartuchos de diferentes calibres de instalaciones militares. Posteriormente, alteraban los sistemas de registro del armamento y la munición para comercializarlos.

“Esto lo hacían con el propósito de cambiarle la apariencia al material y venderlo de manera clandestina a ciudadanos, organizaciones y grupos que brindan servicios de protección y seguridad privada que aban a la estructura ilegal”, indicó la Fiscalía.

Los cinco señalados fueron capturados en allanamientos simultáneos entre Bogotá y Zipaquirá (Cundinamarca). En estos mismos procedimientos se incautaron 20 revólveres y pistolas, un rifle de alta precisión, una escopeta, dos mini uzi, un fusil, 51 proveedores, 33 cajas de munición, 3.460 cartuchos, cinco celulares, 152 millones de pesos y 1.105 dólares americanos en efectivo.

En audiencias, un juez de control de garantías les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, rios, partes o municiones. Específicamente, al subcomisario Jehicinio Ciro Cardona le imputaron el cargo de utilización ilegal de uniformes e insignias, y a Rincón Veleta el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Ninguno de los procesados aceptó cargos.

Tres de los imputados fueron cobijados con detención domiciliaria, mientras que Rincón Veleta y Torres Reyes permanecerán en un centro de reclusión militar por sus actuales cargos.

La Fiscalía General de la Nación reveló que estos sujetos se aprovechaban de los cargos que ocupaban —o que habían ocupado— para tener al armamento. Asimismo, gracias a unas interceptaciones, se conoció el audio de una llamada en la que se escucha el valor que pagaron por unas municiones.

—Por ahí le compré cuatro cajitas a un man del Copes, pero está caro, a 280.

—¿9 milímetros?

—Sí.

—Ush, ¿a 280?

—Me dijo: "Parcero, no, ahorita no le están bajando de 400 una caja". Estaba pidiendo 300 y le dije que cuánto es lo mínimo que deja eso. Me dijo: "Jefe, 280, échele mano que eso ahorita está difícil de conseguir". Yo prefiero comprarlas, así sean caras.

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En el audio de 26 segundos, los sujetos mencionan que la caja de munición 9 milímetros fue comprada a un uniformado del Copes, que traduce Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, una unidad de la Policía Nacional con entrenamiento de punta y especializada en operaciones de alto riesgo.

Esta conversación pondría en evidencia que algunos uniformados de diferentes especialidades de las autoridades estarían sacando armamento por su cuenta para ponerlo a disposición de redes delictivas como esta que fue desarticulada.

Miguel Castellanos 

En X: @LoQueOlvido

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