Lo que cambia con la nueva ley de matrícula cero: ¿No había ya gratuidad?

El Congreso de la República aprobó la llamada Ley de Matrícula Cero, la cual garantiza la gratuidad de la matrícula en las instituciones de educación superior públicas del país. Se trata de un proyecto muy esperado pero que, al mismo tiempo genera preguntas en la comunidad estudiantil, en especial porque desde hace dos años ya existía una estrategia de gratuidad en este sector.

El proyecto, que está a la espera de su sanción por parte del presidente Gustavo Petro y su respectiva reglamentación para poder entrar a funcionar, permitirá que los jóvenes que entren a las universidades, instituciones universitarias e institución técnicas y tecnológicas de carácter oficial puedan estudiar de manera gratuita.

Sin embargo, se trata de una iniciativa que tuvo varios cambios en su tránsito en el Congreso, que incluye algunas novedades, pero que también es cierto que en su camino perdió algunos puntos clave.

Lo más importante del proyecto es que convierte en ley lo que hasta ahora era una política pública que dio inicio el gobierno de Iván Duque, que dio continuidad el de Gustavo Petro, y que este último había propuesto su fortalecimiento en el Plan Nacional de Desarrollo.

De esta forma, lo que hace es blindar la medida para que, a la llegada de otro gobierno, sea eliminada. Además, establece la obligación del estado para mantener la ayuda.

“La política pública de gratuidad en la matrícula será de forma progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Gobierno Nacional”, establece el articulado conciliado entre Cámara y Senado.

Además, se establece que, acorde con la disponibilidad presupuestal que haya, se establezca un sistema de apoyos de sostenimiento a los jóvenes para garantizar su permanencia en la educación superior.

El monto y frecuencia de este subsidio tendrá que reglamentarse, así como los mecanismos de focalización del mismo, con el fin de que llegue a población priorizada por su ubicación en el Sisbén IV, pertenencia a comunidades étnicas o por ser población víctima del conflicto.

El proyecto tuvo cambios importantes. En primer lugar, y el más importante, es que ya no será matrícula cero universal para todos los estudiantes. El proyecto original especificaba que debía cubrirse la educación superior sin distinguir ingresos ni posición socioeconómica.

Pero el parágrafo que así lo establecía se modificó y quedó de la siguiente manera: “La política pública de gratuidad en la matrícula se armonizará con las diferentes políticas públicas educativas del Gobierno Nacional”.

Esto quiere decir que cada gobierno establecerá, según su política, a quién se dirigirá este beneficio, si va a todos los estratos socioeconómicos, solo a estratos 1, 2 y 3 o se priorizará mediante Sisbén IV. Esto hace que el número de beneficiarios sea incierto y pueda cambiar dependiendo de la decisión del gobierno de turno.

También se eliminó el parágrafo que buscaba que se cubrieran otros costos universitarios como inscripciones, derechos de grado, residencias universitarias, transporte, entre otros, costos que seguirán saliendo del bolsillo de los estudiantes y sus familias.

El artículo 5 de la nueva ley establece lo siguiente: “El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación se encargará de establecer los requisitos académicos para la permanencia de los estudiantes beneficiarios de la gratuidad en la matrícula. Asimismo, establecerá las medidas a imponer a los estudiantes que dejen su proceso de formación inconclusa y hayan sido beneficiarios de la gratuidad en la matrícula”.

En otras palabras, la ley dice que un estudiante podría perder el beneficio de matrícula cero si no cumple con ciertos requisitos académicos o si se abandonan los estudios, que se espera que sean mínimos para garantizar la permanencia de los estudiantes, pero al mismo tiempo asegurar que el Estado no pierda recursos financiando a jóvenes que pierdan materias o semestres, permaneciendo de manera indefinida en el sistema.

Actualmente el beneficio de gratuidad en la matrícula ya está disponible, aunque la forma en que está estructurada la política ha sido cuestionada. Esto se debe a que, inicialmente, durante 2022 efectivamente se garantizó la gratuidad para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

Pero a partir de 2023, el beneficio se limitó en su alcance, por lo cual ya no se cubría a todos los jóvenes de pregrado en estos niveles socioeconómicos, sino solo a aquellos que cumplieran ciertas condiciones, como estar registrados en ciertos niveles del Sisbén.

La norma permitiría al gobierno a ampliar la cobertura de quienes son beneficiarios de la matrícula cero, dado que esta se adapta a la política y las metas del gobierno de turno.

Y es que el modelo actual afectaría a muchos jóvenes, según explicó Hami Gómez, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) : “Cuando se revelen las cifras de este año de matrículas seguramente va a haber una reducción en el número de beneficiados de esta política, porque cambiaron los requisitos para acceder, basados en los grupos A, B y C del Sisbén VI, o sea, ya no es para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, sino solo los sisbenizados. Esto aumenta las barreras de y la deserción estudiantil".

A estos reparos, se suman los de Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Estatal Universitario, la organización que agrupa a todas las universidades públicas del país.

En diálogo con EL TIEMPO, Torres aseguró que “la política de gratuidad del Gobierno tiene algunos problemas. Primero, que no es gratuidad de la educación pública, sino solo de la matrícula. No contempla otros costos universitarios, como los derechos de grado o los costos de inscripción”.

REDACCIÓN EDUCACIÓN