Universidades públicas: lo que hay detrás de la billonaria crisis financiera de la educación superior pública

Las universidades públicas del país atraviesan desde hace años por una grave crisis financiera. En un nuevo capítulo, la Contraloría General de la República lanzó una nueva alerta por la situación fiscal, presupuestal y pensional de las principales instituciones de educación superior oficiales: Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad Industrial de Santander.

De acuerdo con el ente de control, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, muestran con corte a diciembre de 2024 un pasivo pensional que asciende a $8,3 billones de pesos, siendo el caso de la Unal el más grave, al acumular un pasivo de $4,5 billones de pesos.

Sin embargo, la situación real de todo el sector sería mucho más crítica que la revelada por el ente de control, ya que este solo analizó lo que ocurre en las principales cuatro universidades del sector público: Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad Industrial de Santander. De hecho, el Sistema Universitario Estatal (SUE) estima que en los últimos 30 años el déficit estructural que acumulan las 34 universidades públicas del país supera los $17 billones de pesos.

Así lo explicó a EL TIEMPO Jairo Miguel Torres, presidente del SUE y de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún): “Estamos hablando de $17 billones de pesos que se desprenden de lo que las universidades han dejado de recibir debido a que los incrementos presupuestales que destina la nación se incrementan año a año con el IPC (como lo establecen los artículos 86 y 87 de la Ley 100 de 1992), es decir la inflación. Sin embargo, los costos de operar, tasados por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) del Dane son mucho más altos”.

De acuerdo con el SUE, históricamente los costos de las universidades públicas se incrementan en promedio cada año 5,2 puntos porcentuales por encima del IPC, y en algunos casos mucho más. Solo por poner un ejemplo, mientras que el IPC del año 2024 fue del 5,2 por ciento (siendo esto lo que por ley se debería aumentar a la base presupuestal), el ICES mostró una variación anual del 18,32 por ciento para el semestre 2024-1 y del 9,58 por ciento para el semestre 2024-2.

Torres explica que este desfase ha llevado a que las universidades públicas, que para 1993 se financiaban casi en su totalidad con recursos del Gobierno, hoy se vean a gatas para poder salir a flote: “Hoy la Nación y las entidadesterritoriales dan el 55,25 por ciento del presupuesto a las universidades, mientras que alrededor del 44,75 por ciento lo generan las mismas instituciones a través de la venta de servicios. Esa es la realidad financiera de las universidades. Si no se establece un nuevo modelo financiero, ese desfinanciamiento tiende a agudizarse y muchas universidades no van a tener recursos para poder sostenerse”.

Cabe destacar que a raíz de los acuerdos firmados en 2018 por el gobierno de Iván Duque, desde ese año se viene destinando más recursos a la base presupuestal de las universidades que lo que establece la ley, lo cual también viene haciendo el gobierno de Gustavo Petro, que para 2025 aumentó el IPC más 11 puntos adicionales. Esto, si bien ha ayudado a que el déficit no se incremente más, es una medida que depende de la voluntad del gobierno de turno (el acuerdo venció en 2022) y algunos años continuó siendo más bajo que el porcentaje establecido por el ICES, como ocurrió este año.

Tanto el Gobierno, universidades y expertos coinciden en que el desfinanciamiento de las universidades públicas es una realidad, y que se derivaría de problemas de cálculo a los incrementos de la base presupuestal de los artículos 86 y 87 de la Ley 30.

Así lo explicó Francisco Vargas Bonilla, vicerrector académico de la Universidad de Antioquia, que actualmente atraviesa por un difícil momento financiero a raíz de este desfinanciamiento: “Primero se necesitan actualizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Esos recursos históricamente vienen presentando una brecha entre el crecimiento de los costos de las universidades públicas versus la actualización de esa base presupuestal, el costo de lo que se denomina la canasta educativa en el país ha estado muy por encima del valor del IPC que establece la ley”.

Diferentes expertos consultados por este diario coinciden en que este cálculo no tuvo en cuenta varios aspectos, como por ejemplo que las instituciones tuvieran un crecimiento exponencial en el número de estudiantes, lo que requiere unos mayores gastos de funcionamiento. Y es que el sistema de universidades públicas pasó de tener 159.218 en el año de 1993 a unos 744.821 en el 2023 (últimos datos revelados por el Sistema Nacional de Información de Educación Superior - Snies).

Esto causó que en los últimos 20 años, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, mientras la población atendida por las IES públicas creció un 169 por ciento, la base presupuestal lo hizo apenas en un 62 por ciento en términos reales, lo cual evidencia el carácter acumulativo y estructural del desfinanciamiento.

Pero tampoco tiene en cuenta que el salario de los empleados públicos también se incrementa año a año más que el valor del IPC y que los profesores universitarios tienen un régimen salarial distinto, que se rige por el decreto 1279 de 2002 y se calcula por puntos que también se incrementan por encima de la inflación, los cuales son otorgados por antigüedad, formación, producción académica, entre otros, lo cual hace que tan solo los gastos de nómina no se puedan cubrir con los incrementos anuales que las instituciones reciben de la Nación.

A causa de esto, se presentan casos como el de la Universidad Nacional, donde entre 1993 y 2023 el número de estudiantes de pregrado creció un 332 por ciento, mientras que los recursos de la institución solo aumentaron un 167 por ciento. “Esta brecha ha generado un déficit estructural que amenaza la calidad y sostenibilidad de la educación superior pública”, aseguró recientemente la Unal en un comunicado.

O casos como el de la Universidad de Antioquia, cuya crisis actual (que la llevó entrar en un plan de austeridad, a retrasar sus pagos y a que, a la fecha, no se reconozcan a los profesores los nuevos puntos obtenidos desde el mes de septiembre) es explicada por sus directivas por cuenta del desfinanciamiento derivado de la Ley 30.

Precisamente, el tema salarial es de los que causa mayor preocupación en el informe de la Contraloría, que “permite la acumulación de puntos salariales por productividad académica, con los cual los costos anuales crecen a un ritmo importante mientras que los recursos presupuestales asignados para sufragar estos gastos no siguen la misma dinámica, viéndose estas entidades en dificultades para hacer frente a sus obligaciones. Un caso para destacar es el de la Universidad de Antioquia, que en el 2017 reconoció un Valor Anual de los Puntos Asignados por $10.364 millones, mientras en el 2024 este valor ascendió a $18.239 millones, lo que significa un crecimiento del 76 por ciento”.

Sobre este punto, el análisis de la entidad recuerda que “la Nación nunca ha asignado recursos específicos para cubrir los incrementos salariales en mención. Aunque se han transferido recursos adicionales, gran parte de ellos han tenido una destinación específica. Tal es el caso de los planes de cobertura que han venido implementando las universidades”.

Contrario a lo que ocurre con otros proyectos, parece haber un consenso en que es necesario reformar la Ley 30 de 1992, y de hecho, en septiembre del año pasado el Ministerio de Educación y congresistas de diferentes bancadas radicaron un proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 (los referentes a la financiación).

Entre otras cosas, el proyecto sustituye el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) como referencia de actualización presupuestal, la vinculación del crecimiento de los aportes al crecimiento real del PIB y la inclusión de criterios de calidad, cobertura, equidad e inclusión.

Sin embargo, y pese a que la iniciativa fue apoyada por el Gobierno y la bancada oficialista, esta reforma no ha tenido el suficiente ruido en el Congreso, y continúa a la espera de un primer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República, por lo que la discusión para salvar financieramente a las universidades públicas está estancada.

Y adicional a esto, hace pocas semanas el Ministerio de Educación emitió un decreto que busca formalizar a los docentes universitarios, reduciendo significativamente los contratos temporales, ocasionales y de hora cátedra.

Al respecto, Jairo Torres, presidente del SUE, aseguró que "estos planes de formalización le costarían 2,9 billones de pesos al año adicionales a la base presupuestal de funcionamiento" solamente a las universidades públicas (sin tener en cuenta a las instituciones técnicas y tecnológicas oficiales, a las cuales también se les aplica el decreto).

MATEO CHACÓN ORDUZ | Subeditor Educación - Vida