Los puntos clave de la reforma de la educación superior que cocina el Gobierno

Luego de las reformas de la salud, pensional y laboral, la siguiente en la agenda del gobierno del presidente Gustavo Petro será la de la educación superior, concretamente, de la Ley 30 de 1992, la cual, entre otras cosas, rige las transferencias que hace la Nación a las universidades públicas, norma que, a su vez, ha sido durante años ampliamente cuestionada como la causante del enorme déficit fiscal que afecta al sector (que se estima en más de 15 billones de pesos).

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En medio de un encuentro realizado en Paz del Río, Boyacá, el Presidente comenzó a preparar el terreno para dicha reforma, unos días después de que se conociera el ‘ultimátum’ que les dio a los funcionarios del sector tras considerar que no han dado los resultados esperados, pidiendo organizar asambleas estudiantiles cuyos aportes servirán para “preparar la reforma de la ley de educación superior”.

“Todo el movimiento estudiantil de Colombia debe citarse a asambleas para la reforma de la Ley 30, que debe ser presentada después del 20 de julio y que debe tener la máxima participación juvenil”, dijo el presidente Petro.

Se trata de una propuesta que ha estado constantemente en el discurso del Gobierno, en especial del Ministerio de Educación, y que fue traída a colación de nuevo por el mandatario en su discurso del pasado 7 de junio. Pero también ha sido la norma que ha servido como detonante de pasados paros estudiantiles, como los de 2018 y 2019.

Sin embargo, quedan dudas sobre cómo será el trámite de esta iniciativa. Esto debido a que el Ministerio de Educación ya abrió mesas de diálogo a nivel nacional para avanzar en la estructuración de la reforma, mientras en el Congreso ya cursan dos iniciativas con el mismo fin, una de ellas ya aprobada en primer debate.

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Esta última es la presentada por la exrepresentante estudiantil y actual representante a la Cámara Jennifer Pedraza junto con el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde. Este proyecto busca reformar únicamente los artículos 86 y 87 (los más problemáticos en materia presupuestaria), cambiando así el cálculo de las transferencias de la Nación a las universidades.

Por su parte, el presidente de la Comisión VI de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca Torres (también de la Alianza Verde), presentó un nuevo proyecto que busca una reforma integral de la norma (no solo de los artículos 86 y 87) y que incluye, entre otras cosas, ampliar el presupuesto que se debe dedicar a bienestar universitario, modificar la composición del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu, máximo órgano universitario a nivel nacional) con mayor participación estudiantil.

Por lo que ha mencionado la ministra de Educación, Aurora Vergara, la reforma que espera hacer el Gobierno iría por esa línea, de que sea integral y no solo de los artículos relacionados con la financiación de las instituciones de educación superior oficiales. De esta forma, está por definirse si el Gobierno presentará su propia propuesta (como ha dado a entender el presidente Petro) o si se sumarán, con modificaciones, a las iniciativas que ya cursan en el Congreso (como había planteado la ministra).

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El aspecto central de la reforma será la financiación de las instituciones de educación superior, que expertos, rectores y estudiantes han reivindicado, dado el delicado estado financiero de las universidades.

Esto debido a que la mencionada Ley 30 establece que el presupuesto que asigna el Estado a las instituciones públicas corresponde al valor del IPC. Así las cosas, la idea es que las transferencias se hagan ahora con base al Índice de Costos Universitarios del Dane.

De acuerdo con Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE, que agremia a todas las universidades públicas), este mecanismo es el causante del actual desfinanciamiento. “En los últimos 30 años, los costos universitarios han subido, en promedio, 5,2 puntos por encima del valor del IPC”, señaló Torres.

Y es que el aumento en el número de estudiantes (que se triplicó desde que se emitió la norma), el incremento de la infraestructura, más el de los salarios y otros costos superan lo contemplado hace 30 años, lo cual ha llevado a que las instituciones cubran ellas mismas el 44,75 por ciento de sus gastos de manera autónoma y arrastrando un faltante presupuestal de 15 billones de pesos. De acuerdo con Laura Alzate, presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), esto ha llevado a casos como el de la Universidad de Caldas, donde hoy hacen falta 22.000 millones de pesos para poder cerrar el año presupuestalmente.

Por su parte, Hami Gómez, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), explicó que “en el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional, la mayor parte del presupuesto que entrega el Gobierno se va solamente para pagar nómina. No alcanza para más, para pagar servicios, mejorar la infraestructura, bastante deficiente”.

REDACCIÓN EDUCACIÓN