Trabajar con Bogotá

Por múltiples diferencias que puedan surgir en el ejercicio del poder, la armonía entre distintos entes que conforman el tejido de nuestra democracia debe prevalecer. Las responsabilidades que emanan de cada uno de ellos tienen impacto sustancial en el bienestar de los ciudadanos, que son, en últimas, receptores principales de las decisiones que se tomen o se dejen de tomar.

La serie de desencuentros que vienen sosteniendo el Presidente de la República con la Alcaldesa de Bogotá están pasando de castaño oscuro. El último episodio tiene que ver con la prolongación de una de las vías más importantes de la capital, la avenida Boyacá, en el norte, entre las calles 183 y 235. Para ello, es necesario sustraer 20 hectáreas de la reserva Thomas van der Hammen, que representan el 1,49 por ciento del área total.

Aunque la CAR ya había autorizado dicha sustracción y está pendiente de los estudios ambientales que presente el Distrito, el presidente Gustavo Petro expresó su inconformidad con la iniciativa por considerar que la prolongación de la avenida puede acabar con la reserva forestal y con el oxígeno. Más tarde, fue su ministra de Ambiente, Susana Mohamad, quien salió a secundarlo y anunció una asamblea ambiental para defender el ecosistema.

La posición del Presidente incomodó a la alcaldesa Claudia López, quien le recordó que en el pasado, siendo Petro alcalde de Bogotá, también propuso, en su fallido Plan de Ordenamiento Territorial, la prolongación de la Boyacá de manera concertada. La mandataria insinuó, además, que la posición del Presidente coincide con la época electoral.

No es el primer desencuentro entre Petro y López. De por medio hay diferencias de fondo por la primera línea del metro, por los policías que el Gobierno Nacional le quitó a la ciudad, por el ingreso solidario que el Ejecutivo suspendió a 161.000 familias pobres, por la falta de apoyo para los Regiotram, por las críticas constantes a la consolidación de la región metropolitana, entre otros. Las relaciones, qué duda cabe, están en un momento crítico.

En lo que tiene que ver con la reserva –y el Presidente lo sabe– es clave señalar que la prolongación de la Boyacá no la atravesará “por la mitad” y que su afectación será mínima, acorde con los lineamientos que señalen las propias comunidades ambientalistas. Privar de esta obra a Bogotá significa condenar a la ciudad, a los municipios vecinos y a millones de personas a quedar sin una infraestructura que les permita afrontar su vida diaria, de por sí nada fácil.

Bogotá no merece la falta de sintonía que se advierte desde el Ejecutivo. Su dinámica social y económica requiere del respaldo decidido de las autoridades nacionales, máxime cuando es esta ciudad la que contribuye de manera significativa a la salud financiera y el progreso del país y de los colombianos.

Insistimos, por encima de las diferencias políticas está el trabajo mancomunado entre autoridades nacionales y locales, cuyo objetivo fundamental es la gente. Por supuesto que caben los desacuerdos, pero lo que resulta perjudicial es que estos predominen, sin que se generen espacios de consenso sobre lo fundamental. Es momento de acudir a la sensatez y que el Gobierno abra espacios para revisar sus reparos. La ciudad merece esa oportunidad de diálogo con argumentos técnicos. Cuando se trata del bienestar colectivo, la señal que debe predominar es la de la unión de las voluntades políticas que son capaces de darle sentido a la coexistencia.

EDITORIAL