Salto al pasado

Hay que hacer todo lo posible para que los meses posteriores a la firma del acuerdo de paz con las Farc en el teatro Colón no se vean cada vez más lejanos y lo que en ellos surgió sea recubierto por un manto de utopía.

Poco después de la firma, el 24 de noviembre de 2016, comenzaron a verse los primeros frutos de la paz. Fueron varias las historias que el país conoció sobre antiguos guerrilleros que se embarcaban en proyectos productivos generadores de tejido social y de bienestar para ellos, sus excompañeros y su entorno. La mayoría de estos en el marco de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y apoyados en la arquitectura institucional que surgió del acuerdo.

Uno de los casos que mayor despliegue recibió fue el del grupo de excombatientes que en Miravalle, Caquetá, se la jugó por un proyecto que combinaba ecoturismo con la práctica del rafting al más alto nivel. Su nombre: Remando por la Paz. El equipo que conformaron logró clasificar y a asistir a dos mundiales de la modalidad, además de haber conseguido un cupo para la cita panamericana de este año. Paralelo a la actividad turística y deportiva, habían implementado una escuela infantil de este deporte extremo.

Pero, así como en su momento esta experiencia llenó de esperanza al país, ahora, lamentablemente, surge la noticia conocida por un comunicado de estos excombatientes en el que anunciaron no solo que cesaban actividades, sino que habían tomado la decisión de salir del territorio. Esto por haber quedado en la mitad de la violenta confrontación que por el control de la zona libran el ‘Estado Mayor Central’ y la ‘Segunda Marquetalia’. De manera cruda pero acertada se refirieron a lo ocurrido como “un salto al pasado”.

Lo sucedido, naturalmente, generó reacciones a todo nivel. La ONU –a través del representante del secretario general en Colombia, Carlos Ruiz Massieu–, la Jurisdicción Especial para la Paz y el expresidente Juan Manuel Santos se pronunciaron rechazando lo ocurrido y recordándole al Gobierno su obligación de garantizar la seguridad de quienes le apostaron a la paz, dejaron las armas y comenzaron a construir una nueva vida en la legalidad.

Decíamos que el peligro acá es que gane la desazón y se asfixie la esperanza. Que un caso sin lugar a dudas símbolo de algo que se hizo bien viva esta triste historia tiene que llevar a una reacción firme y contundente del Estado. Ya son más de 400 los firmantes asesinados desde 2016 y este año van 14, según cifras de Indepaz. Al tiempo, ya fue necesario trasladar el ETCR de Ituango a Mutatá y comienza el traslado de los firmantes que estaban en el mencionado espacio de Miravalle.

Es muy confrontador para el Gobierno hablar de paz con quienes hoy siguen en la legalidad, al tiempo que aquellos que en su momento hicieron parte de la firma de un acuerdo viven en la zozobra. Los intentos pacificadores son necesarios, claro. Pero el primer ladrillo de cualquier esfuerzo de paz nuevo, llámese ‘paz total’ o como sea que se denomine, debe ser obligatoriamente mostrar con hechos, y no palabras, que quienes dejen las armas encontrarán las condiciones para iniciar una nueva vida. Urge que las instituciones se unan en torno a la causa de proteger a los firmantes que sí están honrando su promesa de paz.