La tarea del Congreso

El último periodo de sesiones del Congreso en el año, que comenzó el 20 de julio con un llamado del presidente Gustavo Petro a un acuerdo nacional para sacar adelante sus reformas, terminó esta semana en un inconveniente ambiente de pugnacidad producto de las críticas destempladas del mandatario a buena parte de los legisladores por decisiones que tomaron en ejercicio de su autonomía democrática. Esa tensión hace parte de un balance que es necesario abordar con sus luces y sombras.

Sobre el Capitolio se proyectó, por ejemplo, la sombra del sonado y muy lamentable escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que involucró a varios parlamentarios señalados de haber recibido dádivas a cambio de su apoyo a iniciativas gubernamentales.

El contexto ya mencionado de un Ejecutivo lanzando permanentes dardos –algunos con calificativos desobligantes– y señalamientos tan fuertes como carentes de sustento puso la vara en un nivel un poco más alto del habitual para los congresistas. Tuvieron por delante el reto de demostrarle al país, en un momento claramente crítico, que su actuar es independiente y está guiado, ante todo, por la defensa del interés general y la representación de los intereses de sus votantes. También, que están en sintonía con las sensibilidades y demandas de la sociedad, asuntos que han de prevalecer siempre, claro está, sobre los cálculos políticos de cada quien.

En términos generales, y a la luz de lo anterior, el balance está lejos de ser considerado catastrófico. Al contrario de las lecturas fatalistas y en clave de conspiración que se hacen desde el Ejecutivo, Senado y Cámara desempeñaron una oportuna labor de contrapeso, que es la que les corresponde. Es así como al tiempo que dieron vía libre a algunas iniciativas gubernamentales o que tuvieron abierto apoyo de la Casa de Nariño, negaron otras que, en su criterio legítimo, juzgaron inadecuadas para el país. En el primer grupo se encuentra la polémica reforma del Sistema General de Participaciones, que ha generado inquietudes fundadas sobre la capacidad de los entes territoriales para entrar a istrar mayor cantidad de recursos, muchos de ellos bajo el asedio del crimen organizado. Aquí será crucial la ley de competencias que deberá tramitarse el próximo año. De igual forma han avanzado, sin que sean ley todavía, la que cierra el paquete legislativo de la jurisdicción agraria –ya sin su artículo más polémico que aludía a posibles expropiaciones exprés–, la reforma laboral, la de la justicia y la no menos controversial de la salud, segundo intento, siguen vivas. Todas son de cuño gubernamental. No hay, por lo tanto, sustento real a la lectura del Presidente de un bloqueo legislativo a su agenda. Queda claro entonces que se está ante un Congreso haciendo su tarea.

Y así como se aprobaron proyectos provenientes del Gobierno, se negaron otros. Los más sonados, sin duda, fueron el Presupuesto General de la Nación y la ley de financiamiento. El comportamiento de las comisiones económicas frente a este dilema puede calificarse de responsable. Ante un presupuesto desfinanciado, cuya aprobación implicaba serios riesgos para las finanzas públicas, optó por rechazarlo. Le corresponde ahora al Gobierno, en el decreto que expedirá, atender este llamado a la responsabilidad fiscal ordenando el gasto, priorizando lo realmente importante –es decir, menos burocracia– y mejorando notablemente en términos de ejecución presupuestal, frente que sigue siendo crítico.

Mención aparte merecen leyes como la que prohíbe el matrimonio infantil, la que permite el divorcio exprés y la que da herramientas a las autoridades para controlar el ruido excesivo. Estas dan cuenta de una bienvenida sintonía del Congreso con tendencias y transformaciones en direcciones correctas que está viviendo nuestra sociedad. Notable es también la norma que crea el fondo No es Hora de Callar, campaña que cuenta con el respaldo de esta casa editorial, para prevenir, proteger y asistir a mujeres periodistas que han sido víctimas de violencia de género.

Quedan, como siempre, lunares. La pugnacidad en los salones y pasillos del Capitolio por momentos fue excesiva, enviando un pésimo mensaje a un país cansado de tanta intolerancia. Es urgente, así mismo, que la justicia aclare el papel de los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD para poder pasar esta vergonzosa página. No faltaron tampoco los trámites atropellados de proyectos y, como lo afirmó ayer el columnista de este diario José Gregorio Hernández, por momentos da la impresión de que la deliberación que debe darse en el Capitolio se trasladó a las redes sociales.

Con todo, el saldo en lo relativo a su función constitucional es el adecuado. Las instituciones están siendo puestas a prueba. No obstante grietas visibles y que deben ser intervenidas, el Congreso mantuvo su solidez estructural para bien de la democracia.

EDITORIAL