Frenar el confinamiento

Diferentes indicadores vienen dándole sustento estadístico a la preocupación por la manera como estructuras ilegales, de talante mafioso, han venido sustituyendo al Estado en varias zonas del país. Tanto en lugares apartados, en los que las instituciones han estado tradicionalmente ausentes o si han hecho presencia ha sido de manera esporádica y selectiva, como en centros urbanos.

Los más recientes y muy preocupantes tienen que ver con los desplazamientos masivos y los casos de confinamiento de poblaciones enteras por orden de un actor armado. Mientras los primeros aumentaron en un 7 por ciento el año pasado en relación con el 2022, los segundos crecieron en un aterrador porcentaje del 63, también en relación con 2022, según datos de la Defensoría del Pueblo.

No sorprende, por desgracia, que las principales víctimas de estos fenómenos sean poblaciones que, como los indígenas y los afros, han estado siempre en los márgenes de la sociedad. En la mitad de los casos, las víctimas de confinamientos fueron indígenas, mientras que en el 30 por ciento eran poblaciones negras.

Este grave panorama se registra al tiempo que se cumplen 20 años de la histórica sentencia de la Corte Constitucional declarando el Estado de Cosas Inconstitucional para el fenómeno del desplazamiento. Un problema que, tras el acuerdo de paz con las Farc, dejó ver cifras alentadoras pero que en los últimos años ha vuelto a mostrar tendencia al alza. Que para mayor preocupación, entre 2022 y 2023 creció también, según la misma entidad, la cantidad de municipios con presencia de grupos armados. Ya son 253. El aumento fue del 36 por ciento.

El asunto aquí pasa por entender que los factores que originan este peligroso panorama son muy diferentes a los que operaron a finales del siglo pasado y a comienzos de este. Ya no se trata, como lo señalan expertos, de grupos que hacen del desplazamiento masivo y violento de comunidades parte de su estrategia. Ahora estamos ante organizaciones que buscan el control social como algo necesario y funcional para sus rentas. De ahí que su accionar sea mucho más sutil y silencioso pero no por ello menos brutal y, por supuesto, ilegal.

Frente a este desafío, el actual gobierno ha optado por golpear militarmente las estructuras de las organizaciones –en lugar de enfocarse en dar con el paradero de sus principales cabecillas– al tiempo que intenta avances a través de su política de diálogo, la llamada paz total. Esta combinación de estrategias todavía no se traduce en mayor tranquilidad de la gente en las zonas que los violentos se disputan. “El tema no es hacer acuerdos de paz con los principales actores armados, porque no se está demostrando ni garantizando protección y resguardo a las poblaciones, y más bien lo que se está viendo es el enfrentamiento por el control de los territorios”, afirmó, con razón, a este diario el experto Carlos Charry.

Hay que defender a la gente. El Gobierno está a tiempo de corregir. Bienvenida la combinación de garrote y zanahoria, como parece ser la apuesta, pero siempre y cuando la prioridad sea que los ilegales retrocedan ante el Estado y la comunidad pueda trabajar y habitar con tranquilidad su territorio.

EDITORIAL