Ajuste de tarifas

A partir del pasado primero de agosto, el Gobierno Nacional autorizó un incrementó de 4,64 por ciento en las tarifas de los peajes en todo el país. Esta alza corresponde a los ajustes correspondientes a la inflación causada en 2023, del 9,28 por ciento. De hecho, el Ministerio de Transporte definió un aumento de la mitad del índice de precios al consumidor (IPC) para, en teoría, evitar mayores presiones inflacionarias.

Desde la decisión de la istración Petro de enero del año pasado de frenar los aumentos de los peajes, se ha generado un innecesario desfase en ese mecanismo de financiación de la operación y mantenimiento de las vías en Colombia. Si bien el Gobierno adujo razones de la elevada inflación, los efectos de las tarifas de los peajes en el IPC, según el Dane, fueron nulos en 2019 y 2021 y de 0,01 puntos porcentuales para el año 2022. De hecho, ese congelamiento se reversó en enero pasado, con el aumento equivalente al IPC de 2022. En otras palabras, normalizar estos precios no impactará la lucha contra la inflación.

Los peajes son un valioso instrumento en la promoción de la infraestructura vial en el país, ya que son los s de las carreteras, y no los recursos generales de la Nación, los que sostienen con sus pagos la construcción, la operación y el mantenimiento. La istración Petro ha sido tanto dura en sus críticas a los modelos vigentes de concesiones, alianzas público-privadas e iniciativas privadas en la infraestructura como insistente en la necesidad de encontrar fórmulas alternativas para costear estas obras.

Sin deslegitimar la pertinencia de la discusión que plantea el Gobierno, tampoco se deben desconocer los logros del actual modelo. En cuestión de tres décadas, esta arquitectura institucional de concesiones cerró el importante rezago en infraestructura que cargaba el país y da cuenta hoy de 10.000 kilómetros de carreteras, 1.100 puentes y viaductos, además de 50 túneles. El protagonismo del sector privado en este balance ha sido fundamental, y las mejoras que se le incorporen deben partir de estos aspectos positivos.

Precisamente, una de las propuestas de financiación, que ha puesto el Gobierno sobre la mesa, arranca una fase piloto este mes. Se trata del cobro por valorización en los predios en torno a las vías 4G, y el Ministerio de Transporte busca aplicarlo a alrededor de 140.000 predios en el corredor entre Barranquilla y Cartagena. Esta decisión ya generó un debate político en el Congreso de la República y amerita una discusión con sentido democrático y argumentos técnicos sobre la capacidad de pago, momento de la economía local, destinación de los recursos a proyectos locales, entre otros aspectos.

Más allá de lo anterior, lo cierto es que estas alternativas pueden complementar en un futuro, mas no sustituir a plenitud, el rol de los peajes –y el de la participación privada empresarial– en el modelo de construcción y operación de infraestructura. Por tal motivo, el Ministerio de Transporte debería seguir avanzando con la correcta decisión de ajustar los precios, es decir, realizar el incremento que resta en este año para cubrir la inflación del 2023 y normalizar totalmente las tarifas de peajes viales. Esto contribuiría a la confianza en el sector y enviaría una positiva señal a financiadores, inversionistas y otros actores.