Mujeres, Corte y democracia

Preguntada la magistrada Ruth B. Ginsburg (q. e. p. d.), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estadounidense, cuándo habrá suficientes mujeres magistradas en la Corte Suprema de EE. UU., una y otra vez respondió: “Cuando haya nueve; ha habido nueve hombres, y nunca lo cuestionaron”.

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La misma pregunta les cabe ahora, quizás más que nunca desde el nacimiento de la nueva Constitución Nacional, a todos los colombianos y en especial a la CSJ y el Senado. Porque de su respuesta pende, ni más ni menos, la preservación del Estado de derecho en el que hemos vivido hasta ahora, el que no nos convirtamos en una versión empeorada de la adolorida nación vecina, Venezuela, tiranizada ya por veinticinco años sin respiro ni perspectiva democrática.

Y cabe al menos otra pregunta para resaltar la defensa de lo fundamental: ¿cuántos magistrados que entiendan y respeten la prevalencia de la Constitución y del interés general sobre los intereses políticos de turno y sus conocidos intereses particulares deben estar en la Honorable Corte Constitucional (HCC)? La respuesta es idéntica, nueve, toda la HCC debe ser compuesta por magistrados que no amparen nada distinto a los principios constitucionales, a los que se debe esa corte, y al juego justo de la democracia participativa que está consagrada, porque así lo votó el constituyente primario, el pueblo, no entendido como los de uno u otro partido, sino como la totalidad de ciudadanos del país, sin distingo de raza, género o ideología. Lo demás es sesgo e interés de prevalencia en el poder.

La CSJ acertó al enviar una terna conformada por mujeres al Senado. Confiamos todos en que su decisión se incline ahora por una candidata que, amén de tener una reconocida trayectoria académica y jurídica, tenga en su trayectoria profesional, sus hechos, sus pronunciamientos, una clara independencia y una sola lealtad: la de la defensa de la Constitución Nacional, que no se da sin una probada independencia política y una vida alejada del partidismo. Esto, no solo porque es el deber ser de esa alta corte, y de todas, sino porque en la coyuntura actual –para darle contexto y escenografía– el Presidente elegido por 11 millones de colombianos arenga contra el Congreso de la República por no votar como él quiere, y lo hace amenazante sobre un estrado decorado con símbolos comunistas, antítesis de los principios democráticos que nos rigen a nosotros y así, lo que está en juego es la estabilidad institucional, que compete a esa corte defender a ultranza.

La Corte Constitucional es el último baluarte que sostiene la defensa de la voluntad del constituyente primario, de la magna carta y, a no dudarlo, las elecciones recientes no muestran neutralidad, sino maquinación política. Así lo han resaltado a gritos medios, Congreso y analistas esta semana luego de la elección del ahora magistrado Carvajal, poco antes, apoderado del presidente Petro por más de una década. Difícil pensar en un aliado y un escudero más proclive a alinearse con su poderdante que un defensor con diez años de lealtad a la causa personal del Presidente.

Ahora, cerca del 80 por ciento de los postulantes a magistrado fueron mujeres, lo que es un paso en el sentido correcto, que la terna sea de composición femenina apoya al balance de género; le corresponde ahora al Senado actuar pensando en la vida de la Nación, no en componendas burocráticas cortoplacistas, y acertar.

El Senado no puede ser ajeno a la trascendencia de la composición de la CC en la vida nacional, menos ahora, cuando viene el debate de la controversial reforma pensional, el estado de conmoción y se acerca el año de relevo electoral en la primera magistratura, entre muchos otros temas. El palo no está para cucharas y por ello debe privilegiar el mérito jurídico y el legal, tanto como la independencia política, cuando en su sabiduría pondere cuál de ellas será el noveno magistrado.