Movilización y ruptura

La llegada de decenas de chivas a la capital de Colombia, junto con el bloqueo en la vía Panamericana a la altura de Piendamó, Cauca, ha puesto al país a preguntarse de nuevo sobre las tensiones detrás de la exigencia de derechos a través de vías de hecho.

"¿Acaso los indígenas no estaban con Petro?", se escucha en espacios de opinión y medios masivos. Desde el suroccidente de Colombia, sabemos que esta situación refleja una crisis de gobernabilidad que se entrelaza con una crisis de representatividad.

En la vía y en la plaza de Bolívar, las voces son claras: "Las organizaciones indígenas sentadas en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) no nos representan". Estas organizaciones con asiento en este espacio afirman representar a pueblos, cabildos y asociaciones indígenas de todo el país, pero en realidad, solo algunas cuentan con respaldo de base; otras distan de estos espaldarazos de legitimidad.

Lo anterior se debe, en parte, a la tendencia de volver Gobierno al movimiento social. Hoy estas organizaciones se han burocratizado. Su lenguaje cotidiano gira en torno a convenios, CDP, presupuestos, desembolsos, Sigep II, contratos, entre otros. Nos preguntamos desde el Cauca: ¿ser parte del Gobierno ha comprometido la dignidad del movimiento social?

Es innegable que existe una crisis dentro del movimiento indígena en Colombia. Hoy, las personas movilizadas, que se autodenominan "La Confederación de Pueblos y Naciones Originarios", portan banderas conocidas. Este grupo de manifestantes es diverso; incluye a los llamados "los Nietos de Quintín Lame" del pueblo nasa, a los quillasingas y awá de Nariño, y a los misak de La María, Piendamó. Han expresado no pertenecer a ninguna organización reconocida y exigen ser escuchados.

Algunos de estos carecen de registro como autoridades ante el Estado, debido a un procedimiento istrativo que tiene obstáculos generados desde las istraciones municipales hasta las instancias nacionales; este reconocimiento se ve entorpecido también por las organizaciones indígenas establecidas, pues ven cuestionada su legitimidad ante la aparición de nuevas voces.

Aunque esta situación no es nueva, el Ministerio del Interior emitió el 26 de marzo de 2025 una alerta que subraya: “Hacemos un llamado a las comunidades indígenas a fortalecer el respeto de su gobierno propio, frente a las múltiples solicitudes de resoluciones para registro de nuevas autoridades (…) esta alta demanda podría propiciar la fractura de sus normas e instancias tradicionales”.

Esta crisis refleja fracturas dentro de las organizaciones indígenas, desconfianza generalizada, rupturas en el tejido social, intereses contrapuestos e incluso hechos de corrupción.

Mientras se tramitan los reclamos de estas comunidades indígenas no reconocidas, el suroccidente de Colombia enfrenta una crisis que se manifiesta en el bloqueo de nuestra arteria principal: la vía panamericana.

Pasto y Popayán, epicentros de la conexión regional en el sur, padecen el desabastecimiento de combustible, filas para tanqueo, compras de pánico y una incertidumbre que se traduce en una alteración radical de la vida cotidiana. Para los afectados, el bloqueo de la vía no es una coyuntura, es una realidad recurrente.

La Panamericana no es solo una vía, es el tejido de una red de interdependencias. Cada vehículo que transita transporta historias, necesidades y urgencias.

Para que esto no sea un ciclo interminable, se necesitan acuerdos estructurales que no solo deben comprometer al Estado, sino también al movimiento indígena en un diálogo sincero sobre sus tensiones internas.

La credibilidad del movimiento indígena está en juego; la fragmentación, la falta de representatividad y la desconfianza en sus dirigencias requieren una revisión que debe incluir el control social para garantizar una ejecución transparente de los recursos. Sin esto, la crisis de liderazgo se perpetuará, debilitando la capacidad del movimiento indígena para contar con sus bases.