Es fácil imaginar la paliza mediática que habría recibido la Casa de Nariño de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos o Iván Duque, si hubiese contratado a un coreógrafo como consultor de la Presidencia, y que el personaje hubiese terminado de masajista de la primera dama, como lo reseña una publicación de ‘El Expediente’ sobre Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro, y su terapista del cuerpo, Adolfo ‘Nerú’ Martínez.
Este lujo pagado por los contribuyentes ha pasado casi desapercibido en medio de escándalos mucho más sonoros y aterradores. Cómo será que el suicidio del coronel de la Policía, Óscar Dávila, al servicio de la seguridad presidencial, es recibido como un alivio por el Gobierno porque no se trató de un asesinato. “¿Suicidio? Siquiera...”, parecen pensar en Palacio.
El coronel se quitó la vida, atormentado no por la Fiscalía –que hacía su trabajo–, sino porque sus superiores lo pusieron a detener e interrogar de manera irregular y sospechosa a la niñera de la hoy ex jefa de Gabinete del Presidente, Laura Sarabia, en medio de un enredo de maletas con decenas de millones de pesos. Así estamos.
La agenda legislativa del Presidente naufraga en el Congreso, porque el flamante ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, convenció a Petro de pasarse por la faja a los jefes de los partidos exaliados del Gobierno, para tratar, en vano, de comprar con puestos y contratos –mermelada pura–, uno a uno a cada congresista liberal, conservador y de ‘la U’.
Velasco no ha rendido cuentas de su fracaso y piensa insistir con las mismas tácticas en las sesiones parlamentarias que arrancan el 20 de julio. Equivocarse no es prueba de corta inteligencia, pero persistir en el error sí que lo es.
El secuestro y la extorsión se disparan, mientras –es cierto– los homicidios descienden, pero por una razón perversa: entre tanto anuncio de cese del fuego sin reglas ni control, la Fuerza Pública evita confrontar a las bandas criminales que delinquen a sus anchas y ya no tienen tanta necesidad de matar.
Los subsidios de vivienda, paralizados desde el 7 de agosto para angustia de decenas de miles de hogares pobres, apenas arrancan. Como el Gobierno no pudo acabar por ley con las EPS, ahora intenta quebrarlas, pues no les gira lo que les adeuda: a los pobres pacientes, que se los coma el tigre.
En medio de las afugias financieras de las distribuidoras de energía eléctrica, con una política tarifaria desvirolada y un fenómeno de El Niño inminente, el país no sabe si habrá quiebras de las eléctricas, apagón, tarifas por el cielo, o todo eso junto.
Según el Dane, la actividad económica sufrió un frenazo en abril (-0,78 %), en la primera caída desde tiempos de la pandemia. Y fuentes del equipo económico me dicen que el minhacienda, Ricardo Bonilla, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, andan de pelea porque los recaudos tributarios crecen por debajo de lo esperado, a pesar de la reforma tributaria.
Difícil que esto mejore si los proyectos de infraestructura y la construcción de vivienda andan frenados, las ventas del comercio también, y el precio del petróleo –esa exportación que el Presidente tanto desprecia– está 25 % por debajo frente al de junio de 2022.
¿Y el Presidente? Sigue en la luna, dedicado a lanzar peregrinas teorías para lamentar la caída del muro de Berlín, como si esta no hubiese significado, en buena hora, la liberación de millones de alemanes que vivían sometidos a la tiranía asesina de la antigua RDA.
En vez de eso, Presidente, ponga orden en el Gobierno, dedique más horas a trabajar y menos a tuitear, y comprenda que si quiere hacer reformas, en democracia debe pactarlas, no imponerlas. Sálvese, Presidente, que a usted no lo están tumbando ni los ricos ni los medios, sino el golpe blando que usted y los suyos, con tanto despelote, se autopropinan a diario.
MAURICIO VARGAS