¿Los economistas tenían razón?

En economía es bien sabido que un proceso de optimización que no contemple una restricción presupuestal no tiene solución, o, dicho de otra forma, da como resultado que cualquier solución sería mejor que la precedente.

Lo anterior aplica, por ejemplo, al Pilar Solidario que introdujo la reforma pensional. A partir del 1.º de julio de 2025, las mujeres de 60 años y los hombres de 65 años en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad tendrán derecho a una renta básica solidaria de 230.000 pesos.

Obviamente, nadie cuestiona la bondad de esta iniciativa. Sin embargo, ¿por qué no se estableció un monto de 500.000 pesos, como se había prometido en campaña electoral y en el programa de gobierno del presidente Petro? O, aún mejor, ¿por qué no se pensó en otorgarles a los adultos mayores de bajos ingresos al menos una pensión mínima? Sin considerar la disponibilidad de los recursos necesarios para pagar la renta básica prometida –es decir, sin una restricción presupuestal–, 500.000 pesos serán siempre preferibles a 230.000, y 1’423.500 será mejor que solo 500.000.

Lo que ocurre es que, más temprano que tarde, la restricción presupuestal aflora. Según el Departamento de Prosperidad Social, que quedó a cargo del Pilar Solidario, el costo estimado para los seis meses de vigencia del año 2025 sería de casi cuatro billones de pesos. Por el lado de su financiación, los recursos se originan en parte en el Fondo de Solidaridad Pensional y en parte en el Presupuesto General de la Nación. Dado que se estima que lo recaudado en el Fondo de Solidaridad por los aportes de los afiliados de mayores ingresos sería de aproximadamente un billón de pesos en 2025, el Presupuesto Nacional deberá aportar los tres billones faltantes. Y de ellos, por el momento, no hay rastro, como resultó claro en el debate de control político en el Senado del 22 de abril pasado.

Este no es el único inconveniente que presenta el componente solidario del nuevo sistema pensional. Una ineficiente arquitectura institucional contribuye a agudizar los problemas.

Un efecto no deseado es que no genera incentivos entre la población beneficiaria para construir, en el marco de sus posibilidades, algún ahorro para su vejez. De hecho, en el nuevo sistema pensional, si una persona cotiza sobre un salario mínimo por menos o hasta 15 años durante su vida, recibirá en el Pilar Semicontributivo una pensión inferior a la que recibe una persona que puede que no haya cotizado nunca y que haga parte del Pilar Solidario. Así que, para los trabajadores de bajos ingresos y empleo inestable, no es negocio formalizarse y cotizar a pensiones en el nuevo sistema.

Tampoco la renta solidaria tiene en cuenta que el costo de vida no es uniforme en todo el territorio nacional. En especial, el costo de una canasta básica de alimentos en el campo es notablemente inferior al de las grandes ciudades. El monto de la renta básica debería adaptarse a estas diferencias.

Una reflexión final. En 2025 el Estado deberá encontrar tres billones de pesos para financiar el Pilar Solidario, pero en 2026 las necesidades de financiación ascenderán a siete billones. A estos recursos públicos, en un próximo futuro, habrá que añadir también los que se harán necesarios para pagar las pensiones a las mujeres que se jubilarán con solo 1.000 semanas cotizadas, a los beneficiarios de la prestación anticipada de vejez a las 1.000 semanas y a los indígenas, campesinos y afrocolombianos a quienes se les reconocerán pensiones con requisitos reducidos. ¿De dónde saldrá todo este dinero? ¿Será que los economistas tenían la razón?

STEFANO FARNÉ

* Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado de Colombia