La burocracia estatal frente al "eficientismo" de Trump y Musk

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha generado diversas reacciones. Como era de esperarse, entre las herramientas que definen su estilo de gobierno destacan las órdenes ejecutivas, un mecanismo que permite al Presidente tomar decisiones de manera rápida dentro de los límites del poder ejecutivo. Sin embargo, aunque estas acciones son eficaces en el corto plazo, presentan limitaciones, ya que dependen de su legalidad, aceptación política y son altamente propensas a ser revocadas.

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La orden ejecutiva que establece el Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) ejemplifica esta estrategia. Diseñada como un esfuerzo ambicioso para modernizar la tecnología gubernamental, busca transformar el Servicio Digital de los Estados Unidos (USDS) en un órgano central para mejorar la eficiencia y la productividad del Gobierno.

Si bien esta iniciativa refleja principios de gobernanza adaptativa, su implementación enfrenta desafíos recurrentes. Ya durante el primer mandato de Trump, la Orden Ejecutiva 13800 sobre ciberseguridad (2017) y la creación del American Technology Council intentaron modernizar los sistemas tecnológicos federales, pero enfrentaron problemas como la resistencia institucional, la fragmentación burocrática y la falta de continuidad en las políticas públicas.

El cambio cultural es un obstáculo importante. La burocracia inherente y la renuencia a abandonar procesos establecidos dificultan la adopción de nuevas tecnologías. Además, lograr la interoperabilidad entre sistemas antiguos y nuevos requiere no solo recursos significativos, sino también un compromiso interinstitucional.

Ahora bien, el enfoque temporal de 18 meses del Doge refleja una orientación hacia la gestión basada en resultados, donde se prioriza el cumplimiento de metas específicas en plazos determinados. Según teorías de la istración pública, como las de Osborne y Gaebler, este modelo puede ser efectivo si las metas son claras y medibles; sin embargo, sin una planificación a largo plazo, los resultados podrían diluirse al término de la organización temporal.

Esta agenda encarna elementos de la innovación pública y la istración pública digital, que buscan incorporar prácticas disruptivas y tecnología avanzada para mejorar los servicios gubernamentales. Sin embargo, el masivo del USDS a sistemas y registros plantea cuestiones éticas sobre la privacidad y la seguridad de datos. Para abordar estas preocupaciones, es fundamental establecer estándares de gobernanza de datos.

Desde una perspectiva más filosófica, el Doge puede considerarse una manifestación contemporánea del contrato social, donde los ciudadanos esperan un Gobierno más eficiente, transparente y responsable. Sin embargo, el hecho de que esta iniciativa esté dirigida por figuras como Elon Musk plantea interrogantes sobre cómo se interpretará este contrato social en la práctica. Musk, conocido por su estilo gerencial poco convencional, caracterizado por una toma de decisiones rápida y a menudo unilateral, ha demostrado ser un líder disruptivo. Este estilo, aunque efectivo en contextos empresariales, puede generar tensiones en un entorno gubernamental.

Además, el apoyo de Musk a gobiernos con tendencias autoritarias en Europa plantea preocupaciones sobre cómo su visión de la eficiencia podría entrar en conflicto con los valores democráticos que subyacen al contrato social. Si bien su experiencia tecnológica es indiscutible, su enfoque puede priorizar la productividad y los resultados sobre la transparencia y la participación ciudadana.

El liderazgo de Elon Musk en esta agenda tecnológica añade gran expectativa y nerviosismo. Su enfoque disruptivo podría acelerar cambios necesarios, pero su historial de apoyo a gobiernos autoritarios y su estilo gerencial autoritario plantean dudas sobre el equilibrio entre eficiencia y valores democráticos.

Esta combinación de liderazgo disruptivo y vínculos controvertidos puede influir significativamente en la percepción pública del Doge, especialmente si las reformas tecnológicas propuestas se perciben como herramientas para consolidar el poder ejecutivo en lugar de fortalecer los derechos y servicios ciudadanos. ¿Puede un enfoque basado en resultados inmediatos coexistir con la transparencia y la participación ciudadana que exige la istración pública?