Hay muchos Lyan en Colombia

Hace unos días, conocimos el caso de Lyan, un niño de apenas 11 años que fue secuestrado en Jamundí. A su corta edad, Lyan ya había sido arrastrado al centro de una espiral de violencia que no eligió, pero él como muchos niños y niñas en Colombia no tienen la culpa. Su historia hoy nos debe hacer reafirmar: los derechos de los niños y las niñas son prevalentes, deben ser respetados sin excepción, incluso —y, sobre todo— cuando han crecido en contextos violentos. La libertad de Lyan es un símbolo, un llamado urgente a proteger lo más básico: el derecho a un buen futuro de la niñez y la juventud, el derecho a tener un proyecto de vida y contar con un entorno que lo apoye y proteja. En el país hay muchos Lyan.

Entre enero y abril de este año, en el registro de la Defensoría del Pueblo, identificamos 21 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. En el 2024, conocimos 541 casos, de los cuales el 40 % son niñas y la mayoría pertenecen a comunidades indígenas.

Pero la cifra es apenas un reflejo del drama mayor: entre enero y marzo de este año, 151 niñas, niños y adolescentes fueron desvinculados de grupos armados, según información del ICBF. Algunos fueron entregados voluntariamente, otros fueron recuperados. ¿Qué país somos, si nos estamos acostumbrando a contar por decenas a los niños y niñas que salen de la

guerra?

Y si no es la guerra la que los atrapa, es la violencia sexual. Entre enero y marzo, el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó 3.893 exámenes médicos legales por presunto delito sexual contra menores de edad. El 85 % de las víctimas eran niñas y el 40 % tenían entre 10 y 13 años. La mayor cantidad de reportes se registran en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. El padrastro, el padre, el vecino, el amigo, el profesor: los presuntos agresores no son desconocidos, sino adultos que les deberían proteger.

La familia, que debería ser el primer refugio, a veces es el primer escenario del riesgo y del daño. La escuela, que debería ser el espacio de oportunidades, muchas veces no existe, o está en territorios donde enseñar es un acto de valentía. El Estado muchas veces llega tarde o no llega. En la Defensoría del Pueblo hacemos presencia, acompañamos, denunciamos, alertamos, exigimos. Pero debemos unirnos, desde la familia, los colegios, las instituciones públicas y la sociedad. El caso de Lyan es una foto de nuestro país, de las complejidades de nuestra violencia y del lugar de la niñez.

La Defensoría del Pueblo llama, una vez más, a los grupos armados ilegales a respetar el derecho internacional humanitario; al Estado a fortalecer con urgencia los sistemas de protección y atención integral. Y, sobre todo, llamamos a la sociedad a no mirar hacia otro lado. A rodear a niñas y niños con afecto, con límites sanos, con oportunidades reales. A levantar una voz nacional, sostenida y sin titubeos, para decir: no más. Ni un niño o niña más para la guerra. Ni un niño o una niña más violentada. Ni una infancia más truncada por la

indiferencia.

Lo que le pasó a Lyan no es una noticia más, pasajera. Es una oportunidad de unirnos en torno a los derechos de la población civil que no hace parte del conflicto armado y la violencia, especialmente en torno a los derechos de los niños y las niñas. Esa fue la voz de las marchas y velatones que se hicieron, la de los medios, aunque muchos se hayan sorprendido después por la trasescena de la historia. Así es nuestro país, las historias no son idílicas, están llenas de complejidades. Y es allí justamente donde es aún más importante recordar que sí hay límites infranqueables justamente en estos contextos. La dignidad es primero siempre, sobre todo cuando están de por medio la vida, la integridad y el derecho de la niñez y juventud a creer hoy que puede tener un futuro esperanzador y un lugar en nuestra sociedad.

IRIS MARÍN ORTIZ

Defensora del Pueblo