¡Adiós a las armas!

Guiados por el interés científico de explorar los antecedentes históricos que expliquen la barbarie de nuestro inhumano desangre, académicos e investigadores de universidades y centros de pensamiento especializado vienen reflexionando con autonomía e independencia crítica en torno a las causas del conflicto sociopolítico y los impactos de la multicriminalidad en Colombia.

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Se trata de esclarecer con la mayor objetividad posible la complejidad de sus amorfos orígenes y, al mismo tiempo, encontrar respuestas a las dinámicas diferenciadas del conflicto y del crecimiento explosivo de la violencia criminal para ofrecerle al país salidas pacíficas hacia la convivencia democrática, desescalar la guerra y frenar la polarización.

Coinciden historiadores y sociólogos en que la violencia colombiana, medida desde diversas variables (la ausencia del Estado, el grado de pureza de las elecciones o la precariedad del sistema judicial), es un fenómeno secular y habitual, heredado del pasado, cuyos efectos colaterales inciden de forma grave en el equilibrio medioambiental, en la productividad agroindustrial, en la crisis humanitaria y, por supuesto, en la calidad de la democracia.

La confluencia de factores como el narcotráfico y demás economías ilegales, ligada a las violencias política, privada y ordinaria y a la informalidad en el sistema productivo agroalimentario y mercantil, ha dejado como consecuencia “la creación de un ambiente cultural en el cual el uso de la violencia en la vida personal se ha hecho mucho más fácil, natural y frecuente” (Jorge Orlando Melo: Colombia: las razones de la guerraEd. Crítica 2021).

En esta línea, las formas de violencia familiar, los maltratos y abusos a los menores y las mujeres; el uso de la fuerza como parte de los mecanismos de educación en la escuela, y la tendencia a convertir disputas solubles en riñas armadas por la habitual intolerancia de los colombianos, hacen parte de este ‘tono’ general de la vida en nuestro sufrido país.

Todas estas referencias — examinadas desde perspectivas transdiciplinarias en el encuentro de la Sociología, la Ciencia Política y la Historia comparada con metodologías y lógicas deductivas propias de las Ciencias Sociales —, aluden a la circunstancia de que la violencia y la inseguridad, la inequidad distributiva de la riqueza y la precariedad de ingresos en los sectores mayoritarios, junto con el hambre y la desnutrición infantil, han sido de lejos los problemas más graves que afectan la construcción de una democracia moderna y progresista que inspire y propicie cambios socioculturales en la comunidad.

El balance de dichos estudios arroja una información empírica amplia que el equipo de especialistas del Pacto Histórico, bajo la orientación de los ahora presidente y vicepresidente de la república Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez, ha documentado en términos programáticos para el ejercicio institucional de la Colombia Humana desde el gobierno.

El presidente Petro — junto con su equipo ministerial y diplomático—, ha identificado la imperiosa e inaplazable necesidad de acometer un trabajo intenso y rápido de acuerdos para superar la multicriminalidad y la violencia política a fin de transformar a Colombia en una ‘potencia mundial de la vida’.

Objetivo central que ha alcanzado la solidaridad de la comunidad internacional por la rigurosidad ética y la justicia social de las políticas públicas que lo sustentan; de pasar las políticas públicas de convivencia de los escritorios a los territorios.

Ello ha animado al gobierno a comprometerse de fondo a abrir diálogos con los grupos armados ilegales y organizaciones insurreccionales reconocidas, las cuales han expresado su voluntad de desmovilizarse y su interés en avanzar en acuerdos —una especie de confesión negociada—, que determinen su retorno a la vida civil.

Con la activa participación del experimentado negociador de paz, el Canciller Álvaro Leyva, del especialista defensor de Derechos Humanos, Danilo Rueda, como Alto Comisionado para la Paz, y el nuevo embajador ante el gobierno cubano el varias veces comisionado de Paz, José Noé Ríos, el presidente Petro decidió poner en marcha una política integral de paz que convocaría a todos los grupos rebeldes por una parte, y por la otra, a los integrados por bandas criminales, a fin de que merced a un cese multilateral de hostilidades permita abrirle paso a la concordia nacional. “Par y Paso” se ha logrado el acuerdo con Fedegan para adquirir tierras productivas y cumplir así con el primer punto del Acuerdo con las FARC.

“Las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. La confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz", dijo Antonio García, primer comandante del Eln. Asimismo, diez grupos de la multicriminalidad urbana y reconocidos actores de la violencia urbana anunciaron su interés de iniciar conversaciones con el Alto Comisionado de Paz.

ALPHER ROJAS