Colombia es el país de América Latina más letal para personas LGBTI: informe especial

Colombia es el país latinoamericano más letal para las disidencias sexuales y de género. En 2022, al menos 148 personas LGBTI fueron asesinadas, según un informe de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe (Sin Violencia LGBTI), un grupo de organizaciones civiles que desde 2016 recopila datos de homicidios de esa población.

El informe más reciente, que EL TIEMPO conoció en exclusiva, revela que el año pasado al menos 344 personas LGBTI fueron asesinadas en diez países de la región (Bolivia, Colombia, México, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Perú, Ecuador, Nicaragua y El Salvador). Por tercera ocasión consecutiva, Colombia registró la mayor parte de esos casos: el 43 por ciento del total ocurrió en nuestro país.

La Red explica que esos hechos de violencia son analizados bajo el concepto de “violencia por prejuicio”, entendido como los actos que buscan causar daño a una persona debido a la percepción negativa que se tiene sobre su expresión e identidad de género, su orientación sexual o sus características sexuales.

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Esa categoría, comenta Gustavo Pérez, integrante de la secretaría técnica de la Red, “permite problematizar la violencia contra personas LGBTI en nuestro contexto porque justamente a lo que apunta es a los hechos de violencia motivados por prejuicios sobre la víctima, es decir que no son actos de violencia como cualquier otro, entre los muchos que ocurren en nuestra región, sino que son por el simple hecho de ser o parecer gay, lesbiana, bisexual, trans o intersex”.

A nivel subregional, el informe muestra que la mayoría de los hechos documentados el año pasado se concentraron en Centroamérica y el Caribe (177 casos), y en menor medida en la región Andina (167). Esto da cuenta, además, de una tendencia que, aunque llamativa, debe mirarse con cuidado.

En algunos países de Centroamérica y el Caribe hubo aumentos significativos de los casos entre 2021 y 2022: República Dominicana pasó de 6 a 17, Honduras de 29 a 43 y México de 78 a 85. Pero, en contraste, en países del área Andina hubo una reducción. Es el caso, por ejemplo, de Ecuador, que pasó de 15 a 9 en ese mismo periodo, y Perú, que pasó de 16 a 10.

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La reducción incluso se presentó en Colombia, donde durante el 2021 se documentaron 205 casos, es decir 57 más que el año pasado.

El propio registro regional da cuenta de una reducción que a primera vista podría parecer alentadora. La cifra de homicidios del año pasado recopila 33 casos menos que en 2021. Sin embargo, el informe advierte que esta tendencia, de cualquier modo, no significa necesariamente que hubo una disminución de violencia, sino que, por el contrario, son mayores las restricciones al a la información sobre violaciones de derechos humanos.

“Parte de la reducción de casos registrados en esos países podría deberse a problemas en la calidad y a la información sobre muertes violentas de personas LGBTI”, aclara el documento, que también señala que, “aunque la información disponible no permite establecer las razones de la reducción a nivel regional”, las organizaciones que integran la red -diez en total, una por cada país-, otras organizaciones civiles y organismos internacionales de derechos humanos coinciden en que “existen problemas en la calidad de la información oficial sobre los homicidios”.

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Es el caso de El Salvador y Nicaragua. En esos países, “el registro no ha sido posible por el contexto que atraviesan”, pues los gobiernos han rechazado abiertamente la labor de las organizaciones sociales, y esa situación “hace imposible cualquier trabajo de defensores de derechos humanos”, explica Karen Anaya, quien también forma parte de la secretaría técnica de la Red. “Eso no significa que en esos países ha bajado el número de asesinatos de personas LGBTI sino que no hay cómo acceder a esa información”, agrega.

El subregistro también es común en Colombia. Según señala la Red en sus informes, en el país, “desde hace algunos años, varias instituciones estatales que atienden casos de violencia han aplicado una interpretación restrictiva de la protección de datos, por lo que la cantidad y calidad de la información que proporcionan sobre homicidios de personas LGBTI se ha reducido considerablemente”.

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De allí que, para el caso de Colombia, el grupo de organizaciones, entre las que se encuentra Colombia Diversa, sugieren, además de implementar políticas de datos que reconozcan esas particularidades, que se restablezca la Mesa de Casos Urgentes presidida por el Ministerio del Interior para atender los casos de violencia y articular las acciones de las diferentes entidades.

A este panorama, apunta Gustavo Pérez, se suma otra amenaza y es que, a pesar de que países de la región como Colombia, Argentina, México y Brasil son “de los más avanzados en el mundo” en materia de derechos de las personas LGBTI, en otros como Perú, Guatemala y Honduras hay retrocesos considerables y se están impulsando proyectos legislativos que van en contra de los derechos de esta población.

El informe muestra que se mantienen algunos de los patrones identificados en años anteriores. En 2022, la mayor parte de las víctimas fueron hombres gais (145) y mujeres trans (112).

En el caso de los hombres gais, explica el documento, “la mayor parte de ellos fueron asesinados con arma blanca o mediante asfixia en domicilios particulares, sobre todo en Colombia, República Dominicana y Honduras, muchas veces por otros hombres que los aron a través de aplicaciones de citas o en espacios de homosocialización”.

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Sobre las mujeres trans, entre tanto, el informe explica que la mayor parte de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego en espacios públicos, con especial riesgo en Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú. “Varias de las mujeres trans asesinadas de esta manera ejercían el trabajo sexual y, en algunos casos, se tiene información que apunta a que los responsables serían grupos de crimen organizado”, agrega el documento.

Pero el reporte de la Red advierte sobre otro detalle no menor, y es que es poca la información adicional que se conoce sobre las víctimas en general.

Según los datos a nivel regional, apenas en el 40,1 por ciento de los casos se dispone de información sobre, por ejemplo, la ocupación de las víctimas, la mayor parte de las cuales era empleada, trabajadora sexual, comerciante o estilista.

De igual forma, en poco más de una cuarta parte de los casos, se obtuvo información sobre la raza o etnia de las víctimas, la mayor parte de las cuales fueron registradas como blancas o mestizas, y en menor medida como afrodescendientes o indígenas.

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Por otro lado, se pudo establecer que por lo menos 25 de las personas LGBTI asesinadas durante 2022 en toda la región eran defensoras de derechos humanos o pertenecían a algún tipo de organización social o política, y que al menos 17 de esas 344 víctimas eran migrantes, casi todas provenientes de Venezuela y que fueron asesinadas en Colombia.

El informe explica que “las fuentes disponibles reportan poca información sobre los victimarios”. Solo en 78 de los 344 casos documentados se pudo identificar al presunto responsable del homicidio. En menor medida, se pudo establecer que algunos de los victimarios habrían sido personas conocidas, parejas actuales o clientes de las víctimas, aunque lo cierto es que en la gran mayoría de los casos se desconoce la relación víctima-agresor.

“Como tal, un solo perfil de victimario no hay, aunque el prejuicio sí es un factor determinante independiente de quién sea la persona agresora. Hay que pensar que los crímenes no se dan de manera aislada. Vemos casos en los cuales, además de prejuicios, también hay motivaciones económicas como hurtos o motivaciones políticas en el caso de asesinatos de defensores de derechos humanos”, apunta Gustavo Pérez.

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La Red señala, entre tanto, que en 21 de los casos en los que se pudo identificar al agresor los crímenes habrían sido perpetrados por integrantes de grupos armados o de delincuencia organizada, mientras que “por lo menos seis personas LGBTI habrían sido asesinadas por integrantes de la Fuerza Pública, lo que constituiría casos de ejecuciones extrajudiciales”.

Al respecto, Pérez explica que “muchas veces el prejuicio es usado por los grupos armados como parte de los ejercicios de control territorial y poblacional para legitimar su rol de control social”. De eso, agrega, se conocen casos en Colombia, México, Perú y Honduras.

Otro dato del informe es que solo en el 60,7 por ciento de los casos de 2022 se obtuvo información del arma o método que se usó para asesinar a las víctimas. La mayor parte de estos crímenes fueron perpetrados con arma de fuego, objetos cortantes o punzantes y mediante ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.

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En Centroamérica y el Caribe, la mayor parte de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego (por lo menos el 35 por ciento de los casos), una tendencia que se ha mantenido en los últimos años tanto para el total de la población como para las personas LGBTI. Esto, según la Red, “puede relacionarse con fenómenos como la alta presencia de crimen organizado, la laxa regulación de portación de estas armas y la militarización de las tareas de seguridad ciudadana en los países de esta subregión”.

En el área Andina, en cambio, las armas blancas fueron más utilizadas que las de fuego. La investigación establece así que “la violencia homicida contra las personas LGBTI sigue guardando relación con otras dinámicas generales de criminalidad y seguridad ciudadana”.

En todo caso, los hallazgos del informe muestran que en por lo menos 49 casos las víctimas fueron “objeto de múltiples formas de violencia o de la combinación de dos o más métodos o armas para asesinarlas”, lo que incluye “por lo menos 29 casos en los que las víctimas habrían sido torturadas antes de ser asesinadas y por lo menos seis casos en los cuales se registraron indicios de violencia sexual”.

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Y que, adicionalmente, en 22 casos se tiene información que indica que los homicidios fueron precedidos por la desaparición forzada de las víctimas, especialmente en México, y que en por lo menos en ocho casos las víctimas habrían sido amenazadas antes de ser asesinadas y en otros tres, de extorsión.

Ante esto, la Red es tajante en señalar que “la repetición crónica de estos patrones de homicidios y el análisis de las circunstancias permiten concluir que el prejuicio continúa siendo un determinante de muchos de estos crímenes”.

En ese orden de ideas, agrega, “aunque la incidencia de los homicidios contra personas LGBTI es mayor en países con peores indicadores de criminalidad y seguridad ciudadana, ese no es su único motivo. El prejuicio es un riesgo adicional que muchas otras personas en esos países no tienen que enfrentar, incluso cuando están expuestas a altos niveles de violencia”.

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La recomendación principal de la Red entonces es que los Estados “deben empezar a recolectar datos sobre la situación de violencia y discriminación que viven las personas LGBTI para poder generar políticas de prevención y respuesta a esas problemáticas”, comenta Karen Anaya, quien también hace énfasis en la importancia de “fortalecer a las instituciones para que den respuestas adecuadas a estos hechos”, y para ello, agrega, se requiere “trabajar los estereotipos que existen por parte del sistema de justicia y especializar al personal para que atiende los casos”.

La Red Sin Violencia LGBTI actualmente trabaja de la mano con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en un protocolo modelo de investigación de muertes de personas LGBTI para la región, con la idea de que este pueda adaptarse cuanto antes en cada país de acuerdo con sus respectivos contextos e instituciones.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO