Ley trans: las implicaciones de la nueva legislación que aprobó España

Luego de años de discusiones y controversias, el Congreso de España aprobó este jueves con una amplia mayoría –191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones– la primera ‘ley trans’ de su democracia. Esta nueva norma salió adelante tras superar profundas discrepancias internas en el Gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derecha, aunque con reparos de una parte del movimiento feminista en relación con la llamada autodeterminación de género.

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La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI, conocida como ‘ley trans’, reconoce, por ejemplo, la voluntad de cualquier persona a partir de los 16 años como el único requisito para cambiar el componente ‘sexo’ en su registro civil, al eliminar la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos.

Los menores de entre 14 y 16 años podrán cambiar su sexo en el registro siempre que acudan con sus padres o tutores legales, mientras que entre los 12 y los 14 años necesitarán una autorización judicial.

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La ley regula también los casos de modificación genital en menores de edad para autorizarla solo cuando las indicaciones médicas lo exijan y si se considera lo suficientemente maduro para tomar esa decisión.

Para Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, que agrupa a más de 50 entidades, esta ley es histórica porque se centra en la despatologización de las personas trans, así como en el reconocimiento de la autodeterminación de género.

“Nos beneficia en derechos y libertades y le dice a la sociedad que no somos personas enfermas”, dice Sangil en entrevista con este diario. La activista reconoce, sin embargo: “Los desafíos que vienen son muchos porque debemos luchar contra los discursos de odio y trabajar en protocolos y la implementación de la ley, que sabemos que no será fácil”.

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En eso coincide José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo, que trabaja por la igualdad social de las personas LGTBI en España. “Vamos a estar vigilantes respecto a cómo se aplica la ley y desde las organizaciones tenderemos una mano a las personas trans para impedir que se interrumpa la implementación”, agrega.

La nueva legislación, además, despliega un marco integral de medidas que benefician no solo a las personas trans, sino a toda la población LGBTI. Entre ellas, el fin del matrimonio obligado para parejas de mujeres que quieran filiar a sus hijos e hijas, la prohibición de las terapias de conversión, protocolos para las personas trans e intersexuales en el ámbito de la salud o la obligación de impulsar planes de igualdad LGBTI en las empresas de más de 50 trabajadores.

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Sin embargo, Núñez apunta que la ley dejó por fuera el reconocimiento integral de personas trans migrantes y la inclusión de las personas no binarias, aquellas que no se identifican como hombres ni mujeres.

El Parlamento también aprobó este jueves una reforma del aborto que permite a menores desde los 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de la autorización paterna.

Distintos sectores activistas celebraron este jueves a las puertas del Parlamento la aprobación de la ley junto con su impulsora, Irene Montero, ministra de Igualdad de España, mientras un grupo de feministas se manifestaba pidiendo su dimisión al considerar que la autodeterminación de género “borra” a las mujeres si cualquiera puede serlo solo con acudir a un registro.

Precisamente, ese fue uno de los puntos que generaron mayores tensiones en el que camino que recorrió la ley antes de su aprobación.

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Pero la activista Silvia Tostado, de la Fundación Triángulo, explica que la autodeterminación es el derecho de las personas a decidir y manifestar que se respete su identidad, lo que les permite acceder a cambios en documentos de identidad.

“No se trata de ‘lo que queremos ser’. Las personas trans ya son. Y tienen derecho a decidir el proceso que quieren seguir con su identidad. Ser trans no es un capricho (...). A las mujeres quien las borra es el patriarcado. Las personas trans no son enemigas de las mujeres”, apunta Tostado, y explica que en la discusión se acudió a argumentos falaces como que podría haber agresiones de hombres a mujeres que no se abordarían como violencia de género porque el hombre podría transitar con su género valiéndose de esta ley.

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Pero en la norma, como enfatizan sus defensores, quedó estipulado que los hombres que cambien su sexo no eludirán condenas por violencia machista, pues se mantendrán las obligaciones jurídicas que cualquier persona tuviese antes de rectificar ese componente en sus documentos.

Esta oposición de sectores feministas de tendencia transexcluyente tiene eco en otros países como el Reino Unido, donde hay algunos casos de hombres que cambiaron de sexo y fueron ingresados inicialmente en cárceles de mujeres pese a haber sido condenados por violencia machista.

De otro lado, hay que decir que la aprobación de esta ley en España ocurre justo cuando otros países europeos pioneros han reculado legislaciones similares ante lo delicado que les resultó implementarlas.

Suecia, por ejemplo, decidió hace un año frenar las terapias de hormonas para menores de edad, alegando la necesidad de observar "precaución", algo que ya había hecho Finlandia dos años antes. En Francia, entre tanto, la Academia de Medicina pidió "gran cautela médica" en el tratamiento de pacientes jóvenes. Y en el Reino Unido, el gobierno bloqueó en enero una ley escocesa similar a la española adoptada a finales de diciembre por el parlamento de Edimburgo tras un acalorado debate.

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La polémica alrededor de la ley escocesa, de hecho, fue una de las causas que llevaron a renunciar este miércoles a la jefa del gobierno regional de Escocia, Nicola Sturgeon.

Lo cierto es que la autodeterminación de género no es un derecho único de España. Según el informe más reciente de mapeo legal trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo), 96 de los 143 Estados de Naciones Unidas reconocen legalmente la identidad de género de las personas trans.

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De esa cifra, 25 no exigen evidencias médicas de cirugías de cambio de sexo o procesos de esterilización, y solo en 16 la legislación contempla la autodeterminación del género como un derecho.

A ese grupo se suma ahora España, cuyo reto en adelante, según las fuentes consultadas, será garantizar con ayuda de esta legislación el avance de derechos para las personas LGBTI, y en especial para la población trans, que enfrenta los niveles más elevados de discriminación en ese país. Así lo dictan las cifras: el 63 por ciento de las personas trans en España asegura haber sufrido discriminación en su vida cotidiana y cuatro de cada diez se han encontrado con obstáculos a la hora de buscar un empleo, según la más reciente macroencuesta europea.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

En Twitter: @williammoher