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Explicativo
Las fallas que encontró la Contraloría en la alimentación en las cárceles; hay condiciones que atentan contra la salud de presos
Se determinó un hallazgo fiscal por $ 382’120.725 por el no suministro de alimentos en una cárcel, en diciembre de 2023.
Cárcel de El Espinal, en Tolima (Foto de referencia). Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO
Una auditoría de la Contraloría General de la República estableció 68 hallazgos disciplinarios por la prestación del servicio de alimentación en las cárceles del país, al encontrar que las condiciones en las que se presta el servicio afectan directamente la calidad de los alimentos y pone en riesgo la salud de los presos.
Los hallazgos de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia se evidenciaron principalmente en el proceso de producción de alimentos en La Picota, en Bogotá; en la cárcel de Cartagena; en La Picaleña, en Ibagué; en la cárcel de Girardot, en Cundinamarca; y en la cárcel El Barne, de Cómbita, Boyacá.
Además de los hallazgos relativos a las falencias en la producción de los alimentos, el órgano de control también estableció un presunto hallazgo fiscal relacionado con el no suministro de 24.645 raciones de alimentos durante diciembre de 2023 en la cárcel de Cómbita, lo cual habría significado un detrimento por valor de 382’120.725 pesos.
Cárcel de Cómbita, Boyacá (foto de archivo) Foto:Archivo Boyacá Sie7e Días
Sobre lo ocurrido en El Barne en 2023 se registra que las raciones no fueron entregadas a las personas privadas de la libertad y tampoco descontadas para el pago correspondiente.
“La negativa a suministrar estos alimentos puso en riesgo la salud física, mental y la integridad de las personas privadas de la libertad y el cuerpo de custodia del Inpec, al incrementar el riesgo de una asonada o motín carcelario, como resultado de sus necesidades básicas no satisfechas, la desnutrición y/o la falta de alimentación”, señaló la Contraloría mediante un comunicado de prensa.
De otra parte, la Contraloría Delegada para el Sector Justicia llamó la atención por la deficiente atención médica en la cárcel de Cartagena, pues se han presentado pérdidas en los cupos que se tienen en establecimientos médicos por el no traslado oportuno de personas privadas de la libertad que requerían servicios de salud, afectando de manera sustancial la oportuna y eficaz atención médica.
También sobre temas médicos se cuestionaron deficiencias en el abastecimiento y entrega de medicamentos en la cárcel de La Dorada, en Caldas, y en las cárceles de Buga, la de Cómbita, Jamundí y la de Cali.
Sobre la cárcel El Barne, de Cómbita, también se indicó que hay una obra con un pozo profundo abandonado, por lo cual se solicitó la apertura de una indagación preliminar para determinar el daño y su cuantía.
Por todo lo anterior, la Contraloría advirtió debilidades estructurales en las áreas de alimentación, infraestructura y salud en los penales de Colombia.
Sobre la alimentación, las falencias principalmente tenían que ver con las condiciones del proceso de producción y distribución de alimentos, el control de proveedores, condiciones de equipos y utensilios, prácticas y educación del personal manipulador de alimentos.
También con los requisitos higiénicos, saneamiento básico, estado de cuartos fríos, sistemas de congelación, almacenamiento de materias primas, abarrotes e insumos, control de calidad, contra muestras de alimentos; así como con la rotación de ciclos de menú, horarios de entrega, gramaje de alimentos, proceso de distribución, dietas terapéuticas y falta de interventoría y supervisión del servicio de alimentación.
Frente a la infraestructura se cuestionó la falta de una atención adecuada de la infraestructura de acuerdo a lo priorizado con los planes de necesidades, órdenes judiciales y presupuesto asignado para la construcción y/o mantenimiento de infraestructura de los establecimientos de reclusión del orden nacional.
Así mismo, se llamó la atención sobre la necesidad de cumplir los estándares técnicos de calidad, seguridad y habitabilidad; la supervisión e interventoría y gestión de la contratación; debilidades en la ejecución de presupuesto asignado debido a debilidades en la planeación de los recursos y la contratación correspondiente.
Del mismo modo, en este punto se habló de falencias en que los establecimientos tienen plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de agua residual funcionando sin tener los permisos ambientales requeridos vigentes para su ejercicio.
Y sobre el componente de salud se evidenciaron espacios no dispuestos para las áreas de sanidad, control y seguimiento en los cupos adquiridos para las personas privadas de la libertad en diferentes establecimientos médicos; así como falencias en el abastecimiento de medicamentos, en la capacidad de personal, una falta de mantenimiento en equipos de carácter biomédico y fisioterapéutico, entre otros.