Fiscal Luz Adriana Camargo reacciona a orden de captura en su contra: 'Me cobija la tranquilidad de mi inocencia'

Desde el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, la fiscal Luz Adriana Camargo reaccionó este martes a la orden de captura en su contra emitida por la justicia de Guatemala, donde es requerida por supuesta corrupción en el capítulo de Odebrecht. La jefa del ente acusador rechazó tal decisión, resaltó que Interpol no ha activado dicho pedido a nivel internacional, y que se están vulnerando las garantías internacionales suscritas entre la ONU y el gobierno del país centroamericano.

(Le dejamos: Los alcances de la orden de captura contra la fiscal Luz Adriana Camargo y el embajador Iván Velásquez)

La orden por cuatro delitos también cobija al embajador y exministro Iván Velásquez, y provocó una oleada de reacciones no solo de índole judicial sino también político. Tanto el gobierno colombiano como el guatemalteco rechazaron la decisión indicando que carece de todo sustento jurídico. El último en hacerlo fue el del presidente Bernardo Arévalo, que manifestó que "estas medidas vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)".

Por su parte, el presidente Gustavo Petro escribió en X que la Fiscalía de Guatemala obedece al crimen y no a la ciudadanía, y que "las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos. Los crímenes cometidos por las mafias, contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer".

(Puede ver: Gobierno de Guatemala rechaza orden de detención contra lván Velásquez y Luz Adriana Camargo: 'Objetivo político')

La orden proferida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala contra Camargo y Velásquez parte de la teoría de que como de la CICIG, habrían estado detrás de una organización criminal que favoreció a empresarios de Odebrecht, lo que derivó una pérdida de recursos que alcanza los 3.000 millones de quetzales, cerca de un billón y medio de pesos colombianos. No obstante, esa versión fue desmentida por el actual embajador, quien precisamente vivió en el país centroamericano luchando como comisionado en contra del crimen y la corrupción.

A primera hora, este martes la fiscal Camargo y el vicefiscal Gilberto Guerrero estuvieron en el Palacio de Justicia hablando con el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Octavio Tejeiro. Los detalles de esa reunión giraron alrededor de la decisión emitida desde Guatemala.

La fiscal empezó por decir que su entidad actualmente desarrolla un proceso silencioso dirigido a atacar la ilegalidad en Colombia, y que eso afecta a otros países. "Sabemos que la delincuencia no respeta fronteras", reseñó la alta funcionaria, añadiendo que para quienes están a cargo de esas labores, se "ha generado un contraataque sin precedentes", y que la orden de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones "constituye una flagrante violación a los términos del acuerdo de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Desconoce los parámetros del derecho internacional, carece de sustento político. Se basa en una interpretación descontextualizada".

Además, indicó que no ha pensando en ejercer un derecho a la defensa porque no hay garantías para hacerlo en el país centroamericano, y que muestra de ello es que varios abogados han sido detenidos por ejercer su profesión. 

Luz Adriana Camargo también recordó que el 23 de mayo, la relatora de Naciones Unidas Margaret Satterhwaite visitó Guatemala para dar a conocer la difícil situación por la que pasa ese país a nivel jurídico, pues hay cerca de 60 investigadores y jueces exiliados en Estados Unidos.

La difusión de las órdenes de captura la hizo el lunes festivo el controvertido fiscal José Rafael Curruchiche, quien dijo que ambos funcionarios colombianos habrían incurrido en supuesta asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Y por eso, le pidieron a Interpol que los detenga, medida que no se hará realidad debido a que hay una inmunidad especial para quienes hicieron parte de la CICIG desmantelando la corrupción entre 2007 y 2019.

Iván Velásquez fue comisionado de la CICIG desde 2013 a 2019, año de su terminación; mientras que Luz Adriana Camargo estuvo entre 2014 y 2017 al frente del área de investigación y litigio estratégico. Como coequiperos, junto a funcionarios guatemaltecos hicieron parte de las investigaciones que llevaron a la judicialización de tres expresidentes, entre ellos Otto Pérez Molina, implicado en el caso La Línea, escándalo que lo llevó a renunciar. 

En Colombia, abogados consultados por EL TIEMPO manifestaron que es poco probable que esas órdenes de captura se materialicen, debido a la inmunidad que tienen los ex de la comisión, suscrita en 2006 entre el Estado guatemalteco y la ONU.

EL TIEMPO conoció un informe elaborado en abril por el Reino Unido, en el que se incluye al fiscal José Rafael Curruchiche y a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en un listado de sacionados por hechos de corrupción. En el caso de la alta funcionaria, se lee que consiguió ser reelegida en el cargo durante el gobierno de Alejandro Giammattei, y que al parecer socavó, de forma sistemática, investigaciones contra la clase política guatemalteca. Para ello habría presionado a fiscales y frenado pesquisas con tal de no afectar sus sospechosos intereses.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]