Toma fuerza en la Corte Suprema el freno a extradiciones hacia Venezuela por abusos del régimen de Nicolás Maduro

Una tercera parte de los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ha salvado el voto frente a las solicitudes de extradición a Venezuela. En esta instancia cobran fuerza los argumentos sobre el riesgo que implicaría dejar a los capturados en manos del régimen de Nicolás Maduro, señalado internacionalmente por graves violaciones a los derechos humanos.

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En noviembre pasado, el magistrado Gerardo Barbosa Castillo lanzó el primer campanazo con un duro salvamento de voto.

“Si una persona reclamada en extradición por la República Bolivariana de Venezuela debe ser investigada y/o juzgada, Colombia puede hacerlo conforme a su legislación, sin dejarla en manos de un régimen fundadamente desconfiable en términos de respeto a los derechos humanos”, argumentó, al oponerse al concepto favorable que dieron sus colegas para la extradición del exsubintendente de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto González, requerido por los delitos de secuestro agravado con muerte en cautiverio, uso indebido de arma orgánica y asociación para delinquir agravada.

Barbosa aseguró que el aval del gobierno colombiano pondría en riesgo la vida del exmilitar. Basado en las alertas de organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional, que han advertido sobre el autoritarismo de Nicolás Maduro, pidió “adoptar medidas que garanticen la integridad de las personas solicitadas en extradición” por el vecino país.

En abril pasado, el caso del colombiano Édgar Alonso Valencia Quesada —requerido por los Juzgados 31 y 37 de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de Caracas por su presunta responsabilidad en el homicidio de un empresario venezolano y por dirigir una red de estafa con falsas inversiones bursátiles— reabrió el debate en la Sala.

Aunque el aval fue aprobado por mayoría con los votos de los magistrados Fernando León, Gerson Chaverra, Diego Corredor, Jorge Hernán Díaz y Hugo Quintero, crecieron las reticencias dentro de la Sala. Además de Gerardo Barbosa Castillo, también salvaron su voto Carlos Roberto Solórzano y José Joaquín Urbano, mientras que la magistrada Myriam Ávila dejó constancia con una aclaración.

Mientras que la postura prevalente se basa en el cumplimiento técnico del tratado de extradición vigente, los magistrados disidentes cuestionaron la legitimidad del Estado venezolano como solicitante y alertaron sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos de los extraditables.

“Acceder al pedido de un Estado que ha sido calificado por la comunidad internacional como ilegítimo y desconocedor de los derechos humanos, abre la posibilidad a que las personas que son requeridas en extradición corran un riesgo sobre sus bienes jurídicos, aspecto que la Corte Suprema de Justicia no puede coadyuvar", aseguró el magistrado Solórzano. 

El pasado 7 de mayo, la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Germani Gabriel Blanco Moreno, requerido por los delitos de "homicidio calificado ejecutado con alevosía y agavillamiento", volvió a dividir opiniones en la Sala de Casación Penal.

Aunque en la decisión se estableció como condición exigir al gobierno Venezolano garantías para el procesado en materia de seguridad jurídica y atención médica debido a su trastorno de ansiedad, los magistrados Castillo, Urbano y Solórzano volvieron a salvar el voto, poniendo a consideración de la Sala precedentes jurídicos para el análisis de futuras solicitudes.

"Existe la posibilidad de que Colombia investigue y juzgue al requerido bajo sus leyes nacionales. Por lo tanto, el concepto sobre la extradición debería ser desfavorable, para que así, y con el fin de evitar cualquier impunidad respecto a la conducta que motiva el pedido de extradición, sean las autoridades colombianas quienes, dentro de sus competencias y autonomía, ejerzan su función constitucional y legal frente a la presunta comisión de hechos delictivos atribuidos al nacional venezolano", afirmó el magistrado Solórzano.

En un salvamento conjunto, los magistrados Castillo y Urbano hablaron del principio de "no devolución", reconocido como uno de los pilares que rigen la extradición, creado para proteger los derechos de los refugiados. 

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Aseguran que la denegación de un pedido de extradición no implica que los delitos por los que la persona es requerida queden en la impunidad, pues el Estado colombiano tiene la opción de investigarlos y juzgarlos. 

Así mismo, insisten en las "abundantes y contundentes" evidencias sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, frente a las que Colombia no puede hacerse la de la vista gorda.

"El Estado colombiano y sus funcionarios de todos los niveles no deberían hacer caso omiso a esta situación, especialmente cuando estos hechos han comprometido la responsabilidad de los Estados contratantes ante instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia", señalaron.

Para la exministra de Justicia Gloria María Borrero, los argumentos de los magistrados que salvaron su voto tienen pleno sustento jurídico. Sobre las condiciones del actual sistema penitenciario y la crisis de hacinamiento, señaló que no se agravaría el problema, dado que los extraditables a Venezuela son un número reducido.

De hecho, entre 2022 y diciembre de 2024 —sin contar los dos conceptos favorables emitidos por la Corte este año, que han abierto el debate—, según cifras del Ministerio de Justicia, solo se han hecho efectivas dos extradiciones a Venezuela: una por secuestro, en marzo de 2024, y otra por abuso sexual, en mayo del mismo año. 

Redacción Justicia