Giro de Fiscalía en el juicio contra Sanguino: pide preclusión de un delito y nulidad del llamado a juicio

El esperado arranque del juicio por la corrupción del 'carrusel de la contratación' en contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio un sorprendente giro por cuenta de la Fiscalía. 

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El fiscal Jorge Velásquez le pidió a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que deseche la acusación realizada por el ente acusador en octubre del año pasado, lo que automáticamente devolvería el caso a una fase preliminar de la investigación por hechos ocurridos en la alcaldía de Samuel Moreno, entre 2008 y 2009. 

Según el fiscal, el ente acusador se equivocó al considerar como un delito continuado dos supuestas actuaciones de Sanguino cuando era concejal de la Alianza Verde en Bogotá. Según la investigación, en 2008, Sanguino se habría reunido con el alcalde Moreno, quien falleció en prisión condenado por el mismo escándalo, y con el secretario de Salud Héctor Zambrano, también condenado, para lograr el nombramiento de Liliana Paternina como gerente del Hospital de Usme. 

Meses más tarde, en el primer trimestre de 2009, Sanguino se habría reunido con Paternina para lograr el direccionamiento de un millonario contrato de obras del hospital al contratista Héctor Julio Gómez, uno de los cerebros del 'carrusel de la contratación', junto con el también condenado Emilio Tapia.

En desarrollo de la audiencia, y después de que la Corte regañó a la Fiscalía porque pretendió aplazar el inicio del juicio, el fiscal Velásquez le pidió al magistrado Jorge Emilio Caldas que se declare la nulidad de lo actuado en la acusación contra Sanguino porque considera que no hay una línea de continuidad entre los dos eventos. 

Según su posición, en coincidencia con la defensa del hoy ministro de Trabajo, frente al primer hecho imputado, es decir la reunión con Samuel Moreno, ya operó el fenómeno de prescripción, al cumplirse, en julio del año pasado, los 12 años de pena máxima del delito de tráfico de influencias, ampliados a 16, por tratarse de servidores públicos.

El fiscal le dijo a la Corte que, en consecuencia, Sanguino solo podría ser juzgado por su eventual presión sobre la gerente del hospital para que el contrato fuera a manos de Julio Gómez, conducta que se habría dado en el 2009 y que también estaría a punto de prescribir. 

El giro sorprende porque fue la misma Fiscalía de Camargo la que formuló, el 30 de octubre del año pasado, la imputación de cargos contra Sanguino por el delito continuado. Cuando este fue nombrado ministro, el caso pasó a manos de un fiscal delegado ante la Corte, el mismo que este lunes pidió echar para atrás todo lo actuado. 

El abogado Jaime Lombana le dijo a EL TIEMPO que la petición de la Fiscalía de pedir la nulidad "es totalmente acorde con las reglas del derecho penal" y reiteró que su defendido no cometió ningún delito. 

Sanguino, con un pie en la Corte y otro en el Congreso —por la radicación de la reforma laboral en la Comisión IV del Senado—, enfrenta una acusación por el delito de tráfico de influencias de servidor público, por la presunta repartija de convenios en la istración distrital.

Pocos minutos después de arrancar la audiencia en la Corte, el magistrado le pidió a la defensa llamar al Ministro para que se hiciera presente o comunicara personalmente a la audiencia los motivos por los que no asistiría.

“Estaba atendiendo asuntos relacionados con mi responsabilidad como ministro, pero los suspendí”, dijo Sanguino a los pocos minutos.

La Secretaría de Salud de Bogotá pidió ser acreditada como víctima en el proceso, argumentando daño moral y afectación a su buen nombre, aunque no expuso perjuicios materiales. La defensa de Sanguino se opuso a la solicitud, señalando que en el decreto de nombramiento de la directora del Hospital de Usme, Liliana Paternina —en el que supuestamente intervino Sanguino— “no hay ninguna mención a la Secretaría que acredite algún daño directo o indirecto”.

Después de deliberar, la Sala de Primera Instancia negó la objeción de la defensa y reconoció a la Secretaría Distrital de Salud como víctima del presunto tráfico de influencias en servidor público, delito que se le atribuye al ministro Sanguino.

A la hora de la lectura del escrito de acusación, la defensa presentó una solicitud de aclaración y un recurso de nulidad por supuestos “vacíos” en las fechas y la ubicación de los hechos. 

"¿En qué fecha y lugar se realizó la reunión en la que supuestamente se pactó la coima con el contratista Julio Gómez?, ¿En qué fecha se llevaron a cabo las reuniones con el exalcalde Samuel Moreno para nombrar a Liliana Paternina en la dirección del Hospital de Usme?, ¿En qué fechas y lugares se dieron reuniones con la exdirectora Paternina y el contratista Julio Gómez?", fueron algunas de las preguntas que elevó el abogado suplente de Jaime Lombana.

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En su intervención, la Fiscalía aseguró que, antes de responder a la solicitud de la defensa, pedirá un cambio en el sentido de la audiencia para evaluar una “preclusión parcial por prescripción del delito”, un giro completamente inesperado en la audiencia. 

Antes de evaluar su petición, el magistrado Caldas pidió a la Fiscalía aclarar la solicitud de aclaración de la defensa y expuso una a una las reuniones en las que se habría configurado el tráfico de influencias. 

La defensa planteó la nulidad del escrito de acusación, pero la Fiscalía, de nuevo, reiteró que no se conceda y pidió que se proceda con el cambio de sentido de la audiencia para declarar la preclusión parcial por prescripción de uno de los dos hechos delictivos investigados.

"Es claro que si se han deslindado dos momentos, es un concurso de delitos, más no un delito continuado. En el primero, el influenciado habría sido el exalcalde Moreno, en el segundo, la gerente del Hospital de Usme, Liliana Paternina", dijo el fiscal. 

El primer evento data del primer trimestre de 2008, fecha del decreto de nombramiento de la directora Paternina. Por el delito de tráfico de influencias la pena máxima es de 12 años, por lo que aplica la prescripción que se cumplió en julio de 2024. 

"Reitero mi respetuosa petición de que se declare la preclusión por prescripción de la actuación penal por el hecho mencionado", solicitó la fiscalía, moción que fue apoyada por la procuradora Marta Canabal. Ahora le corresponde a la Sala de Primera Instancia decidir sobre la solicitud de la Fiscalía.