Andrés Calle ya fue trasladado a La Picota por orden de la Corte Suprema, en medio del escándalo de la UNGRD

El exrepresentante a la Cámara, Andrés Calle, uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, fue trasladado en la mañana de este jueves a la cárcel La Picota en el sur de Bogotá, por orden directa de la Corte Suprema de Justicia.

Su abogado, Billy Torres, confirmó en entrevista con EL TIEMPO que en las últimas horas llegó la notificación para que tanto Iván Name como Andrés Calle fueran trasladados.

"Llegó la orden remitirlos a la penitenciaria La Picota, pero según me informan eso se ejecutó hasta esta mañana, entonces imagino que ya deben estar allá", señaló Torres.

Calle permanecía detenido desde la noche del pasado miércoles en los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, mientras se definía su situación jurídica, junto a la del senador Iván Name, quienes son señalados de haber recibido $ 3.000 millones (Name) y $ 1.000 millones (Calle) para favorecer o no poner trabas a las reformas y a la agenda legislativa del Gobierno.

En las últimas horas, la Corte Suprema dispuso su traslado a ese centro penitenciario, decisión que también incluye al expresidente del Senado, Iván Name, igualmente investigado por su presunta participación en el caso.

Torres también le comentó a este medio de comunicación que aunque inicialmente dijo que no descartaba interponer un recurso para tumbar la decisión que envió a prisión a Calle, porque no conocía la decisión de la Corte. Sin embargo, manifiesta que ya le fue notificada.

"La idea es leerla, estudiarla, hacer el análisis jurídico y una vez uno haga el análisis, si se toma la decisión si es procedente o no interponer el recurso", resaltó.

Calle y Name son señalados por los exdirectivos, Olmedo López y Sneyder Pinilla de haber recibido la jugosa cantidad de 4.000 millones de pesos, como parte de una estrategia para asegurar apoyos legislativos a favor del Gobierno nacional. 

Los recursos provenían de millonarios contratos de la UNGRD, varios de ellos asociados con la adquisición de carrotanques para el departamento de La Guajira, en medio de aparentes sobrecostos y desvío de fondos públicos.