¿Cómo se desató tanta violencia?

¿Cómo se desató
tanta violencia?

La violencia en Arauca volvió a recrudecer a finales del año pasado, cuando dentro del territorio venezolano —en la frontera— de las disidencias de las Farc habrían matado a algunos comandantes de los ‘elenos’. Incluso, se habla de alias ‘Mazamorro’.

Y si bien en territorio araucano muchos dirigentes comunales intentaron mediar para frenar el regreso de la guerra, fue inevitable: se desató en la madrugada de aquel 2 de enero cuando un grupo de disidentes de las Farc, al mando de alias ‘Freddy’, celebraba una animada parranda que comenzó el 31 de diciembre. Y hasta allí llegó un grupo de hombres del Eln y se los llevó a todos en camionetas y camiones y los fueron matando por el camino.

De acuerdo con las cifras oficiales, el saldo que dejó ese día fue de 27 muertos.

A partir de ese momento comenzaron las acusaciones mutuas, los señalamientos e incluso la desinformación por parte de los dos grupos mediante videos, chats de WhatsApp y comunicados escritos. Las dos fuerzas ostentan tener el apoyo del Gobierno colombiano y del Gobierno venezolano.

Pero lo que se dice en Arauca es que esta guerra tiene varios matices. Por un lado, está el control de la frontera con sus pasos ilegales de mercancías, droga y combustible. Un negocio que les genera miles de millones al año.

Pero también hay quienes aseguran que lo que hay detrás es la guerra entre el Gobierno venezolano y la Nueva Marquetalia (la de ‘Iván Márquez’, disidente de las Farc), a la que se habría unido el Eln de alias Pablito, para luchar contra las disidencias de los frentes 10 y 28, comandadas por alias ‘Arturo’ y ‘Antonio’, respectivamente.

Hay que recordar que a mediados del año pasado las disidencias en la zona de La Victoria, en el estado Apure, retaron a las tropas venezolanas durante varios días. Los informes de inteligencia señalan que capturaron a cerca de un centenar de soldados venezolanos, les destruyeron dos tanquetas, les averiaron dos helicópteros y les volaron algunas instalaciones militares, además de sembrarles de minas el territorio.

En ese momento estaba claro que el Gobierno de Maduro lo que quería era favorecer a la gente de ‘Iván Márquez’, que quería quitar del camino a la gente de ‘Antonio’ y ‘Arturo’. Pero no pudieron. Por eso, ahora todo indica que lo que se está viendo es una revancha. Incluso en la zona del Alto Apure, en la frontera con Arauca, la militarización venezolana no tiene precedentes. Se podría decir que prácticamente cada 10 kilómetros de carretera hay un retén militar, respaldado por carros blindados.

Pero a pesar de la militarización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) los guerrilleros colombianos siguen con sus ataques al otro lado de la frontera. El Alto Apure (Venezuela) es un escenario de guerra. Y los combates ahora también los viven allí.

Y en medio de esa guerra son muchos los muertos. La mayoría de ellos aparentemente son cercanos a las disidencias. Por ejemplo, se debe recordar precisamente que de ese grupo pusieron un carro bomba en Saravena, que tenía como objetivo central atacar el edificio en donde se concentran las denominadas organizaciones sociales de Arauca (sindicatos, grupos defensores de derechos humanos y otras ONG). El saldo: una persona muerta y cuatro heridos, un edificio en ruinas y varias edificaciones seriamente averiadas.

Los consideran cercanos a los ‘elenos’. Y precisamente el comandante del frente 28, en un comunicado que hizo circular a comienzos de este año, anunció la guerra total que se vendría contra gente cercana a los ‘elenos’. El fin de semana del 18 al 20 de febrero, un barrio de Saravena debió ser desalojado, pues les dejaron un carro cargado de explosivos, que fue desactivado a tiempo por el Ejército y la Policía.

Y a pesar de que han tratado de mediar organizaciones internacionales y la misma iglesia, por ahora no se ve solución. Monseñor Jaime Cristóbal Abril González, obispo en esa región del país, denunció el agravamiento de la crisis social y denunció asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, amenaza a líderes y lideresas, atentados con explosivos y quema de vehículos.

“Hay que parar el creciente torbellino de asesinatos, actos violentos y amenazas, y colocar en primer lugar el bien de esa población civil”, advirtió el prelado.

Mientras tanto, el Estado colombiano ha tratado de llegar con tropa. No en vano mandó más de 600 hombres para reforzar a la Brigada 18 con sede en Arauca. Pero no se ven los resultados. Incluso, el propio presidente Duque estuvo en dicha región del país. Y el desfile de ministros y funcionarios ha estado en el orden del día, pero todavía no se ve ninguna solución.

Pero también se han dado hechos que llaman la atención, por decirlo de cierta manera. Como el caso de los cuatro jóvenes que portando armas y movilizándose en una camioneta negra por Arauquita fueron asesinados por sicarios del Eln. La versión es que llevaban varios días circulando por la zona, donde la presencia militar del Estado abunda.

Y también han aparecido personas asesinadas, cuyos cuerpos son encontrados atados y vendados e incluso torturados. Es un asunto de miedo.

El paro armado y los niños que deben huir

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En Arauca nadie desconoce que están en un conflicto como hace muchos años no se vivía. Los candidatos que andan en campaña tienen restringidas sus salidas, evitan ir a las zonas rurales y generalmente, cuando van a ir alguna de las poblaciones, lo hacen sin anuncios, tratan de ir lo más desapercibido posible para evitar cualquier situación.

Las reuniones políticas —que como en buena parte del país se hacen en horas de la noche— en Arauca ya son cosas del pasado. Después de las siete de la noche no hay ningún encuentro proselitista.

A todo esto, se suma lo que puede venir en la medida que la guerra se da, particularmente en las áreas rurales de Arauquita, Tame, Saravena y Fortul, que es donde básicamente se cultiva buena parte de la comida que llega al departamento y a zonas fronterizas como Norte de Santander y Santander. El área más productiva del departamento, la que más produce comida, es la más afectada.

Mientras tanto, en los cascos urbanos el temor es evidente. En poblaciones como Arauquita o Saravena el comercio cierra sus puertas muy temprano y en las noches sus calles permanecen vacías. El comercio está sensiblemente afectado. En redes sociales circulan videos grabados desde las ventanas, en los que el crujir de las balaceras se mezcla con los gritos y lamentos de los pobladores que se protegen debajo de las camas. También se ven, a sus anchas, a hombres del Eln colgando sus banderas, imponiendo su poderío en medio de las calles desoladas, porque la orden es que nadie puede salir.

Y si bien la Defensoría del Pueblo ha podido constatar que 2.713 personas pertenecientes a 876 familias han resultado víctimas de desplazamiento forzado, es un hecho que la cifra es muy superior, pues según conoció EL TIEMPO son muchos los casos de personas a las que escasamente se les dan 12 horas para que abandonen un determinado lugar.

Por ejemplo, a finales de febrero, en el asentamiento urbano de El Recreo, en la ciudad de Arauca, las disidencias les dieron 12 horas para salir a más de 10 personas, entre ellas, algunas madres cabeza de hogar. La acusación: ser ‘sapos’.

A lo anterior se suma el miedo que están sintiendo muchos padres de familia de las escuelas rurales porque hay reclutamiento de niños. Son muchos los casos de familias que han sacado a escondidas a sus hijos, incluso menores de 10 años, pues aseguran que el reclutamiento ahora se da incluso por debajo de esa edad. Un grupo de nueve menores de edad fue sacado en un vehículo rumbo a otro departamento, en un operativo conjunto entre la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y los Personeros de los municipios de Saravena, Fortul y Tame, con el apoyo y cooperación de Unicef.

De acuerdo con reportes oficiales, este año se matricularon 4.601 estudiantes menos que el año pasado. Y no se sabe dónde están o por qué no volvieron a estudiar. Y a esto se suma que en Arauca se habla de que este año ya van 24 profesores amenazados, de los cuales 14 han debido salir del departamento.

“La violencia en Arauca es la manifestación de un cáncer que empieza a hacer metástasis en las demás zonas de frontera con Venezuela. Es una crisis humanitaria que debe generar un mayor interés y apoyo por parte de la comunidad internacional”, le dijo a EL TIEMPO el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Por todo esto es que han surgido muchas críticas, no solo al gobierno nacional, sino incluso a los centros departamentales, pues desde el momento en el que se desató esta ola de violencia, ya había asumido como gobernador encargado el general Alejandro Miguel Navas, excomandante de las Fuerzas Militares. El asunto es que entregó el cargo y pocos días antes de salir fue condecorado con la medalla Inocencio Chincá por los servicios prestados al departamento.

Las poblaciones en riesgo

De acuerdo con una investigación de la Universidad Javeriana, los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc en Arauca dejan a la población civil, excombatientes y comunidades indígenas como los más afectados.

El informe da cuenta de que durante décadas ha existido la presencia y presión de grupos armados. Y destaca que, sin embargo, durante las últimas semanas en dicha región se ha vivido una fuerte escalada de la violencia que ha dejado heridos, muertos y cientos de familias desplazadas.

El documento da cuenta de que Naciones Unidas registra que al menos seis comunidades indígenas y 340 excombatientes permanecen confinados por los combates en la zona. Este mismo organismo internacional estudia la posibilidad de crear corredores humanitarios para asegurar servicios básicos.

En el estudio, Carlos José Herrera, quien ha trabajado en las comisiones de paz de varios gobiernos en acercamientos y negociaciones con guerrillas —además, es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana—, explica que lo que viene sucediendo desde hace unos meses es resultado de la lucha por el control territorial.

El docente asegura que esta zona es de difícil control por parte de las autoridades porque es relativamente sencillo pasar personas y mercancías para evitar controles migratorios y de aduanas:

“A través del río (Arauca) sucede todo tipo de contrabando: gasolina, carne, reses, bienes de consumo, productos básicos de mercado para el hogar, ropa, zapatos. Estas economías pueden mover miles de millones de pesos a la semana”, asegura el profesor.

Según el estudio, por su carácter informal es imposible saber cuánto dinero mueve el contrabando, pero algunas estimaciones, como la que reveló la diputada venezolana Karim Vera, indican que solo en 2021 esta cifra superó los 100 millones de dólares.

Así que quien logre controlar estos pasos fronterizos podrá cobrar ‘peaje’ o extorsión para dejar pasar personas o mercancía.

“La frontera puede prestarse para el paso de cocaína que toma rumbo hacia Europa. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de hoja de coca generaría 450 millones de dólares al año, pero la venta de la cocaína puede recaudar hasta 1.800 millones”, agrega el documento de la Javeriana.

La investigación también indica que el narcotráfico y la venta de armas son los negocios ilegales más conocidos y los que durante décadas han financiado estructuras criminales y armadas. Sin embargo, en los últimos años, la minería ilegal de metales preciosos y minerales es un fenómeno que se ha incrementado en la frontera.

En ese sentido, la universidad plantea que las disidencias, que controlan buen porcentaje de la Orinoquía, quieren dominar una parte de los muchos negocios que se mueven por la frontera con el vecino país.

“Las disidencias están buscando una salida al río, a la frontera. La necesitan, porque si no, se les limita su economía. Salir al río significa controlar una parte del departamento y lo están intentando a sangre y fuego. Pero se han encontrado al Eln, que no quiere perder el control que mantiene”, asegura el catedrático Herrera.

El informe señala que para entender lo fuerte que es el Eln en esa región, hay que tener en cuenta varios factores. El primero es el interés que ha existido durante mucho tiempo por la frontera. Décadas atrás, cuando el conflicto armado interno arreciaba y la economía venezolana era sólida, el contrabando también funcionaba, pero en vía contraria (de Colombia al país vecino).

El segundo elemento es la manera en que opera la guerrilla. “El Eln tiene una forma muy particular de hacer presencia, que es quizás casi única en el país, y fue que se hizo parte de la sociedad de Arauca”, señala una fuente en el estudio.

“Cuando uno está allá le parece que no es verdad –que no están–, todo se ve muy normal, la vida funciona, se ve muy tranquilo, pero uno sabe que se encuentran por todos lados: a la salida del hotel, en el restaurante, en cualquier lugar, muy pendientes”, agrega.

Además, el experto señala algo que es evidente en la zona y es que, a diferencia de otras guerrillas, no viven tanto en ‘el monte’: tienen una vida civil.

El pasado 24 de febrero, en una cinematográfica operación del Ejército, fueron abatidos 23 de las disidencias de las Farc; entre ellos, alias ‘Arturo’, por quien el gobierno nacional ofrecía hasta 500 millones de pesos de recompensa. Otros cuatro milicianos resultaron heridos.

Tras ese golpe, las disidencias de las Farc quedaron diezmadas; pero la masacre del 17 de abril, atribuida a ese grupo, deja claro que siguen firmes. Y aunque muchos destacan el operativo del Ejército, otros tantos más consideran que no es suficiente. Y reclaman más acciones del Estado. Una presencia permanente de las fuerzas que atienda no solo los hechos delictivos: también la corrupción, que es otra plaga. No se puede olvidar que hace unos meses, en octubre del 2021, José Facundo Castillo, gobernador de Arauca, fue capturado en Bogotá por la Fiscalía por las supuestas irregularidades en contratos públicos de ese departamento que terminaron en manos de personas relacionadas con el Eln.

La investigación indica que Castillo habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz para que continuaran con su actuar delincuencial a cambio de logística y protección militar para su seguridad.

En Arauca tienen mucho miedo. Y se sienten muy solos.