Clamor por Buenaventura: el puerto encallado en el miedo

Meses antes de aparecer mutilado entre dos barrios de Buenaventura, Jeremías Riascos Tobar empezó a cambiar las rutinas diarias. Lo hacía al salir de su casa en La Playita: se iba por otros laberintos de calles destapadas y recurría al mismo plan para volver, buscando esquivar a esos desconocidos que habían puesto un precio por asesinarlo. Al final, todas sus precauciones no valieron: los asesinos terminaron por darle cacería.

Este porteño de 44 años venía acosado por las amenazas, de esas que no se quedan en palabras, como las que se intensificaron en los últimos dos años en esos territorios donde pululan la pobreza y la falta de oportunidades, desde cuando fueron detenidos alias ‘Julito’ y ‘Diego Optra’. Los dos eran las cabezas visibles de ‘La local’, la versión moderna de las bandas paramilitares que no se desmovilizaron en el proceso de paz de la década pasada y que con nombres diferentes, pero con la misma violencia, mantienen ardiendo la guerra por la coca, el tráfico de armas y la minería ilegal en esteros y cuencas de los ríos Raposo y San Juan.

Por allí no solo hay cultivos y narcolaboratorios sino que se mueve la extracción ilegal de oro. El ‘metal maldito’ llega a escondidas al puerto y luego se va, sin dejar huella, en lanchas y en pequeñas avionetas hacia el centro del país.

Esa pelea entre las bandas de 'Julito' (cuyo verdadero nombre es Julio César Alegría Sánchez) y 'Diego Optra' (Diego Fernando Bustamante Segura) se fue agravando y el 30 de diciembre de 2020 pasó de los asesinatos aislados a la ‘cacería’ de un escuadrón armado que dejó seis muertos. El 2021 no arrancó mejor para Buenaventura y los habitantes tienen que moverse entre balaceras, homicidios, extorsiones, amenazas y desapariciones de las que se lucran indistintamente bandas, disidencias de las antiguas Farc y pequeños mafiosos locales.

Videos macabros de balaceras, de gente huyendo en medio del terror, se han hecho virales en las últimas semanas. Un colectivo de jóvenes porteños se ha encargado de contarle al país y al mundo lo que ha venido pasando en su ciudad a través de las redes sociales, con la etiqueta #SOSBuenaventura. Han reclamado por el abandono del Estado y la indiferencia de la sociedad, recordando que esta no es una problemática nueva: lleva muchas décadas y parece no tener solución a la vista.

Una de esas desapariciones denunciadas fue la de Jeremías Riascos, el hombre que cambió sus rutinas pero no logró burlar a la muerte. Él era un vecino del espacio humanitario Puente Nayero, en La Playita. Su familia permaneció un día sin tener noticias suyas y al siguiente las autoridades los llamaron para decirles que habían encontrado sus restos desmembrados a unos 12 kilómetros de su casa. El hallazgo se produjo en límites entre los barrios Gamboa y 6 de enero. Los Riascos están también en la larga lista de los que por miedo tuvieron que abandonar sus casas y buscar otros barrios: los desplazados intraurbanos.

El personero distrital, Edwin Janes Patiño, asegura que los desplazamientos internos se están agudizando a niveles del 2014, cuando todo el país se conmocionó al escuchar al obispo Héctor Epalza, recién fallecido, denunciar las macabras ‘casas de pique’: lugares donde torturaban a las víctimas y luego destazaban sus cuerpos para evitar que fueran identificados. La denuncia, que primero fue puesta en duda por las autoridades centrales pero que al final dio pie a la militarización del Puerto, se mantiene vigente.

El actual obispo, Rubén Jaramillo, no duda cuando dice que a la gente la siguen ‘picando’. Ya no en viviendas sino en esteros. Y así desaparecen sus cuerpos. “Las familias no pueden ir a buscar a sus víctimas. Todo el mundo sabe dónde están las bandas, pero hay miedo porque hay infiltrados y las bandas tienen poder armado; si la gente denuncia, la matan”, afirma.

El alcalde Víctor Vidal, quien fue vocero del Paro Cívico de 2017, cuando se llegó con el Gobierno a compromisos por 10 billones de pesos, está seguro de que lo que se vive en Buenaventura no es una simple vendetta entre capos locales:

“Esta no es una pelea de pandillas o una rivalidad por una novia. Los muchachos que mueren acá no tienen 25 millones de pesos para comprar un fusil. Las que hay acá son estructuras con nexos internacionales, llegan a mover las lanchas y semisumergibles para sacar droga o entrar armas en el territorio más extenso de Colombia. Y de aquí saltan a Centroamérica y a Estados Unidos”, advierte el mandatario.

Y añade: “En Buenaventura no se producen la cocaína o la heroína, pero se comercializan desde acá. Tenemos muchos hijos ejerciendo la guerra, pero: ¿quién está detrás?. Por eso, no basta con acallar las armas, sino garantizar que el control esté en manos de autoridades y comunidad”.

Según él, el comercio recibe el golpe de las extorsiones. Como en cascada, el impacto de ese delito cae sobre los consumidores, de modo que en una ciudad empobrecida un huevo no se consigue en 200 o 300 pesos, sino en 500 pesos o más. Una gallina cuesta dos veces más que en otras localidades cercanas. A eso hay que sumarle los estragos económicos de la pandemia. Los pescadores artesanales han aguantado hambre en los tiempos del covid, como les pasó a las y los vendedores de chontaduro, coco o borojó. Mientras tanto, por el puerto entran al país miles de toneladas de pescado de Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay, Perú y Vietnam.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Angélica Mayolo, afirma que la única opción para Buenaventura es frenar la violencia y la inseguridad y propiciar la inversión privada. “Casi 3.500 empresas, en especial del sector de comercio, cerraron sus puertas en Buenaventura en los últimos dos años y el 30 por ciento lo hizo por los problemas de seguridad que afronta esta población”, denuncia.

Y todo el mundo tiene claro que la violencia puede ser el problema más evidente, pero que no es el único ni el más grave. A casi 4 años del paro cívico del 2017 y que tuvo como una de sus banderas asegurar un acueducto digno para el principal puerto del país, muchos barrios de Buenaventura siguen con sed. Los niveles de desempleo son superiores al promedio nacional, y la pobreza mutidimensional duplica la tasa nacional: en la ciudad es del 41 por ciento, frente a una del 19,6% en el país y la del 13,6 por ciento del Valle.

Angélica Mayolo reconoce que los mismos bonaverenses deben asumir la corresponsabilidad para no repetir errores o manejos equivocados y “liderar con el ejemplo y exigir de las autoridades capacidad técnica y eficiencia”. Un mensaje que se explica cuando se revisan los archivos y se encuentra que en los últimos años 4 alcaldes y decenas de funcionarios públicos han terminado enredados en procesos penales por corrupción.

El alcalde Vidal dice que los porteños tienen derecho a superar los 40 años de retraso que cargan frente al promedio del país. Buenaventura, que tiene más de 400 mil habitantes, no tiene universidad (el 48,3 por ciento de sus estudiantes está en el nivel de bajo logro académico) y sigue esperando, como hace décadas, a que terminen la doble calzada de 118 kilómetros desde Buga y la vía de 34 kilómetros entre Mulaló y Loboguerrero. Esa es su apuesta para que les quede algo más de las 21,5 millones de toneladas de carga que mueve cada año y que ascienden a más de 16.000 millones de dólares.

Con este panorama, el representante a la Cámara por comunidades Afrodescendientes, John Arley Murillo, propuso este viernes al Gobierno Nacional la creación de un Comando Conjunto militar y social para Buenaventura.

Los capos mandan desde la cárcel

Este año, la Policía y la Armada reportan un centenar de capturas y la muerte en operaciones de dos delincuentes. Se han decomisado 71 armas de fuego, entre ellos, 14 fusiles, 22 pistolas, 5 subametralladoras, 3 escopetas y 2 lanzagranadas. También, 9 granadas, 9 radios de comunicación y 37 proveedores de diferentes calibres. Y se han decomisado 324 kilos de clorhidrato de cocaína.

Por las capturas de cabecillas, 'La Local' se dividió entre 'Espartanos’ y ‘Shotas’. Según las autoridades, los capos siguen dando órdenes desde la cárcel, pero en los barrios los nombres que se oyen con temor son los de 'Pepo' y Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya o Fidel.

Estas dos bandas vienen atemorizando a los habitantes de Buenaventura. Nuestra tarea: darles captura lo más pronto. Por eso, se ofrecen por cada uno de los cabecillas, hasta 200 millones de pesos”, afirmó el director de la Policía Judicial Dijín, el general Fernando Murillo.

La ruptura entre capos de ‘La Local’ y las peleas mafiosas de siempre coinciden con el aumento de delitos en Buenaventura entre octubre del año pasado y lo que va del 2021. Solo en enero ese crecimiento delictivo fue del 200 por ciento frente al mismo lapso de 2020. El dato no incluye el homicidio, que reportó un aumento del 30 por ciento. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, hubo 78 homicidios en el 2020, y solo en el corte del mes de enero de este año ya se sumaron 23 más. Es decir: 91 % más que los 12 registrados durante el mismo periodo en 2020.

De acuerdo con la Fiscalía, un enfrentamiento diario entre bandas se reportó en las últimas semanas.

Este panorama trae consigo más desplazamientos entre barrios del puerto. Es el caso del líder social Juan Pablo Mina. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde antes de noviembre, él y su familia han sido perseguidos. El pasado 10 de noviembre se vio obligado a salir del barrio Punta Icaco, donde residía, cerca de La Playita. La Comisión informó que lo señalan “falsamente como informante de la Policía de Colombia, debido a las permanentes denuncias que él ha instaurado ante la Fiscalía General de la Nación y ante todas las autoridades para que se adopten medidas que permitan la vida, libertad e integridad de los habitantes de Punta Icaco”.

“A pesar de que Juan Pablo ha denunciado desde hace siete años esta operación armada criminal en Punta Icaco, ninguna medida eficaz se ha adoptado en materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, ni de autoridades competentes para proteger la vida e integridad de Punta Icaco”, advierte la Comisión Intereclesial.

Y no solo quienes se atreven a levantar la voz frente a los violentos son perseguidos. La gente poco denuncia, pero en Buenaventura está tomando fuerza una macabra modalidad de despojo: pequeños barones criminales se apropian de las casas que les gustan, sobre todo en las comunas populares. Resistirse puede ser una opción fatal para muchos.

Pero la gente no solo se está moviendo entre los barrios. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dice que la capital del Valle asiste casi a diario a la llegada de esos desplazados 'gota a gota' que salen con las manos vacías de Buenaventura con tal de salvar la vida de sus familias.

“¡Ninguno de los presidentes que ha asumido el poder le ha dado a Buenaventura lo que puede merecer!”, sentenciaba con la garganta ardiendo Margarita Hurtado, un día caluroso de noviembre de 1964. No era una mañana cualquiera. El grito de la poeta lideraba a un pueblo huérfano que minutos atrás había decretado el primer paro cívico de su historia.

En el listado de peticiones enviado al entonces presidente, Guillermo León Valencia, los pobladores pedían garantizar la vida digna de los ciudadanos, pavimentar las calles, mejorar la educación y generar empleo en la región. “Para nadie es un secreto que Buenaventura es la mayor despensa del Tesoro Nacional y por paradoja, propia de colombianos, la ciudad más abandonada. La urbe se mantiene detenida por carencia de fluido eléctrico; los servicios asistenciales hospitalarios son en la actualidad los más desastrosos que en comarca alguna nuestra pueda existir”, se lee en un artículo escrito por Plutarco Quijano y publicado el 15 de noviembre de 1964 en el diario El Crisol.

Cincuenta y seis años después, el pliego de peticiones solo ha sido ampliado. A las problemáticas históricas del municipio se ha sumado la violencia por el narcotráfico, la falta de inversión social y los estragos causados por los efectos del calentamiento global. “Lo único que le interesa al Estado colombiano es que la carretera esté libre para que los contenedores entren y salgan, pero no les importa la vida de los que aquí habitamos. Eso se refleja en las cifras de pobreza y de desempleo”, dijo el líder social Leonard Rentería en un video del pasado 4 de febrero en el que llama a los jóvenes a “tomarse con arte” las calles, como protesta ante la ola de homicidios que desde hace un mes aterroriza a los habitantes del puerto.

El movimiento de protesta juvenil no tiene precedentes en la historia reciente del Distrito. En menos de una semana logró congregar a miles de personas en manifestaciones en Buenaventura y Cali; sacó de las sombras de Twitter la etiqueta #SOSBuenaventura y movió los ojos del país hacía la alarmante realidad del municipio.

“Estamos pidiendo a gritos más inversión social y menos guerra”, dice Bairon Yesid Castro, un estudiante universitario que hace parte de organizaciones sociales desde los 15 años y que ha liderado con ahínco las últimas jornadas de protesta. “No es posible que nosotros los jóvenes seamos víctimas y victimarios de este conflicto armado. Es demasiado doloroso ver a un amigo que se crio contigo ser violentado de forma macabra en las calles de tu barrio”, sigue.

El estruendo de las balas apagó desde hace un mes el croar nocturno de las ranas y sumergió a los jóvenes de la ciudad en una profunda desesperanza. La visita del ministro del Interior, Daniel Palacios, y el anuncio de la llegada de 1.200 de la Fuerza Pública para el patrullaje de la ciudad no han sido suficientes para acallar el canto de una generación que pide al Estado soluciones estructurales para las problemáticas de Buenaventura.

“Nosotros no le tenemos tanto miedo al covid porque quien no nos deja respirar es la violencia, el racismo estructural y los problemas que enfrentamos a diario los jóvenes en la ciudad. Si en el interior del país se preocupan por las vacunas, aquí nos alarma que cobren ‘vacunas’ a la señora que vende pescados”, afirmó Yessid minutos antes de unirse a la cadena humana de 21 kilómetros de largo que cubrió de blanco este miércoles la principal avenida de la ciudad.

Y es que, después de más de medio siglo de luchas, el panorama de Buenaventura sigue siendo alarmante. Según datos del Dane (2018), la deserción escolar de jóvenes entre los 15 y 19 años llega al 40 % y solo dos de cada diez estudiantes que culminan el bachillerato alcanza un nivel técnico, tecnológico o universitario. Líderes comunitarios han denunciado que los niños desescolarizados abandonan el colegio para buscar trabajo y son reclutados por grupos armados que los emplean como informantes, cobradores de extorsiones, y con el tiempo terminan ejecutando torturas, homicidios y descuartizamientos.

“La tasa de desempleo es del 31,6 % y el 73,5 % de la ciudad vive de la informalidad. No es extraño que muchos terminen cayendo en las garras de los grupos armados que les ofrecen salarios de 500.000 pesos”, advierte Newball Segura, otro de los líderes juveniles que no está dispuesto a acallar su grito de protesta. Según él, “los jóvenes despertaron” y “el movimiento va para largo porque no vamos a seguir normalizando una guerra importada en la que somos víctimas y victimarios”.

Ante los reclamos de los jóvenes, la consejera para las Regiones, Ana María Palau, informó que en el Distrito se están ejecutando más de seis billones de pesos en proyectos de infraestructura vial, educativa, deportes y saneamiento básico que se suman a los 45 acuerdos del Paro del Cívico de 2017 que ya han sido cumplidos.

El poder de las redes

No hay registro reciente de otro movimiento de protesta juvenil bonaverense que haya activado por redes sociales lo que este grupo de estudiantes logró en una semana. Medidores de tendencias digitales arrojan que la ‘tuiteratón’ del 4 de febrero, que denunció los desplazamientos internos en el barrio Juan XXIII, tuvo un alcance de más de dos millones de s, aumentó en un 350 por ciento las búsquedas en Google de noticias sobre el olvidado Distrito y propicio en pocos días la llegada de una delegación de alto Gobierno encabezada por el ministro Palacios.

“El #SOSBuenaventura lo empezamos a difundir desde el pasado 2 de enero. No podíamos quedarnos callados después de los seis asesinatos registrados el 30 de diciembre. Aquí vino el ministro Holmes Trujillo (q. e. p. d.), participó en un consejo de seguridad y se fue. Los crímenes se quedaron”, afirma Yessid con cierto desazón. En sus palabras, el movimiento juvenil, que “está dando cátedra de movilización social pacífica”, tampoco se ciñe a las filas de ningún partido político colombiano.

El “despertar social” comenzó hace más de seis años. El hallazgo de las ‘casas de pique’ en donde torturaban y descuartizaban los cuerpos de decenas de personas, sumado al recrudecimiento de las muertes violentas y las desapariciones, llevó a los jóvenes a marchar por “el entierro de la violencia en la ciudad”. Luego, en 2017, se convirtieron en uno de los ejes movilizadores del Paro Cívico que detuvo las actividades del puerto durante 22 días e hicieron presión para que no se levantara la mesa de negociación con el Gobierno. Al año siguiente, la misma colectividad participó en el Paro Nacional de Estudiantes y logró consolidar por primera vez un espacio para la vocería de los estudiantes afro de la región de Pacífico.

Para Germán Gómez, sociólogo y experto en temas de cultura ciudadana, las redes han jugado un papel fundamental para el movimiento de resistencia bonaverense, porque con ellas se pueden “visibilizar contextos muy afectados por la exclusión social, económica y cultural, y se ayuda a la generación de alianzas estratégicas que son aprovechadas por los grupos juveniles que quieren mostrar otras perspectivas sobre lo que está ocurriendo en su comunidad”.

La convocatoria no ha sido fácil. Cuatro líderes juveniles consultados manifestaron que las complejas realidades que atraviesan los jóvenes les impiden acercarse a estos espacios porque “hay que buscar dinero para llevar comida a la casa todos los días”.

Los resultados regulares del alcalde Víctor Vidal, que ganó las elecciones de hace dos años con las banderas del Paro Cívico del 2017, también ha profundizado la sensación de desesperanza en la ciudad: “Organizamos algunos plantones y varias personas no entendían que lo hacíamos porque estamos buscando el bien para todos. Muchos creen que nada va a cambiar”, afirma Lorna Alomía, una joven fotógrafa que ha registrado con su cámara las innovadoras manifestaciones artísticas que hoy le están dando la vuelta a América Latina.

Leonard Rentería, quien se hizo famoso en el 2016 tras cuestionar al expresidente Álvaro Uribe en una reunión en la que se debatieron los motivos para votar por el 'No' en el plebiscito por la paz, asegura por su parte que “ganarle los jóvenes a la violencia no es fácil y más cuando se trabaja con las uñas. Por eso nunca hemos desistido. Vamos a seguir resistiendo por los que se han ido, por los que están y los que vendrán. ¡Buenaventura no se rinde!”.

La música que salva vidas

El arte les salvó la vida a Matías Letter y a Leonard Rentería. Los dos raperos bonaverenses que, siguiendo el legado de Margarita Hurtado, iluminan con sus rimas el camino de la esperanza durante las protestas, afirman que desde muy niños la música se convirtió en su arma contra la guerra.

“Recibí ofertas para entrar a bandas criminales cuando era muy niño y la música fue lo que siempre me mantuvo alejado de ese mundo. Hoy los amigos del barrio que tomaron ese rumbo están muertos o presos”, confiesa Matías, quien también es compositor de Señor Vidal, la canción en la que cuestiona la presunta pasividad del mandatario local para enfrentar las problemáticas que hoy flagelan a Buenaventura, entre ellas, la falta de inversión en espacio para la cultura.

Ante los reclamos de los jóvenes, el alcalde Vidal ha manifestado que se encuentra haciendo todo lo que está a su alcance para fortalecer la seguridad de la ciudad y librarse de una “guerra que fue llevada en el afán de controlar el territorio y los negocios ilícitos que allí se dan”. Sin embargo, el mandatario local le exigió soluciones firmes al Estado, pues considera, como decía el fallecido obispo Héctor Epalza Quintero, que “la solución de los problemas estructurales del pueblo bonaverense sobrepasan las capacidades de sus alcaldes”.

El arte no pudo salvar de las balas a Deiner Castillo. El cantante de 20 años fue asesinado el pasado lunes tras cruzar en su moto por una presunta ‘frontera invisible’ ubicada en el sector de La Galería, en el barrio Bellavista. La indignación por el crimen llevó a los bonaverenses a protestar contra la violencia, a ritmo de tambores, rap y bailes cadenciosos.

Germán Gómez explica que estas formas de protesta se deberían a que históricamente en las comunidades marginalizadas ha sido el “arte el que ha permitido canalizar adecuadamente las necesidades que las personas tienen de manifestar sus malestares y plantear soluciones alternativas. Así, los manifestantes también buscan que no los descalifiquen como ‘vándalos’, que es el juego que usualmente se hace desde el establecimiento para distraer el foco de la protesta”.

El White es otro de los artistas urbanos que se ha escapado de los estudios de grabación para unirse a las histriónicas manifestaciones. En la canción Desahogo, el compositor cuestiona la espiral de violencia a la que son sometidos los jóvenes de su ciudad y ratifica al arte como artefacto transformador de realidades: “También fui un joven que no tenía un norte y me sentía muy agobiado con lo que pasa en la sociedad actual. La música fue una escapatoria para eso, sé que por medio de la música muchos jóvenes pueden cambiar su destino”.

En los próximos días, El White y Matías Letter estrenarán canciones con las que buscan amplificar el grito de protesta de una Buenaventura que hoy más que nunca se resiste a seguir siendo subyugada por una guerra importada.

*Bonaverense. Experiodista de El Tiempo. Actualmente es becario de la OEA en Brasil.