Nueva espiral de violencia en la región de Catatumbo

Las críticas de la implementación del acuerdo de paz en el Catatumbo (Norte de Santander) pasan por múltiples escenarios: la persistencia del narcotráfico, llos atentados y amenazas contra excombatientes; el diálogo roto entre Estado y las comunidades y la endémica falta de inversión social y oportunidades en la legalidad que caracteriza a esta zona de frontera.

Tras el acuerdo de paz se originaron nuevas dinámicas de violencia. En el 2016 había presencia del frente 33 de las Farc y hoy hay tres grupos de disidencias: segunda Marquetalia, frente 33 y frente 41.

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Además, se presentó un proceso de expansión y de control territorial del Eln en los últimos 5 años, lo que ha representado el fortalecimiento de las estructuras urbanas en el área metropolitana de Cúcuta, en donde han realizado atentados terroristas.

Y también hay presencia de ‘Los Pelusos’ y de 'enviados' de dos carteles mexicanos en el territorio (Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa), que han terminado por desbordar la violencia en el Catatumbo.

Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, asegura que la firma del acuerdo de paz posibilitó nuevos escenarios para la dignificación de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, le preocupa el aumento de cultivos de coca, que se centran principalmente en Tibú, Sardinata, El Tarra y Teorama.

“Estamos viviendo una transición generacional hacia una nueva espiral de violencia, se está dejando atrás la violencia política y ahora tenemos una violencia por recursos o por portafolio de economías ilegales”, dice.

Para Wilfredo Cañizares, líder de la Fundación Progresar, estas situaciones fueron advertidas a las autoridades. La salida de los de las Farc generó una recomposición de actores ilegales y una reconfiguración criminal del territorio.

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“La gente está muy asustada con la expansión del clan del Golfo, de las tres disidencias de las Farc. Otros sectores están preocupados con la expansión de los cultivos de coca y el desbordamiento del narcotráfico”, afirma.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar, en los últimos 20 meses han sido asesinados 22 líderes sociales en el departamento, y en los últimos 45 días otros 21 líderes tuvieron que salir de sus zonas por amenazas.

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Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), precisa que desde esta subregión se aportó en la consolidación del acuerdo final de paz, especialmente en temas de sustitución de cultivos y la reforma rural integral.

“Muchos creían que la dejación de armas iba a ser un escenario que iba a cambiar el territorio. Pero lo que tuvimos fue cambios en la violencia. Existía una guerra antes y hoy tenemos otra”, dice.

En esta zona del país se han desarrollado dos acuerdos voluntarios de sustitución en Sardinata y Tibú, y esto permitió el éxito en acuerdos individuales con 3 mil familias. Este proceso no ha tenido continuidad.

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“Los anuncios de glifosato han generado temor porque los campesinos no quieren repetir lo ocurrido hace dos décadas. En infraestructura vial no han llegado obras de transformación pequeñas. Todavía hay esa deuda histórica”, agrega Maldonado.

En medio de las dificultades, las organizaciones y autoridades destacan el compromiso de los excombatientes para mantenerse dentro del proceso y no volver a las armas.

Lucy Soto, excombatiente de las Farc, advierte que las necesidades no han sido atendidas de manera oportuna y que, a pesar de que hay avances en proyectos productivos, estos no han culminado.

“Esto es un reto y el seguir persistiendo y resistiendo a pesar de las muertes, la persecución y el incumplimiento, demuestra nuestra seriedad y actitud de apostarle a la paz. Hemos ganado muchas cosas que no son tangibles, pero significan mucho para nosotros”, afirma.

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Soto reconoce que en educación se han presentado avances que no solo han beneficiado a los excombatientes sino que se han convertido en una oportunidad para la población campesina.

“Se han desarrollado planes de estudio con reincorporados donde finalmente se vincularon gente de la comunidad que ni en sueños pensaron tener un diploma de bachiller y hoy lo tienen después de mucho esfuerzo”, señala.

Por su parte, Andrés Llanos, secretario de Víctimas y Posconflicto de Norte de Santander, explica que fortalecer el proceso de paz ha permitido brindar garantías constitucionales de participación a más de 350.000 víctimas.

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“El Catatumbo es un hermoso territorio de cuidados solidarios y resilientes que han sido víctimas de los errores y horrores del conflicto armado, como también de diferentes violencias específicas, razón por la cual considero debemos continuar trabajando para pasar la página de la violencia a la página de la esperanza y las oportunidades. Es justo y necesario brindar a sus habitantes el derecho constitucional a vivir en paz”, señala.

Asimismo, durante estos cinco años el Catatumbo ha tenido avances en materia de electrificación y fortalecimientos de la red hospitalaria y el sistema de educación.

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De acuerdo con cifras entregadas por la Gobernación, el proceso de electrificación rural por medio de redes eléctricas ha beneficiado a municipios como El Tarra, El Carmen, Tibú Sardinata, San Calixto, con inversiones cercanas a los 28 billones de pesos. Y el a internet se ha mejorado gracias a los más de 575 centros digitales en escuelas rurales y corregimientos.

En vías, se sigue el avance en la construcción del anillo vial para la paz, que permitirá la conectividad vial entre Hacarí, San Calixto y El Tarra.

Pero todavía falta atención en otros sectores, como educación y salud.

La comunidad catatumbera exige una pronta solución al tema de la planta de docentes, el envío de personal médico y la dotación a puestos de salud, que se han construido pero ante la falta de recursos no están en funcionamiento.

ANDRÉS CARVAJAL*

Para EL TIEMPO

Cúcuta