En Antioquia y Chocó, la guerra y el desplazamiento nunca desaparecieron

Lo dijo el padre Francisco de Roux, por allá en 2018: “No hay paz en Colombia si no hay paz en Antioquia”. El sacerdote, quien preside la Comisión de la Verdad y es una de las personas que ha trabajado más de cerca con las víctimas en el país, resaltó con esa frase la importancia de este departamento —históricamente el más golpeado por la guerra— para la no repetición el conflicto, el esclarecimiento y la reconciliación.

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Pero lejos de un escenario de pacificación territorial, los antioqueños y sus vecinos del Chocó y algunas zonas de Córdoba (las tierras antes dominadas por el Bloque Noroccidental de las Farc) han enfrentado una ola de violencia y confrontación armada igual o peor que la de antes de la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016. 

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“Después de cinco años sigue habiendo un escenario de conflictividad y de diversidad de actores armados. El narcotráfico sigue siendo una economía de guerra que financia estas situaciones y está llevando ingresos a los territorios más vulnerables de las zonas rurales y a los territorios urbanos”, dice el investigador Carlos Andrés Zapata, quien coordina el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Los registros del Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP muestran que desde diciembre de 2016 hasta noviembre de 2021, Antioquia continúa estando a la cabeza de los territorios más afectados.

Durante ese periodo, en el departamento se presentaron 41 masacres, 107 eventos de desplazamiento forzado, 51 casos de destrucción al medio ambiente y 315 amenazas de muerte. En todos estos hechos violentos, Antioquia ocupa el lamentable primer lugar. Y en homicidios de excombatientes de las Farc (con 35 casos) y líderes sociales (con 128), también aparece entre las zonas rojas.

“Los acuerdos de paz se hicieron, pero las muertes y amenazas colectivas continúan. Las garantías del Estado no existen, el asesinato de líderes sigue, el restablecimiento de los derechos de las víctimas es muy bajo y de los PDET y la reforma rural integral no se ha visto casi nada”, cuenta Birleida Ballesteros Bermúdez, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Apartadó y representante de derechos humanos en el departamento.

Zapata, del IPC, asegura que las subregiones más afectadas en el posacuerdo son el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste, en estas dos últimas, con una participación de disidencias de las Farc de los frentes 4, 18, 36, que se han reorganizado. En esa zona, la pelea por ganar espacios se ha dado sobre todo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como ‘clan del Golfo.

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“Pero también hay una dinámica de conflictividades urbanas preocupante, sobre todo en el Valle de Aburrá, asociadas al microtráfico, que afecta mucho ala oriente y suroeste antioqueño. El occidente, en municipios como Frontino, Dabeiba, Urrao y Murindó tienen la particularidad de que el escenario de confrontación se está dando en territorio étnico, sobre todo resguardos de comunidades indígenas y consejos comunitarios afro”, explica el investigador.

En el mapa de la Defensoría del Pueblo, Antioquia también aparece como el departamento más expuesto a ruesgos por el conflicto, con 31 alertas tempranas.

Le sigue Chocó, el departamento con el que limita al occidente, con 28 de estas advertencias. Allí, dice la Defensoría, “la mayoría de las subregiones están en disputas del dominio territorial entre las AGC y el Eln’ ”.

Para Zapata, uno de los factores centrales en la persistencia del conflicto en la zona de Antioquia y Chocó son las rutas del narcotráfico: “La droga que se produce en Antioquia, en el Nudo de Paramillo, sale o por el golfo de Urabá o por el pacífico norte, así que todo el occidente y el río Atrato se convierten en autopistas de la ilegalidad, incluso de otras mercancías ilegales”.

Un sacerdote que pidió proteger su identidad explicó que en medio de la ofensiva de las AGC contra el Eln se ha intensificado la confrontación en la región, dejando a la población civil en riesgo de desplazamiento o confinamiento.

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Solo entre 2016 y 2020, 54.284 habitantes de Chocó fueron desplazados, según la Unidad para las Víctimas. En lo corrido del año, la entidad tiene registros de al menos 2.116 personas que han tenido que abandonar sus hogares a la fuerza.

El panorama por los confinamientos también tiene encendidas las alarmas. Según la Unidad, desde 2016 hasta la fecha 59.545 chocoanos han tenido que soportar estos eventos. De ellos, 8.202 durante lo que va del 2021.

Frente a estas situaciones la Iglesia católica, organizaciones sociales y étnico-territoriales y la comunidad internacional han adelantado una serie de misiones humanitarias a lo largo del año, en municipios chocoanos y del occidente de Antioquia, y el balance de estas visitas muestra la grave crisis que se vive en estos territorios.

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Entre los fenómenos documentados está el control territorial de los grupos armados ilegales, asesinatos selectivos, limitación de la movilidad y la productividad, violación de la autonomía territorial de las autoridades étnicas, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, violencia sexual, reclutamiento de niños, instalación de minas antipersona y enfrentamiento entre actores armados.

“El Chocó tiene zonas selváticas o de muy difícil , que históricamente han tenido control de los grupos ilegales y eso continuó después de la firma del acuerdo de paz. Acá no se ha sentido el impacto del acuerdo, y lo que se necesita es que haya una presencia integral, que lo recursos se utilicen debidamente para la salud, la educación, la recreación, el deporte, porque acá en el Chocó lo que se constata es que Colombia es más territorio que Estado”, sentenció el el sacerdote.