5 años después del Acuerdo con Farc, la paz aún no llega a varias regiones

Luego de 50 años de violencia del conflicto armado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc-Ep, en varias regiones el país se han visto surgir procesos de reconciliación a través del desarrollo productivo entre diversos actores.

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Aunque la implementación del acuerdo de paz ha tenido luces y sombras, en la actualidad, según cifras de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, 13.608 excombatientes de las antiguas Farc se encuentran acreditados. De estos, 45% participa en proyectos productivos, un 30% vive en la zona urbana y un 60% en zonas rurales.

Según cifras de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, en su último informe trimestral del 26 de junio al 24 de septiembre, en el país han sido aprobados 99 proyectos productivos colectivos de los cuales 84 han recibido fondos económicos. Estos proyectos benefician a 3.478 excombatientes de la antigua guerrilla y de ellas, 966 son mujeres.

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Sobre los proyectos productivos individuales, han sido aprobados 3.190 iniciativas, de las cuales se benefician 3.849 excombatientes, entre ellas, 881 mujeres. En la actualidad, existen 155 cooperativas de excombatientes alrededor del país. 31 de ellas son lideradas por mujeres y el 80% de las cooperativas tienen su operación de zona rurales remotas.

La ONU asegura que, a la fecha, el 54% de los excombatientes se benefician de proyectos productivos colectivos o individuales y cerca del 59% de las mujeres excombatientes, forman parte de las iniciativas productivas.

En total, el Gobierno ha comprado terrenos para 9 de los 24 antiguos ETCR. En este periodo, compró tierras para 2 ETCR en La Guajira y Caquetá. Y el 79% de los proyectos productos de carácter agrícola, se implementan en tierras arrendadas.

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Nació en la vereda Santa Lucía, en Ituango, Antioquia, y es elaborado por excombatientes, campesinos y víctimas del conflicto. Café Paramillo tiene envíos a nivel nacional. Café Sabor La Esperanza es producido en las montañas del norte del Cauca y también es producido por excombatientes de la antigua guerrilla.

Este taller nació y produce su mercancía en las Montañas de Anorí, Antioquia. Confecciones la montaña elabora ropa, morrales y rios.

La Roja nació en el municipio de Icononzo, Tolima. Además, tienen una planta de producción en Bogotá. La Trocha también es producida en Bogotá y tiene servicio de envíos a nivel nacional.

Es una marca de ropa diseñada y elaborada por excombatientes en el municipio de Icononzo, Tolima.

El caso de la región Caribe es una ejemplo de cómo 661 excombatientes de las Farc, 80 de la comunidad y 16 víctimas del conflicto armado, se han unido en 19 formas asociativas con el objetivo de impulsar sus proyectos productivos rurales.

Asimismo, se han realizado jornadas de “Integración Social, Convivencia y Reconciliación”, que han sido lideradas por firmantes del acuerdo de paz y víctimas del conflicto armado.

Dicho proceso pero permitió que, reincorporados de las antiguar Farc, víctimas, líderes, fuerza pública, iglesia y demás actores dialogaran, como fue el caso de Chalán, en corazón de los Montes de María, una de las zonas más violentas de Colombia durante la guerra, donde “tras la devastadora noticia del asesinato del padre José Luis Cárdenas Hernández, un 17 de octubre de 2002, a sólo 10 pasos de la parroquia Inmaculada Concepción de María de Chalán, y hechos como el -Burro Bomba-, que marcaron un antes y un después para los chalaneros, pues el Ejército ingresó con fuerza al municipio y alejó a los grupos armados”, así lo expresó Rocío Huertas Blanco, amiga del sacerdote.

Eugenia Mier, coordinadora del proyecto que adelanta la Fundación Evolución Caribe y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, expresó que “este ha sido un ejercicio valioso, que ha congregado a más de 430 reincorporados de las FARC y a más de 3.000 personas entre víctimas, comunidad, y entidades público - privadas como ARN, Ecomun, Misión de Verificación ONU, Alto Comisionado para la Paz, ART, JEP, Procuraduría, Juntas de Acciones Comunales, Universidades del SINÚ y de Caldas, gobernaciones de Bolívar y Sucre, alcaldías municipales, Cámara de Comercio de Valledupar, instituciones educativas, fuerza pública, organizaciones de base comunitaria como plataformas juveniles, entre otras entidades.

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En total participaron activamente más de 200 aliados, quienes además trabajaron en la organización y coordinación de este importante proceso de integración social”.

Wilman Aldana, excombatientes de las Farc y representante legal de la Cooperativa Cooperpazce, ubicada en el AETCR del César, durante el evento pidió perdón públicamente a los líderes comunales y a los habitantes del corregimiento de San José de Oriente, perteneciente al municipio de La paz, por el daño causado e invitó a seguir trabajando juntos, para continuar gestionando desarrollo en esta zona del país.

Edilber José Ramírez Yépez, miembro de la Cooperativa Multiactiva Productores de Chalán Gestores de Paz Montes de María – Coopchagephamm, agregó que “Como personas en proceso de reincorporación ha sido difícil el proceso debido a los estigmas, prejuicios y estereotipos, pero hemos ido avanzando con estos encuentros, temas comunitarios, ambientales y productivo, que nos ha permitido encontrarnos, aunque no ha permitido reconciliarnos en su totalidad, porque la paz no se hace de un día para otro, pero si nos ha permitirnos confrontarlos y llevar estos espacios de conversión”.

El último de 10 informes entregados por la Secretaría Técnica (ST) del Componente Internacional de Verificación del acuerdo de paz, luego de 5 años de la firma del texto que dio fin a la guerra con la extinta guerrilla, dejó ver los puntos fuertes y débiles del proceso de paz.

La investigación, producida por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), destacó varios de los logros alcanzados por las partes, pero llamó a “acelerar los compromisos rezagados”.

Además, asegura que “a este ritmo de ejecución, la implementación tomaría un total de 26 años, es decir, 11 años más de lo previsto”. La investigación tuvo en cuenta tres hechos que han tenido efecto en la implementación del acuerdo: primero, el cambio de gobierno en 2018 y "la asunción del partido político que se había opuesto abiertamente a la firma del acuerdo"; segundo, la pandemia por covid-19; y tercero, el paro nacional convocado en abril de este año.

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En este punto la ST encontró que el Fondo de Tierras tiene menos de la mitad de los tres millones de hectáreas previstos en el acuerdo de paz, y resaltó que en 52 meses solo se han entregado el 7,8 por ciento. A este paso, dice el documento, “en los 12 años previstos de duración del fondo solo se distribuirá el 21,7 por ciento de lo pactado”.

En relación con el compromiso del Catastro Multipropósito, se resalta su inicio y la actualización de 47 municipios entre 2017 y 2020 y la priorización de otros 143, de los cuales 74 son municipios de los PDET.

Sin embargo, dice el informe, solamente en cuatro municipios PDET (Segovia, Guapi, La Jagua de Ibirico y Ovejas) han realizado el catastro y el área total representa el 5,4% del total. "Así, aún se está lejos de las metas establecidas. A juicio de la ST es necesario acelerar la implementación del catastro, por lo menos en los 143 municipios priorizados (74 de ellos PDET) y buscar disminuir la alta dependencia de recursos de la banca multilateral y de la cooperación internacional", señala el documento.

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Respecto al segundo punto acordado en La Habana –participación política–, el informe destacó como principales logros la promulgación del Estatuto de la Oposición, y la aprobación de las circunscripciones de paz en el Congreso, pero llamó la atención sobre las demoras para alcanzar estos objetivos y las dudas que aún quedan sobre cómo funcionarán.

En general, y al igual que en informes previos, la ST advirtió "pocos avances" en el punto 2, y puso de relieve que, aunque en el acuerdo se definieron instancias para la implementación, en la actual presidencia se crearon "espacios e instancias paralelas por parte del Gobierno Nacional, las cuales se han enfocado en los mismos temas con visiones diferentes a lo acordado y con poca participación de la sociedad civil".

Sobre el fin del conflicto, la Secretaría Técnica destacó la terminación definitiva de la confrontación con las Farc, la entrega de 8.994 armas que tenían en su poder, la construcción de los espacios para la reincorporación de exguerrilleros y las garantías que ha brindado el Gobierno en ese proceso.

Entre esas, destacó la renta básica, que aún continúa entregándose a los excombatientes que están en la ruta de reincorporación económica y social; la asignación única de normalización; la afiliación a seguridad social; y la adopción de una serie de programas sociales en materia

de salud y educación.

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No obstante, recordó que hay compromisos pendientes, como finalizar la entrega de bienes de las Farc, la creación de un monumento en Cuba y, sobre todo, garantizar la protección de los excombatientes, que ya registran más de 290 asesinatos de sus .

"No garantizar la protección de los excombatientes impacta la

implementación del acuerdo final y representa un riesgo para la consolidación del tránsito a la vida civil ante la posibilidad de que puedan desertar del proceso o prefieran regresar a la clandestinidad", dice el documento.

En cuanto al punto cuatro, que plantea la solución al problema de las drogas ilícitas, destacó el cumplimiento del 98 por ciento de las familias vinculadas al Pnis, que sustituyeron voluntariamente sus cultivos de coca, pero criticó las demoras de más de tres años en algunos compromisos que no tienen avances significativos.

También señaló que no se conocen avances respecto a la creación e implementación de un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas.

"Dicho compromiso, debía ser cumplido en 2019 con la expedición del Acto istrativo de creación del Sistema, sin embargo, el Proyecto de Ley presentado en 2019 para este fin, fue archivado", advierte la ST.

Respecto al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el informe destacó el modelo de justicia transicional adoptado por la JEP y sus avances en los macrocasos, pero llamó a presentar decisiones de fondo, sentencias y sanciones.

Sobre la Comisión de la Verdad, el estudio destacó la construcción y desarrollo de un proceso metodológico y social para el esclarecimiento de la verdad y la realización de acciones tendientes al reconocimiento individual y colectivo de responsabilidades por parte de actores del conflicto, que quedará expuesto en el informe final de la entidad, que se conocerá a mediados del 2022 y revelará los hallazgos y las recomendaciones para no repetir la guerra.

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Eso sí, la ST expresó la importancia de evitar "la instrumentalización de los resultados del informe en el contexto electoral o para alimentar el clima de violencia a la conveniencia de los diversos actores inmersos en ella".

Sobre la labor de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, el informe reconoció la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda, pero recomendó "la pronta operativización" del mismo, que permita la identificación de actividades, cronogramas, responsables y recursos, la ampliación del número y el alcance de nuevos planes.

Por último, sobre el punto 6 del acuerdo, el informe resaltó el trabajo de Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación y la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, e hizo un llamado para garantizar la financiación de la implementación y así evitar los retrasos que se prevén.

Sobre los compromisos del Ejecutivo, dijo que "de los 76 que deben estar cumplidos para el cuatrienio 2019-2022, el Gobierno de Iván Duque ya cumplió 9 y el resto ya están en planeación para su finalización".

REDACCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA

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